La esperanza de la literatura de la justicia transicional —según la cual las confesiones de los responsables deben conducir a la reconciliación, definida como la resolución de conflictos del pasado o como un acuerdo amistoso entre bandos rivales— ignora las diferencias a menudo irreconciliables entre las víctimas y los responsables.

Las confesiones de los perpetradores alteran a quienes las escuchan, pues perturban el silencio impuesto por aquellas fuerzas de las sociedades democráticas que anhelan dejar el pasado atrás. Sin embargo, las confesiones no revelan necesariamente verdades sobre el pasado: son informes, explicaciones y justificaciones de un comportamiento no normal, o versiones personales del pasado. Como tales, fuerzan a las audiencias de víctimas, sobrevivientes y activistas de derechos humanos a reafirmar sus propias interpretaciones del pasado. El conflicto irrumpe entonces con las confesiones cuando los actores discuten sobre las lecturas de lo sucedido y compiten por el dominio de su interpretación, que determinará la agenda política, los términos del debate público y los resultados de ese debate.

El discurso político generado por las confesiones de la violencia pasada desafía las teorías democráticas. La esperanza de la literatura de la justicia transicional —según la cual las confesiones de los responsables deben conducir a la reconciliación, definida como la resolución de conflictos del pasado o como un acuerdo amistoso entre bandos rivales— ignora las diferencias a menudo irreconciliables entre las víctimas y los responsables.

Más que pedir disculpas por sus actos, los perpetradores tienden a racionalizarlos y a minimizar su responsabilidad personal, aumentando así la tensión sobre el pasado, en vez de disminuirla. Textos claves de democracia deliberativa consideran que “la toma de decisiones tras el debate entre ciudadanos iguales y libres” depende de “la racionalidad y la imparcialidad”, un resultado que probablemente no surja de discusiones polarizadas y emocionalmente cargadas sobre la pasada violencia política (Elster, 1998: 1, 8).

En lugar de promover la deliberación o la reconciliación, el diálogo sobre el pasado violento parece atentar contra la democracia. Algunos grupos abogan por la censura de ideas o por una justicia vigilante, o intentan, a menudo sin éxito, reprimir el debate, en aras de la paz y la democracia. Cuando los grupos combaten por el poder político surgen entonces fisuras profundas y brotan así la polarización ideológica, las actitudes y políticas antidemocráticas y el discurso de la guerra, perturbando la democracia.

Pero incluso en este clima político poco propicio, el debate democrático sobre la violencia del pasado es posible. Los testimonios perturbadores pueden provocar una “coexistencia contenciosa”, una aproximación dialógica conflictual para abordar la democracia en sociedades profundamente escindidas. La coexistencia contenciosa toma prestados algunos enfoques de la democracia deliberativa, pero destaca la realidad y la importancia de la rivalidad sobre las ideas, y del conflicto sobre los valores y las metas. En ambientes cargados, la emoción vence a la razón, pero no necesariamente amenaza la democracia. El consenso, la armonía y la igualdad son resultados poco probables, pero el debate contencioso estimula prácticas democráticas, al promover la participación política, la polémica y la rivalidad. Mediante estos procesos es posible plantear desafíos públicos a las actitudes, comportamientos y valores antidemocráticos prevalecientes en la sociedad.

En síntesis, la coexistencia contenciosa ofrece una comprensión más realista de las prácticas dialógicas en las democracias y una mejor alternativa para procesos de reconciliación que reprimen el debate político. Las confesiones de los perpetradores permiten penetrar en el proceso de la coexistencia contenciosa. Los perpetradores hablan abiertamente, a pesar de las sanciones sociales y las leyes, y, algunas veces, contra su propio interés racional. Sus palabras provocan un profundo conflicto político. Ese conflicto, sin embargo, es en gran parte discursivo. Sociedades democráticas pueden encontrar, e incluso estimular, las confesiones sin amenazar el discurso democrático ni la estabilidad política. Las confesiones de los perpetradores pueden ser, entonces, un sendero para fortalecer las democracias.

FUENTE: EL ESPECTADOR