Que retumbe en los oídos del gobierno y de todo el mundo que: #NoEsHoraDeCallar #EstamosContigoJineth #LaLuchaTerminaCuandoHayaJusticia.

Ni el Perú de Fujimori, ni Venezuela ni Nicaragua se atrevieron a tanto.

Jineth no solo fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual aquel 25 de mayo del 2000, sino que ha sufrido, desde aquel momento, el abandono, la inoperancia y la revictimización sistemática por parte de este Estado indolente por casi 20 años. A pesar de todo esto ha seguido ejerciendo el periodismo y luchando por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

Este caso estuvo quieto casi por una década, hasta que en 2011, Jineth, apoyada por la Fundación para la Libertad de Prensa e Intermón Oxfam llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos​ (Corte IDH). En 2012, tras el cambio de fiscal, se vincularon al proceso a las únicas tres personas que han sido condenadas hasta ahora (Alejandro Cárdenas, “J. J.”, Jesús Emiro Pereira Rivera alias “Huevoepizca” y Mario Jiménez Mejía alias el “Panadero”). Aunque Jineth y sus abogados han aportado pruebas y testimonios que vinculan a otras personas por su colaboración en este hecho, agentes del Estado, miembros del Inpec, Policía y Ejército, hasta ahora solo se ha llamado a indagatoria al dragoneante Marco Javier Morantes Pico, guardia que atendió a la periodista en la puerta de la cárcel minutos antes de su secuestro.

El que los(as) representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recusaran a 5 de los 6 magistrados(as) (con excepción del séptimo, el doctor Humberto Sierra Porto, quien se encuentra impedido desde el principio por ser colombiano), se levantaran y se fueran de la audiencia tras no obtener la suspensión de la audiencia como pretendían son solo estrategias paupérrimas para dilatar el proceso.

“Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y pone la cara a la víctima. El Estado considera que todos los jueces están impedidos y se retira por falta de garantías procesales”, dijo el representante del Estado colombiano.

Esta bajeza de la Agencia -porque no se le puede llamar de otra forma- tiene grandes consecuencias para el proceso. Estas patadas de ahogado implicarán tiempo en lo que se resuelven las recusaciones de cada uno de los(as) magistrados(as), retrasando así el resto del proceso y, en el caso de que alguno(a) de los(as) magistrados(as) decida apartarse, sería mucho más tiempo en lo que se elige uno(a) nuevo(a).

Utilizar estas “escotillas de escape” que brindan los sistemas jurídicos con cuestiones formales para evadir la discusión de fondo, además de ser lamentable y deplorable, tristemente es un hecho más -y elocuente- de la posición gubernamental adoptada sobre las acciones contra las autoridades: “quien no es amigo(a) es enemigo(a)”.

Este es el primer caso en el que la Corte IDH tendrá la oportunidad de desarrollar estándares sobre las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo. El precedente que este caso sentará para los países de la región será gigante. Responsabilidad y acciones por tomar es lo que les espera a los Estado después de este fallo.

Ya es hora de que este Estado que no repara sino que revictimiza a las mujeres empiece a asumir la responsabilidad y la deuda histórica que tiene con nosotras, con las víctimas del conflicto armado y con aquellas personas que han sufrido por causa y omisión de los agentes del Estado.

Si bien el perdón no podrá borrar las torturas que sufrió ni todo el daño que ha sufrido durante estos años, por lo menos podrá contribuirá a que Jineth y otras víctimas empiecen a cerrar ese capítulo de sus vidas.

Que retumbe en los oídos del gobierno y de todo el mundo que: #NoEsHoraDeCallar #EstamosContigoJineth #LaLuchaTerminaCuandoHayaJusticia.

FUENTE: LA SILLA VACÍA