Los tres asesinatos que se registraron en la localidad reviven el temor entre los campesinos por una nueva oleada de violencia. Además del rifirrafe político por el posible enfrentamiento entre disidencias de las Farc, lo que queda sobre la mesa son las múltiples necesidades de la comunidad, que ha sido constantemente olvidada.

En Sumapaz reina el silencio. Por casi un año la violencia no se asomaba por allí, hasta el pasado 2 de marzo, cuando en menos de 48 horas asesinaron a tres hombres. Uno, en el alto del Duda, en La Uribe (Meta). Los otros dos, a un día y medio de camino, en la vereda Chorreros, de Bogotá, a manos de hombres armados con fusiles, que llegaron a las casas de sus víctimas, reviviendo un horror que los campesinos daban por superado.

La hipótesis de la Alcaldía de Bogotá es que hay un enfrentamiento entre disidencias de las Farc. Por un lado estaría el grupo liderado por Gentil Duarte’ y, por el otro “La Segunda Marquetalia”, dirigidas por Santrich e Iván Márquez. “Tenemos zozobra e intimidaciones promovidas por grupos armados en la zona fronteriza con Bogotá, en la región del Duda. No tenemos evidencia de que estén en Sumapaz, pero sí están entrando a intimidar a nuestros ciudadanos, y a quienes se negaron a asistir a las citaciones, al parecer, fueron los que asesinaron”, dijo Claudia López.

En respuesta, el Gobierno Nacional ha negado tajantemente que haya disidencias en esta parte de Bogotá y Cundinamarca. No obstante, anunció un refuerzo al Batallón de Alta Montaña y la construcción de una estación de carabineros de la Policía. Pese a ello, el temor sigue, pues en los últimos diez años los campesinos han construido la paz que no tuvieron ni en la época de la Violencia ni en la del conflicto armado, por lo que cualquier tipo de perturbación a la tranquilidad es vista como una amenaza que puede devolverlos al mapa del conflicto y revivir los estigmas que por más de cinco décadas pesó sobre sus habitantes.

Estratégica, pero abandonada

Territorialmente Sumapaz puede concebirse como localidad de Bogotá, una provincia de Cundinamarca o la región que conecta a estos dos lugares con los departamentos de Tolima, Huila y Meta a través del gran páramo. En este caso, lo que atañe a la capital son 78.097 hectáreas, que representan el 48 % del territorio de la ciudad y en la que viven 7.584 campesinos, según datos de la Veeduría.

Está tan cerca del casco urbano como lejos, pues forma parte de Bogotá, pero al primer poblado no se llega en menos de dos horas. El Estado prácticamente no hace presencia, pues además de las dificultades para transportarse por las trochas, por las que muchas veces toca ir a caballo, solo hasta hace dos años les empezaron a recoger la basura y desde hace menos de seis meses la sede de la Alcaldía local volvió al territorio.

Lo paradójico es que, a pesar de ser la fábrica de agua de Bogotá y el páramo más grande del mundo, fue epicentro del conflicto gracias a su posición estratégica, en la cordillera Oriental. Por años albergó en su interior los emblemáticos campamentos de La Caucha o Casa Verde de las Farc, que se conectaba por senderos que solo los lugareños reconocen, con el cañón del río Duda, en La Uribe (Meta). Por allí transitó durante mucho tiempo el Estado Mayor Central de la guerrilla, pues además de ser un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados hasta el sur del país.

Eso hizo de Sumapaz un escenario de guerra, pero esto no era nada nuevo para sus habitantes, pues desde comienzos del siglo XX, cuando aún se libraba la Guerra de los Mil Días, empezaron en esta zona las discordias por las tierras baldías, de las cuales los hacendados se querían apropiar. “Las acciones judiciales (desalojo, amparo de posesión y concesión oficial) tendían a forzar a los colonos a convertirse en arrendatarios. Para los años 20 había 2.500 colonos con más de 30 años de posesión”, señaló Alfredo Molano en el informe sobre la historia del conflicto que entregó a la Comisión de la Verdad.

Historia de resistencia

Para Rocío Londoño, doctora en historia y especialista en el Sumapaz, a las características del territorio y a las luchas agrarias hay que reconocer la organización campesina, que lideraron Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, quienes dieron vida entre los años 40 y 50 al Partido Nacional Agrario.

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“Es una región con una historia política con mucha identidad y organización del campesinado, que era radical en el sentido liberal, no revolucionario, así haya tenido por años influencia del Partido Comunista. Un campesinado que se ha defendido de la estigmatización política de la que ha sido víctima, luchando por la tierra que labró. Por eso la zona es tan compleja social, política y geográficamente”.

A la par con la lucha campesina, a mediados del siglo, se crearon las columnas de marcha, que iban desde Sumapaz hasta regiones aledañas como el Ariari, el Guayabero y el río Duda. Este último lugar tomó relevancia tras las operaciones militares en Marquetalia, debido a que allí fue donde se realizó la “Segunda Conferencia”, en la que se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y su estado mayor. He ahí la carga histórica del lugar.

“La presencia de las Farc era total, por lo que era el actor que le brindaba algo de organización a la zona. Sin duda alguna las relaciones con el campesinado podían ser cordiales, tanto voluntariamente como por coerción, porque desde entonces eran campesinos que no tenían el apoyo del Estado”, asegura Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto, y docente de la Universidad Externado.

La llegada del Ejército en los años 90 se dio solo después del fallido acuerdo de paz que llevó al gobierno de Belisario Betancur hasta Casa Verde. A la zona llegaron 4.000 soldados de dos batallones de Infantería, de la XIII Brigada del Ejército, lo que intensificó los enfrentamientos en la zona, y que finalmente con operaciones como Aniquilador II terminaron sacando a la guerrilla de Bogotá y municipios como Cabrera, en la provincia de Sumapaz, donde instalaron el Batallón de Alta Montaña.

Pese a ello, la presión de los grupos armados continuó hasta poco antes del inicio del proceso de paz. Luego de eso, las organizaciones campesinas se han centrado en los últimos años en fortalecer sus procesos comunales y, al igual que la Brigada, a focalizar sus esfuerzos en temas ambientales. También se ha intentado estructurar una zona de reserva campesina, incluida en los Acuerdos, pero que aún no obtiene la aprobación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Hoy los climas son de paz, tenemos esa actitud y velamos porque se mantenga, pero nos preocupa la implementación de los Acuerdos de Paz, porque lo poco que se ha venido haciendo es lento y porque a pesar de que las Farc entregaron dos terrenos, hasta ahora no hay proyectos alrededor. Así se siembra la desesperanza”, asegura Misael Baquero, integrante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz).

Que la historia no se repita

Además de señalar posibles enfrentamientos entre disidencias, como lo señalaron los lugareños en el último consejo de seguridad, en el que también estuvo una comisión de verificación de la ONU, la alcaldesa Claudia aseveró que la rencilla sería por los predios que entregaron las Farc para reparar a las víctimas. Fueron dos, uno entre Chorreras y Lagunitas, y el otro entre la vereda San José y el municipio de Granada. Esto preocupa a los habitantes de la zona, por la zozobra que se ha generado en los últimos días y los posibles nuevos desplazamientos de quienes busquen proteger a sus familias.

“Este es un territorio donde no hay delitos de bajo ni de alto impacto, donde hay toda tranquilidad, mucha convivencia, solidaridad, cooperación y ayuda, y estos hechos son muy lamentables, porque la respuesta es traer más Fuerza Pública y a la Policía que no está, cuando lo que tenemos que buscar son escenarios de paz”, manifiesta Baquero.

Es por ello que en un comunicado las organizaciones del Sumapaz le pidieron al Gobierno esclarecer los hechos y el reconocimiento colectivo como víctimas, que les dé acceso a la reparación y a la verdad. Además, fortalecer otros esquemas locales, como el sistema de justicia y un plan estratégico de seguridad, que sea preventivo con las disputas interpersonales y las acciones delictivas.

Al respecto, el Distrito ha insistido en que se debe fortalecer la convivencia y con ello la zona PDET, planeada en la zona. De acuerdo con Vladimir Rodríguez, alto consejero para las Víctimas en Bogotá, ya tienen aprobadas regalías “para los acueductos y paneles solares, para llegar a las veredas. De igual manera, tenemos estructurados cuatro proyectos que esperamos presentar este trimestre al PDET de paz y continuamos con la formulación del proyecto con la comunidad, teniendo como base el respeto por las zonas de páramo”.

Los recursos que requieren son específicamente para garantizar la conectividad a internet y construir vías terciarias, que permitirán facilitar y consolidar la comercialización de productos a Bogotá. A pesar de esto, para el experto en conflicto, Juan Sebastián Díaz, en este caso es importante cuestionarse sobre su funcionalidad y si los PDET atienden las necesidades de la población.

“La desconexión con Sumapaz ha sido terrible para los campesinos, y las reclamaciones históricas siguen trascendiendo el conflicto con las Farc. Bogotá es un símbolo de modernidad y tiene un sector rural que está desconectado con el resto de la ciudad”, por lo que más allá de las acciones inmediatas a los hechos de violencia, lo que hoy todos piden es una atención para no solo garantizar la paz, sino las condiciones sociales y de seguridad para la continuidad del campesinado en la zona.

FUENTE: EL ESPECTADOR