Por fin, después de mucha insistencia por parte de organizaciones de la sociedad civil, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió hacer historia abriendo el macrocaso 11, que investigará la “violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas durante el conflicto armado”. En un par de editoriales habíamos comentado que la renuencia de los tribunales de paz a utilizar el enfoque diferencial estaba llevando a la impunidad y dejando incompleto el relato sobre el conflicto armado que se estaba construyendo. En buena hora Eduardo Cifuentes, magistrado presidente de la JEP, anunció que el macrocaso ya está en etapa de concentración y se llevará a cabo. Ahora el reto es superar las dificultades particulares que este tipo de crímenes tienen.

Como explicó hace una semana la magistrada Bilkis Izquierdo, “la sala está en las etapas finales de concentración del macrocaso 08, sobre los graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado; el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de los pueblos y territorios étnicos, y el macrocaso 11, sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el género”. Adicionalmente, se anunció la apertura del macrocaso 10, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las Farc. Todos son parte del engranaje estructural que los tribunales de paz están construyendo para aportar a la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

Nos concentramos en el macrocaso 11 porque por un momento parecía que el enfoque de género no iba a tener su investigación especializada. Se argumentaba, equivocadamente, que bastaba con aplicar un enfoque diferencial al momento de investigar todos los casos. La realidad es que sin la mirada específica en las víctimas mujeres y las personas LGBTI, muchas de las dinámicas del conflicto quedarían ocultas. Lo muestra el informe entregado por la Comisión de la Verdad esta semana, que encontró 4.596 víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado. Lo que han dicho las organizaciones es que seguramente estamos ante un subregistro, pues en medio de la neblina de la guerra las poblaciones más vulnerables son también las más afectadas sin que la atención se centre sobre ellas.

Un gran reto que tiene ahora la JEP es reconocer que en la justicia ordinaria hay una histórica impunidad en los casos relacionados con la violencia de género. Asimismo, la ausencia de material probatorio hace que el tribunal de paz tenga que hacer más investigación y elaborar estrategias para reconstruir lo ocurrido. Es clave, porque un esfuerzo de este estilo no se ha llevado a cabo en Colombia y el precedente que siente la JEP servirá para combatir la impunidad a futuro. Por ejemplo, será interesante ver cómo se aplican normativas internacionales como el Estatuto de Roma para el contexto de discriminación contra mujeres y personas LGBTI.

Este es un triunfo del movimiento social de mujeres y personas LGBTI. Cinco Claves, unión de cinco organizaciones, expresó que el macrocaso “es una respuesta adecuada para la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTI”. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia dijo que “este es un paso transcendental para el reconocimiento de sus derechos y la lucha contra la impunidad. Recordamos que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual experimentan de manera diferencial el camino de exigibilidad de derechos y recorren un camino difícil y largo para obtener justicia, verdad y reparación”. Estamos de acuerdo. Ya era hora de que la JEP utilizara sus recursos históricos para investigar tantos delitos silenciados a lo largo de los años.

FUENTE: EL ESPECTADOR