A pesar de los avances en materia legislativa que ha tenido Colombia, el 2020 fue el año más violento para esta comunidad. En el Día del Orgullo Gay, líderes y activistas hacen un llamado a garantizar sus derechos y a seguir avanzando en políticas que fomenten su inclusión.

El Día Internacional del Orgullo LGBTI representa la celebración de una lucha gracias a la cual se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales. Esta fecha también recuerda lo ocurrido en la revuelta de Stonewall, en Nueva York, el 28 de junio de 1969, cuando un grupo de personas de género diverso fue agredida por la Policía en el bar Stonewall Inn, uno de los pocos establecimientos donde se podían reunir en esa época.

Durante los cinco días siguientes a esa fecha la comunidad se reunió en el lugar para rechazar la violencia policial y pedirle un trato justo al gobierno estadounidense. Así nació el Día del Orgullo LGBTI, que desde entonces es un motivo de encuentro para celebrar la diversidad y una razón para reclamar sus derechos.

Renata Jank Vivas Antonelli, una mujer trans acompañante de incidencia política, social y comunitaria de Santamaría Fundación en Cali, asegura que las personas transexuales han logrado distintos avances en materia de políticas públicas en el país, pero sus demandas no se han visto materializadas. “Dentro de lo LGBT nos diluimos un poco porque no hay una asignación de recursos que permita la implementación de nuestras ideas como personas trans, sino que sirve para que los gobiernos se muestren como inclusivos, pero eso no responde a las necesidades de compañeras y compañeros en condiciones vulnerables”.

Renata también recuerda que la marcha del orgullo gay fue promovida desde sus inicios por mujeres trans, latinas y VIH positivo. Hoy, esta población se encuentra amenazadas y es víctima de violencia constante por ser la más visible y mostrarse como prefiere. De acuerdo con Colombia Diversa, entidad que trabaja por un país libre de discriminación, el 2020 fue el año más violento para las personas LGBT en Colombia. Según sus datos, 226 miembros de la comunidad y 45 personas trans fueron asesinadas. Los lugares con mayores índices de violencia contra las personas trans son el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

Alejandra Llano Agudelo, psicóloga de la organización Voces Trans Fundación, entidad que agrupa a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en Palmira, Valle del Cauca, asegura que en lo que va del 2021 han ocurrido 16 trans-feminicidios en todo el país, y cuatro muertes en Palmira por negligencias en el acceso a la salud. “Las dificultades para proteger el principal derecho a la vida demuestran que es mucho más complejo garantizar otros accesos, como la posibilidad de estudiar o trabajar de manera digna”.

Otro de los grandes retos que aún afronta esta comunidad es la inclusión laboral. En el último año fue noticia en países como España y Argentina la discusión sobre la Ley del Cupo Laboral Trans, que busca garantizar un mínimo de puestos de trabajo en distintos sectores económicos para las personas que cambiaron su género y que no pueden acceder a trabajos dignos. “En Colombia también buscamos un cupo laboral, porque el estudio no garantiza opciones de trabajo distintas a las de ser peluqueras o trabajadoras sexuales, no hay ofertas laborales para personas trans y la deserción escolar aumenta en estos casos. Pero desde el Valle del Cauca y otras regiones del país preferimos concentrarnos en buscar que cesen las violencias, amenazas y homicidios para lograr proyectos legislativos más eficaces”, puntualiza Llano Agudelo.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, respalda esas intenciones y asegura que los derechos de las personas LGBT son un asunto pendiente porque este crecimiento en la visibilización del movimiento ha coincidido con un aumento de la violencia en su contra. “Las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años y la mayoría no se presentan a vacantes laborales por miedo a ser discriminadas. Se convierte en un asunto de riesgos, de homicidios y feminicidios que dan cuenta de que todavía necesitamos avanzar en la protección de la vida”, concluye.

FUENTE: SEMANA