De nuevo, la Procuraduría General de la Nación le expresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su deseo de que se abra un macrocaso por violencia sexual y de género durante el conflicto armado.

El Ministerio Público ya lo había hecho en agosto del año pasado, y en esta ocasión abogó para que se tenga en cuenta que desde hace 11 meses la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reconoció que las violencias por prejuicio “fueron centrales para los proyectos de dominación y no se ha priorizado aún el macrocaso 11”.

De acuerdo al análisis de la Procuraduría, el hecho de que varios actos de violencia no hayan sido priorizados ni seleccionados por parte de la JEP pese a su gravedad, ha llevado a que se exacerbe la invisibilidad del fenómeno.

La nueva solicitud que salió a flote este 1 de diciembre, la hicieron los cuatro procuradores delegados, quienes firmaron una carta enfatizando en que además del acceso carnal o violación, durante el conflicto armado hubo otros hechos repudiables contra niñas, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, los cuales no están siendo investigados.


“Todos los actores armados, legales e ilegales, han cometido diversas formas de violencia, motivados por la discriminación basada en el género y originadas en la sexualidad de las víctimas”, dice uno de los apartes del documento enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad.

En cuanto al tratamiento que debe dársele, los representantes del Ministerio Público insistieron en que sea diferencial, enfocándose en las necesidades de víctimas mujeres, niñas y niños, quienes han sufrido “de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas”.

Uno de los últimos macrocasos que abrió la JEP fue el de violencia contra pueblos étnicos del país, el cual, según el entonces presidente de la corporación, magistrado Eduardo Cifuentes, explicó como una búsqueda de justicia para los distintos pueblos étnicos golpeados por la violencia.

FUENTE: EL TIEMPO