Masacres, desplazamientos, confinamientos impuestos por grupos armados, homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos y asesinatos de excombatientes. Las listas y las cifras son insuficientes para reflejar plenamente lo que para nadie es un secreto: la violencia empeoró en los últimos dos años en varios departamentos del país, no solo en magnitud sino en crudeza.

En julio, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó su informe “Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones al Nuevo Gobierno”, en el que identificó que 156 municipios están afectados por graves violaciones de derechos humanos.

La expansión de la presencia de grupos armados diversos y del control social violento que ejercen sobre las poblaciones generan una situación de emergencia que requiere ser atendida con prioridad por el nuevo Gobierno.

La debilidad del estado de derecho y la falta de alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades, así como la ausencia de garantías a los derechos económicos, sociales y culturales –como el trabajo, la salud, el acceso al agua y la educación– contribuyen a esta situación y facilitan la implantación de economías ilícitas. Las alegaciones de connivencia, la capacidad de los grupos de amenazar, presionar u cooptar autoridades, y la implementación de una política de seguridad enfocada en dar de baja y capturar cabecillas y no en desmantelar el fenómeno criminal y proteger a las poblaciones, favorecieron la expansión del problema.

Ante esta realidad abrumadora, la priorización del proyecto de Paz Total es una apuesta acertada del nuevo Gobierno que, además de buscar reducir la violencia en los territorios a través del diálogo con los grupos, implementa importantes cambios de enfoque en la política de seguridad del Estado y se comprometió con el cumplimiento firme del Acuerdo de Paz. Los tres elementos son esenciales para avanzar con una paz territorial, pero lo más urgente es la implementación del Acuerdo.

El Acuerdo de Paz prevé que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente, diseñe y ejecute una política pública y criminal para el desmantelamiento de cualquier organización o conductas “que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Es importante que el presidente convoque la Comisión y que adopte e implemente, sin tardar, una política de desmantelamiento. Esto lo distinguiría de los anteriores gobiernos que descuidaron esa tarea prevista en el Acuerdo, con las consecuencias que viven hoy los territorios. Esta iniciativa reforzaría la propuesta de Paz Total.

Las buenas prácticas internacionales en el área de desmantelamiento hacen énfasis en que el esfuerzo debe centrarse en desmantelar el fenómeno criminal en sí, es decir, en abordar los factores que propician la aparición del fenómeno criminal y permiten su continuidad independientemente de que se trate de un grupo armado u otro. Dentro de las buenas prácticas internacionales, se identifican cinco áreas claves de intervención: la inversión social, el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la afectación del patrimonio criminal de los grupos y el sometimiento a la justicia.

El modelo de seguridad humana impulsado por el Gobierno, que tiene un enfoque integral, preventivo y participativo, sugiere además que sería importante que las comunidades afectadas participen en la construcción e implementación de esta política.

En el marco de la Cumbre Nacional Humanitaria, que reúne a actores civiles de 14 territorios que buscan la paz, los territorios han planteado la urgencia de desmantelar las estructuras generadoras de violencia y de depurar a quienes colaborarían con ellas desde la institucionalidad. Plantean la urgencia de implementar la reforma rural integral para resolver el problema de tenencia y acceso a la tierra; de la continuación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la necesidad de una política de drogas basada en la sustitución de cultivos y del cumplimiento del capítulo étnico.

En este sentido, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad podría invitar a la Cumbre Nacional Humanitaria a participar como voz experta en sus sesiones a nivel nacional y a los procesos territoriales en sus reuniones en regiones. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ofrece su experticia y acompañamiento al Estado y a la sociedad civil para la construcción de soluciones duraderas que permitan la garantía y protección de los derechos humanos de todas las colombianas y los colombianos en el país, incluyendo la política de desmantelamiento.

FUENTE: EL ESPECTADOR