Esta propuesta se encuentra en las recomendaciones, uno de los capítulos del Informe Final, que pidió abrir los archivos de inteligencia y contrainteligencia para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado.

Uno de los puntos de mayor fricción entre la Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas desde las primeras labores de la Comisión fue el acceso a informes de inteligencia y documentos en poder del Ejército que probarían presuntas violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado.

Desde julio de 2018 se conoció por publicaciones en medios de comunicación en el que se afirmaba que la Comisiónhabía hecho un requerimiento al Ministerio de Defensa con 40 solicitudes concretas de información que fueron negadas, bajo el argumento de que la reserva se hacía por motivos de seguridad nacional. Aquello desató un cruce de declaraciones, comunicados y versiones. Al final el padre Francisco de Roux,presidente de la CEV, desistió de algunas de las peticiones.

No obstante, estas fricciones, en lugar de resolverse, continuaron durante todo el mandato de la Comisión de la Verdad, a tal punto que en un evento de rendición de cuentas el 30 de septiembre de 2020 el comisionado Alejandro Valencia declaró que se le había negado de forma reiterada a la Comisión el acceso a documentos e información relevante para su trabajo, con el agravante de que por ley estaba facultada para acceder a ellos:

“La Comisión de la verdad tiene un régimen especial, excepcional y transitorio otorgado para acceder a información pública y reservada, incluidos documentos de inteligencia y contrainteligencia, sin que se le pueda poner reserva alguna, especialmente, a la información que puede reposar en archivos institucionales sobre todo cuando se trata de insumos relacionados con violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró en ese entonces el comisionado Valencia.

Algunas de las barreras para acceder a la información tenían que ver con la negativa expresa a entregarla aduciendo razones de seguridad nacional (lo que era ”ilegal”, según el comisionado), pero también aduciendo la inexistencia de los archivos, en otros casos ocurrió que los comisionados recibían información distinta a la que había sido solicitado.

Por ello resulta apenas lógico que en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se pida expresamente “garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección, y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información”.

El documento además propone que se construya un mecanismo para que, cuando alguna institución del Estado como el Ministerio de Defensa niegue el acceso a la información oficial, esta negativa sea “evaluada caso a caso, de manera motivada y por causales precisas”.

Además, la Comisión de la Verdad sugiere “a la Procuraduría General de la Nación, adoptar medidas para evitar el uso abusivo de la reserva de la información por parte de las entidades estatales, en general, y de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado, en particular”, igualmente piden al Presidente de Colombia “solicitar al Presidente de Estados Unidos la desclasificación acelerada de documentos de agencias del gobierno de Estados Unidos relacionada con el conflicto armado colombiano”.

Al Congreso le pide derogar la ley de inteligencia que impone una reserva de 30 años sobre la información, para que el plazo sea de 15 años. También solicitan suspender el proceso de depuración que se lleva actualmente de los archivos, para que sea una instancia civil, autónoma e independiente la que haga este proceso, lo que garantizaría, en palabras del Informe Final“la preservación de los archivos de derechos humanos o aquellos que tengan valor histórico”.

De modo adicional, le solicitan a la Justicia Especial para la Paz que decrete o prolongue las medidas cautelares para garantizar el acceso a archivos de interés de la Comisión de la Verdad. Y acá el Informe Final habla nombres propios: se refieren en concreto a los archivos de la Brigada de Institutos Militares, el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, la Brigada XX del Ejército Nacional, la Red No. 7 de la Armada Nacional, y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Todos estos batallones fueron acusados de graves crímenes y violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado, tales como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, hechos sobre los que aún no hay un pleno esclarecimiento.

¿Es viable la apertura de esos archivos?

Desde la reserva algunos militares retirados cuestionan estas peticiones de la Comisión, bajo el argumento de que la información de inteligencia debe ser secreta. El general en retiro Néstor Ramírez dijo a Colombia+20 que “la inteligencia sirve para adelantar operaciones o acciones específicas y tiene una clasificación de seguridad, si es conocida por todo el público deja de tener un valor y por el contrario causa un daño, porque la contraparte va a tener la misma información que tiene la institución militar”.

Para el general (r) Ramírez, en un contexto como el colombiano donde aún persiste la violencia y existen grupos armados ilegales, “puede haber informaciones inconvenientes que se revelen o fuentes mediante las cuales se obtuvo la inteligencia, es como la reserva para los periodistas, pero esto es más grave porque puede traer consecuencias contra la vida de quién reveló la información”. Ramírez opina, por su parte, que el informe de la Comisión es tendencioso y “se nota un interés muy particular en deshonrar a la Fuerza Pública y destruir el honor militar”.

Al contrario de lo que ocurrió con los archivos de la inteligencia colombiana, el National Security Archive (NSA) de Estados Unidos jugó un rol central como insumo para el trabajo de la Comisión. El NSA es un repositorio que publica los informes de inteligencia y otros documentos secretos que por ley deben hacerse públicos en ese país, allí pueden encontrarse cables de la embajada norteamericana en Colombia informando sobre los vínculos de mandos militares y políticos con grupos paramilitares, también a documentos secretos de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre narcotráfico y violencia en el país. Varios de esos cables y otros documento fueron aportados a la Comisión de la Verdad.

FUENTE: EL ESPECTADOR