El conflicto en el Bajo Cauca antioqueño no cede: cerca de 42.000 personas han sido desplazadas en los últimos tres años. Según la Defensoría del Pueblo, se han presentado cerca de 25 episodios de desplazamiento masivo. ¿Por qué persiste la violencia en esta región?

En los últimos tres años se desplazaron 42 mil personas del Bajo Cauca en Antioquia. Como si no hubiera sido poca la intensidad del conflicto armado en los años 2000, muchos habitantes creen que la época más violenta es la que están viviendo en la actualidad, así se hable de que Los Caparrapos estén cerca de perder la guerra con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que con ello llegue un tiempo menos convulso.https://buy.tinypass.com/checkout/template/cacheableShow?aid=ZUhps7eupu&templateId=OT2IN7DCZL5K&offerId=fakeOfferId&experienceId=EX3THJOL7SXP&iframeId=offer_fd92ea37412883b64097-0&displayMode=inline&pianoIdUrl=https%3A%2F%2Fid.tinypass.com%2Fid%2F&widget=template

Entre 2018 y 2020 se desplazó el 20.7% del total de personas registradas de esa región desde 1985. Cáceres y Tarazá representan los casos más dramáticos. Del primero huyeron 11 mil personas y del segundo, 16 mil. La Defensoría del Pueblo dice que en estos tres años hubo 25 desplazamientos masivos, sin contar las familias que huyeron en silencio. Un promedio diario de 39 personas desplazadas.

¿Por qué pervive el conflicto armado en esta región?, fue una de las preguntas que se hicieron investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín en el informe Segregación y vaciamiento: una estrategia del capital y los armados para ordenar y explotar el Bajo Cauca, que entregaron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y que socializaron en el municipio de El Bagre el 11 de junio.

Una economía de enclave

Dice el informe que desde la Colonia hubo flujos de población en búsqueda de nuevas tierras y que allí confluyeron sabaneros de Córdoba y Sucre con montañeros del interior de Antioquia, que el oro se explota desde hace quinientos años y que desde siempre se trató de un territorio de frontera, desconectado de la economía nacional. Para el Estado, y una clase económica y política de Medellín, era una economía de enclave de la cual extraía recursos naturales en detrimento de la inversión social, económica y de infraestructura.

“Es una economía en la que se ha privilegiado la extracción aurífera y la ganadería, que son actividades productivas que generan poco trabajo y que necesitan de grandes extensiones de tierra, sin generar desarrollo para las comunidades. Se sobrepone también el narcotráfico que, siendo ilegal, también es una economía de enclave, porque no genera un dividendo ni un superávit para el Bajo Cauca”, dice Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC e investigador principal del informe.

Para 2019, de las más de 848 mil hectáreas del Bajo Cauca, 360 mil estaban tituladas y solicitadas para la minería, 441 mil eran pastos para la ganadería, y cerca de cinco mil hectáreas tenían cultivos ilícitos como la coca.

FUENTE: EL ESPECTADOR