Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, habla sobre el informe y muestra su preocupación por la violencia contra líderes sociales y la que se dio en el paro nacional.

La situación de seguridad territorial en Colombia es delicada y la violencia homicida contra defensores y defensoras de derechos humanos es desproporcionada. Así lo muestra el Informe Anual de 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitido ayer y presentado por la representante de este organismo en Colombia, Juliette de Rivero.

El informe también alertó sobre el grave riesgo en la elección de las curules de paz, el próximo 13 de marzo, por la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en esas zonas. Según el documento, dicha presencia podría tener un “impacto negativo para el proceso electoral”.

La representante indicó que entre los puntos más preocupantes para el organismo de Naciones Unidas está: el alto riesgo por agresiones y asesinatos en cinco departamentos con municipios dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el balance que dejó el paro nacional en cuanto a vulneraciones a derechos humanos de manifestantes y el aumento exponencial de desplazamientos y reclutamientos forzados.

Colombia+20 conversó con De Rivero sobre algunos de los puntos expuestos en el informe.

En Colombia, los homicidios aumentaron un 9,5 % y hubo dos masacres verificadas más (78) respecto a 2020. Desde el Alto Comisionado, ¿qué lectura dan a la persistencia de este tipo de violencias y por qué se siguen concentrando en los mismos departamentos?

Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca encabezan estas cifras y las que involucran directamente a los asesinatos y agresiones de defensores y defensoras de derechos humanos. Centramos muchos esfuerzos dentro del informe al tema de la desigualdad. Hay inequidad en las regiones, y en estas se marcan las brechas particularmente. Esta falta de presencia integral del Estado la ponemos como una de las grandes causas de violencias y de escenarios que desencadenaron episodios lamentables durante las jornadas de movilización social en 2021.

Pero la ocurrencia de agresiones en el paro nacional del año pasado sugiere otro tipo de desatenciones y arbitrariedades…

Por supuesto, y también le dedicamos un apartado importante en el Informe Anual. Hubo momentos de fuerza innecesaria o desproporcional por parte de policías y militares, situación que nos preocupó de sobremanera. Todo parte de las desigualdades y los reclamos ciudadanos desatendidos, pero que se agrava cuando hay cuerpos del Estado de por medio como victimarios. Del total de asesinatos a defensores de derechos humanos, el 33 % fueron durante jornadas de protestas, y los niveles de estigmatización se trasladaron a otros escenarios casi que sin precedentes.

Sobre esto, ¿qué le recomiendan al Estado?

Seguir en los esfuerzos de control territorial y que la Policía pase a un ministerio civil. Con eso se resuelven problemas de fondo.

A Iván Duque se le agotan los días en la Presidencia y los indicadores que mostró el informe evidencian falencias en seguridad territorial, ¿se podría hablar de un fracaso en la política de desmantelamiento de estructuras armadas ilegales?

Mantenemos la idea de que el presidente Duque y su gobierno pueden hacer mucho para adelantar una política de desmantelamiento y concertación de sociedad civil con el Comité Nacional de Garantías. Pero para que esto pase, el trabajo debe ser conjunto con más actores estatales, y por eso saludamos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le haya pedido al Gobierno que cumpla, porque está pactado en el Acuerdo de Paz y debe ser una hoja de ruta para el Estado, no solo para un mandato. Sin duda, un avance en la comisión es una medida fuerte, y puede ser uno de los grandes legados del presidente.

El 2023 será crucial para países miembros de la ONU porque se realizará el Examen Periódico Universal, herramienta importante del Consejo de Derechos Humanos. Considerando las preocupaciones y recomendaciones que da ese informe de 2021 a Colombia, ¿hacia dónde puede ir direccionado este proceso?

Esta revisión periódica, que se hace entre pares, siempre es formada a partir de discusiones que tienen que ver con las prioridades de distintos Estados en materia de derechos humanos. Sin duda, en Colombia está presente la implementación del Acuerdo de Paz y lo que significa integralmente para las poblaciones más afectadas por la guerra. La comunidad internacional respalda el proceso y seguramente en el Examen Periódico Universal se discutirán todos los retos que hay por delante. Debe haber paciencia, tampoco podemos olvidar que esta es una meta que fue estipulada para 15 años y tiene puntos tanto bajos como altos. Los países que han acompañado a Colombia y saben de este proceso conocen que una buena atención a la reforma rural integral, por ejemplo, es un aliciente para respetar DD. HH. y avanzar. Seguro todo eso lo van a tener en cuenta.

¿Dónde detectan los puntos más débiles en la implementación del Acuerdo de Paz?

En materia de derechos humanos preocupa de sobremanera la situación que viven las comunidades afros y los pueblos indígenas. En el informe mencionamos que el 96 % de las personas con movilidad restringida -o confinadas- en Colombia pertenecen a esta población. Ellos, a su vez, son el 69 % del total de los desplazados en el territorio, y parece que nada detiene estos flagelos. Es imperativo que el Acuerdo de Paz en su implementación ayude a que se refuerce el capítulo étnico, los mecanismos de autoprotección y que haya mayor celeridad con los temas asociados al acceso de tierras y la reglamentación de prácticas ancestrales. El Acuerdo es clave para esto, sin duda será un gran respaldo, pero tampoco se puede olvidar que necesita mecanismos ordinarios, como las consultas previas o el respeto por las reglamentaciones de los consejos comunitarios para seguir una pauta y avanzar.

¿Qué lecciones dejó 2021 para la prevención de violencias armadas? ¿Se pudieron cumplir las metas de trabajar más de la mano con el Ministerio del Interior para esos fines?

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son un sistema que valoramos mucho para diagnosticar y dar avisos por violaciones a derechos humanos, y que nos deja grandes aportes y lecciones. Cada día estamos más convencidos de que estos mecanismos se ignoran menos y se tienen en cuenta para actuar en tiempo real frente a distintas afectaciones. Ahora también hay herramientas tecnológicas más sofisticadas para esto, como el Mecanismo Unificado de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz, que trabaja con varios de estos datos, y nos sirven a todos para ver cómo se pueden proteger a los ciudadanos y particularmente a los defensores de DD. HH. que viven en constante riesgo. Con el Ministerio del Interior -y con el de Defensa- hemos venido trabajando para dar respuestas concretas a estas alertas y si bien hay cosas que se deben reforzar, los avances no se pueden desestimar.

¿Esas respuestas tienen algún énfasis especial en los desplazamientos forzados? Entre 2020 y 2021 este fenómeno aumentó en un 213 %…

Entiendo y me duele el desespero de la gente por esta situación. Todos queremos que nada de esto ocurra, que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades y que se viva en paz. El camino es largo y en el Gobierno saben que esto se puede tratar con un buen control territorial, que no significa aumentar pie de fuerza en las regiones, sino estar pendientes de necesidades reales de las personas y acompañarlas para frenar tantos desplazamientos y homicidios.

FUENTE: EL ESPECTADOR