Un estudio del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario revela que muchos de los homicidios de excombatientes se dan en municipios con grandes extensiones de coca, donde operan las disidencias de las Farc, y en lugares donde hay grupos armados irregulares en confrontación.

Con el homicidio de Nacer David López Gómez, el pasado 29 de noviembre en La Guajira, ya son 244 exguerrilleros que han sido asesinados desde que firmaron el Acuerdo de Paz con el Estado, en noviembre de 2016. El Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario está investigando cuáles son los factores que podrían incidir en la violencia contra los reincorporados. Los primeros resultados fueron incluidos en el informe Una paz criminal: mapeo de los asesinatos de excombatientes de las FARC.

“Cuando los excombatientes se convierten en el blanco de los asesinatos y otras formas de violencia, el proceso de paz en sí está en peligro”, enfatizaron los investigadores. En el documento exploraron la relación de diferentes fenómenos con los 238 asesinatos de excombatientes que se perpetraron entre la firma del Acuerdo hasta el 31 de octubre de 2020.

Los investigadores comprobaron que las muertes violentas de esa población no suceden recurrentemente en los municipios con altas tasas de homicidio. En cambio, sí hay una relación con los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues 175 asesinatos se han dado en municipios que hacen parte de esos programas.

Según el documento, esto podría sugerir un vínculo entre la violencia y los espacios vacíos que dejaron las Farc tras la dejación de armas: “La gran mayoría de esos municipios PDET donde la guerrilla ejerció influencia y control, ahora son territorios de confrontación de otros grupos armados que rivalizan por copar el territorio o por el control de las economías ilícitas”.

El estudio también analizó las dinámicas de los grupos armados en los municipios donde han sido asesinados los excombatientes. El informe arrojó que en los 13 donde se reportaron más de cinco homicidios contra esa población hacen presencia varios grupos armados que rivalizan o, en otros casos, cooperan. Un ejemplo de eso es Tumaco, en Nariño, donde se registraron 15 asesinatos.

En los municipios donde hay presencia de disidencias de las Farc, Eln y grupos sucesores del paramilitarismo se presentaron 57 asesinatos; en donde sólo operan disidencias y grupos paramilitares se contabilizaron 52; donde únicamente están las disidencias, 45; donde se mueven disidencias y el Eln, 36, y finalmente donde hay Eln y los paramilitares se contaron 22.

“Nuestro estudio no puede determinar el móvil o el perpetrador de los homicidios, por eso no nos es posible decir que las disidencias sean las mayores responsables de los asesinatos. Además, es importante notar que la presencia de algunos grupos disidentes puede responder a altos niveles de violencia contra excombatientes y líderes sociales”, aclararon. Sin embargo, también citaron documentos de la Fiscalía que señalan que de los 102 homicidios ocurridos entre el primero de enero de 2017 y el 13 de mayo de 2019, 50 fueron perpetrados por las disidencias, 40 por grupos paramilitares y 12 por el Eln.

Los investigadores aprovecharon para indagar si había algún tipo de relación entre la violencia contra los excombatientes y la que se ejerce contra los líderes sociales: “Casi uno de cada cinco asesinatos contra exFarc han ocurrido en Cauca, la región que ha tenido también los números más altos de líderes sociales asesinados. A nivel municipal Tumaco presenta el mayor número de exFarc asesinados y también registra el mayor número de homicidios de líderes”.

“Los líderes sociales también están siendo asesinados en municipios donde hay varios grupos armados en confrontación. De hecho, la relación entre las dinámicas de los grupos armados y los asesinatos de excombatientes es similar a la que se dan con los homicidios de líderes sociales”, expresaron. En el caso de los líderes sociales, 89 homicidios se han presentado en municipios controlados por grupos paramilitares, seguidos por 50 de la disidencia y 20 del ELN.

Otro hecho que revela el estudio es que la violencia contra los excombatientes se agudiza en municipios donde hay presencia de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), donde se presentaron 127 homicidios, o Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), donde se registraron 81. Este hecho es llamativo, debido a que la gran mayoría de los firmantes del Acuerdo de Paz no se encuentra en esas zonas. De los 12.767 exguerrilleros que están en proceso de reincorporación, solamente 2.877 permanecen en ETCR y unos 2.000 en NAR.

El estudio también evidencia que gran parte de los homicidios se presenta donde hay grandes extensiones de coca y presencia de grupos armados: “En los cuatro municipios con un área mayor de 5.000 hectáreas de coca cultivadas ha habido en total 35 asesinatos. Son los casos de Tumaco, Nariño, (15); Tibú, Norte de Santander, (6); Puerto Asís, Putumayo, (10); El Tambo, Cauca, (4)”. A eso se suma que 95 asesinatos se dieron en municipios donde operó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), creado después del Acuerdo y criticado por incumplimientos en su ejecución.

Por los asesinatos de excombatientes de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo fuertes llamados de atención al gobierno del presidente Iván Duque. Aunque el Partido Farc ha manifestado su preocupación por la falta de garantías de seguridad. El Estado ha defendido su gestión en cuanto a la judicialización de los responsables. Sin embargo, el derramamiento de sangre sigue empañando los esfuerzos de paz de miles de reincorporados que están apostándole a un proyecto de vida sin armas.

FUENTE: EL ESPECTADOR