Los equipos de guardia indígena están adelantando acciones de investigación, algunas en coordinación con las autoridades nacionales.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló este martes que el asesinato de Miller Correa, autoridad indígena del norte de este departamento, se trataría de un crimen político. Correa fue ultimado sobre las 9:00 de la noche del pasado lunes.

Según el consejero mayor del CRIC, Edwin Mauricio Capaz el asesinato podría tener relación con la presunta amenaza que recibió Correa, junto con otras autoridades indígenas, por medio de un panfleto presuntamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual circuló en las redes sociales el 7 de marzo.

“Una de las primeras conclusiones indican que se trataría de un crimen político y no de un simple robo o asalto”, afirmó el consejero mayor. Sobre el asesinato de Miller, también añadió que “desafortunadamente se da luego de una contienda electoral en la que movimientos alternativos han tenido una destacada participación”.

El líder del movimiento indígena en el norte del Cauca confirmó que los equipos de guardia indígena están adelantando acciones de investigación, algunas en coordinación con las autoridades nacionales. El CRIC también señaló que desde 2017 a la fecha, al menos siete autoridades en ejercicio que portan el bastón, han sido asesinadas.

Miller Correa, quien también fue secretario de gobierno del municipio de Toribío, en Cauca, había asumido desde 2021 el liderazgo de una de las siete autoridades indígenas del CRIC, filial de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

‘Nos están acabando’

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), junto con la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, una delegación conformada por representantes de instituciones y organizaciones sociales de Asturias, España y Europa, presentaron en Bogotá un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en las comunidades indígenas del país.

El informe sostiene que los ataques contra los pueblos indígenas revisten el carácter de sistemático. También, hace visible el incremento de las amenazas de muerte, asesinatos, confinamiento de los pueblos indígenas, desplazamiento forzado, incremento de los ataques contra las mujeres con responsabilidad de la Fuerza Pública, incremento de campos minados y reclutamiento de menores.

“La guerra se ha intensificado en todos los territorios indígenas de Colombia. Nos tiene desplazados”, afirmó el consejero mayor de la ONIC, Orlando Rayo Acosta, además dijo que “hoy la vida de todos los dirigentes de los pueblos indígenas está en peligro”.

En su visita por los diferentes territorios indígenas, la Delegación Asturiana evidenció “graves retrocesos en materia de derechos humanos”. “Los pueblos indígenas continúan al borde de la extinción por exterminio y por ausencia de atención del Estado (…) El Gobierno colombiano está incumpliendo el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Ese incumplimiento se traduce en incremento de la violencia en los territorios”, afirmó la delegación Asturiana.

“Por defender el derecho al territorio hoy nuestros líderes tienen que derramar sangre. El Gobierno Nacional a esto no le presta atención”, dijo por su parte, la consejera de derechos humanos de la ONIC, Esneda Saavedra.

Según el informe, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está también ligado con el incremento de las mineras ilegales y en la imposición de los cultivos de coca ante la falta de planes efectivos de sustitución. Cauca, Chocó. Nariño y Meta son las regiones más afectadas, dice el informe.

FUENTE: RADIONACIONAL