El crimen de una joven de 17 años, a manos de su pareja, señalado de haber asesinado a otra menor hace unos años, en un hecho similar, reafirma la aterradora crisis de violencia machista que afronta nuestra sociedad. ¿Qué más deberá pasar para que reaccionemos como se debe? Basta de inacción.

Aprisionadas por interminables cadenas de exclusiones o discriminaciones que vulneran sus derechos fundamentales y cercenan oportunidades de progreso, las mujeres continúan soportando el peor embate de las sucesivas crisis desencadenadas por la pandemia, entre ellas la de la violencia. No son pocos los hechos revelados recientemente que ratifican el desprecio absoluto por la vida de niñas, víctimas de  aberrantes abusos sexuales, y de mujeres, que terminan asesinadas por sus esposos o exparejas, en miserables crímenes machistas, muchos de los cuales permanecen impunes.

Las estremecedoras cifras de la Fundación Feminicidios Colombia no dejan dudas acerca de la gravedad de la violencia de género, tan arraigada en nuestra sociedad, cuya cara más visible son las agresiones verbales, maltratos físicos y crímenes de mujeres. Sin embargo, el alcance de esta lacra social va mucho más allá y también se extiende a inaceptables abusos emocionales, sicológicos, morales e incluso económicos, apenas imperceptibles para las familias y el entorno de las afectadas, cometidos en la intimidad de los hogares, desencadenando una destrucción, muchas veces, irrecuperable.

En los primeros 50 días de 2022 se reportan al menos 40 feminicidios en el país. Casi uno diario. Entre ellos, el de Leidys del Carmen Suárez, baleada por su expareja José Luis Tobío Tobío, delante de sus hijos menores de edad, en un hotel de Barranquilla. O los de Luiselen Rodríguez Linares, Sindy Ospino Bustos y Carmen Lozada Bueno, en Cesar, una región sacudida en las últimas semanas por asesinatos de mujeres que claman justicia. El más reciente de estos casos, que delatan insufribles espirales de violencias ocultas, es el de una menor de 17 años, quien habría sido estrangulada por el padre de su hijo de 2 años, en el barrio Santa María, sur de la capital del Atlántico.

Este hombre desalmado, Manuel Zapateiro Romero, que había sido pareja de la hermana melliza de la víctima, con quien tenía dos hijos, uno de los cuales maltrataba tan recurrentemente que le ocasionó daños severos, cuando era un bebé, está señalado del crimen de una menor de 14 años, su entonces pareja y madre de su hija, en el año 2011. Es impensable que estos hechos criminales sigan sucediendo entre nosotros como si nada. ¿Cuántas niñas y mujeres más deben morir por cuenta de la indiferencia de la sociedad, de la apatía de las mismas familias que naturalizan la violencia de género y, por supuesto, del implacable miedo que paraliza a las víctimas?

La violencia machista es un problema social, no particular, y por tanto nos compete a todos. Quien calla se convierte en cómplice de la infamia. Los feminicidas no pueden tener la última palabra. Sin castigo al responsable ni reparación a la víctima, estos crímenes envían un mensaje devastador –casi complaciente– que deja aún más expuestas las fragilidades de mujeres y niñas, muchas de las cuales viven amenazadas por los monstruos con los que comparten sus vidas.

Toda agresión en su contra la debemos asumir como propia, con voluntad colectiva. La condena de la sociedad tiene que ser unánime ante las distintas formas de violencia de género que no pueden ser percibidas como la ‘consecuencia natural’ de irresolubles conflictos entre marido y mujer. Por el contrario, cada feminicidio exige un compromiso adicional de las autoridades, en especial de la justicia que tiene la obligación de actuar con celeridad y contundencia. Ese es el camino correcto. En este sentido, ¿cuánto más tendrán que esperar los familiares de Margarita Gómez Márquez, asesinada con seis meses de embarazo, a mediados de diciembre, para conocer avances en la investigación por el doble crimen?

La violencia de género no solo está asociada a pobreza, desigualdad o falta de oportunidades. Eso es una falacia. El camino de la igualdad, del respeto, de la educación en valores de tipo afectivo-sexual que proponga una opción de vida distinta al machismo que mata, se construye a diario. Hacen falta políticas públicas para asegurar la equidad de género. También mensajes institucionales desde distintos frentes con contenido pedagógico. Las víctimas no deben seguir mendigando atención ni protección, pese a la alarma social que significa esta realidad insoportable y brutal, totalmente identificada, que no se debe permitir jamás y frente a la que no cabe la inacción. ¿Qué más tendrá que pasar para que reaccionemos como se debe?

FUENTE: EL HERALDO