Después de que Juan de Jesús Monroy, excombatiente de las extintas Farc, fuera asesinado, sus compañeros del Consejo Territorial de Paz renunciaron masivamente a esta instancia. Denuncian desfinanciación y estigmatización por parte de la Gobernación del Meta.

El pasado 15 de octubre, los integrantes de la sociedad civil del Consejo Territorial de Paz del Meta se reunieron para repasar los planes que, desde hace un año, tenían listos para ayudar a la implementación del Acuerdo de Paz. Para ese momento llevaban más de un mes esperando que desde la Gobernación citaran a Consejo, el primero de todo el año. Al día siguiente fue asesinado Juan de Jesús Monroy, excombatiente de las Farc y miembro de esta instancia, en la que representantes de sectores de la sociedad civil dialogan con las instituciones. Aunque unas horas después del homicidio los consejeros tuvieron la reunión, grupo de 10 personas renunció a su cargo. Los miembros dijeron que no había garantías para continuar trabajando.

La falta de garantías a la que se referían va mucho más allá de la inseguridad para ejercer esta labor. Tiene que ver con la desfinanciación de la instancia, la falta de interlocución y, denuncian, la estigmatización de la que han sido objeto por parte de la Gobernación del Meta.

Marlen Arévalo, representante del sector de defensores y defensoras de derechos humanos ante el Consejo Territorial de Paz, explica que desde 2018, cuando se instaló esta instancia, empezaron a trabajar en unos planes de acción desde tres comisiones que conformaron: paz territorial y reconciliación; pedagogía, convivencia y cultura ciudadana, y prevención de la estigmatización y para la no repetición. A finales de 2018 ya tenían los planes. En 2019, con campañas electorales y otros problemas no pudieron avanzar. En 2020 los presentaron a la nueva administración. Arévalo, quien ejercía la secretaría técnica desde la sociedad civil, explica cómo se desarrolló el trabajo este año, cómo llegaron a la determinación y qué quieren manifestar con esta renuncia colectiva.

¿Cómo trabajaron este año tan convulso en el departamento?

En febrero nos reunimos con la secretaria de Derechos Humanos y Paz, era la doctora Norma Baquero. Nos dijo que ella estaba con el Plan de Desarrollo, que tenía que viajar. Finalmente nos convocó a una reunión en marzo y dijo que estaba muy interesada, que hiciéramos un documento para pasarlo al Plan de Desarrollo. Nosotros, juiciosamente, le pasamos los planes de acción y un documento en el que le decíamos que esperábamos poder hacer incidencia.

A finales de marzo reventó la problemática ambiental en La Macarena y la comunidad pidió una reunión que se iba a realizar en San Juan de Lozada. Le pedimos apoyo a la Secretaría de DDHH y Paz para, desde el Consejo de paz, llegar ahí y acompañar en una articulación para el diálogo entre la institucionalidad y la sociedad civil. Ahí nos dijeron que no había recursos. Entonces, Juan de Jesús Monroy y yo decidimos gestionar para llegar a San Juan de Lozada y finalmente nosotros como Consejo, desde la sociedad civil, fuimos. En ese espacio se conformó la Mesa ambiental de San Juan de Lozada y estuvo toda la institucionalidad. El gobernador tenía una actitud muy conciliadora frente a las comunidades.

La secretaria de DDHH no convocaba a Consejo de paz ni a nada. No pasaron nada para el plan de desarrollo, ahí no quedó recurso para el tema de derechos humanos ni para el tema de construcción de paz para esta administración.

¿Se reunieron con ella?

No, de hecho, en mayo los diputados anunciaron que le iban a hacer un debate de control político, le decían que cómo era posible que en mayo no hubiera hecho un consejo de paz ni de derechos humanos. Ella se comprometió para hacerlo, pero después vino toda la problemática de El Guayabero con el tema de la erradicación forzada. Solicitamos apoyo y nos dijeron que no había recursos. En esa oportunidad tres organizaciones que pertenecíamos al Consejo de paz llegamos a El Guayabero, a la vereda Tercer Milenio, donde las comunidades estaban siendo agredidas por el Ejército. Nosotros lo que hicimos fue empezar a visibilizar esa problemática y tratar de generar una mesa de concertación entre las comunidades y la institucionalidad. El 9 de junio se da una mesa de concertación. No llegaron a un acuerdo y dijeron que iban a hacer una mesa grande ambiental, junto a la de San Juan de Lozada.

¿Por qué dicen que han sido estigmatizados?

Cuando sucede lo de los seis soldados que murieron en El Guayabero, el gobernador da unas declaraciones que nos estigmatizan a los defensores y defensoras de derechos humanos por no manifestarnos frente a la muerte de los miembros del Ejército, y el 23 de junio se da un consejo departamental de derechos humanos, porque desde el espacio autónomo sacamos un comunicado pidiendo que el gobernador se retractara, porque él decía “las supuestas comunidades presionadas por las disidencias”. Él lo que dijo es que, si tenía que pedir disculpas las pedía, pero que seguía en su posición. 31 consejeros le exigimos a la secretaría de DDHH un consejo extraordinario en el que se tratara la problemática del sur del Meta y la estigmatización, y desde la sociedad civil hicimos una misión humanitaria que duró casi 10 días y recogiendo las denuncias.

¿Se dio ese consejo extraordinario?

No. El 14 de septiembre, después de que asesinaron a dos presidentes de Juntas de Acción Comunal en Medellín del Ariari (El Castillo), la Asamblea decidió hacer una sesión de la Comisión de paz y la doctora Norma Baquero empieza con esta frase: estas eran acciones propias de la implementación del Acuerdo de Paz con legalidad. Yo dije que la Secretaría de paz y DDHH era inoperante, que estábamos a 14 de septiembre y no se había realizado el primer Consejo de paz, que pedimos uno extraordinario y que nos parecía inaudito que no nos hubiesen dado fecha. La señora como a los 10 días renunció porque la Asamblea le iba a hacer otro debate de control político.

¿En eso estaban cuando asesinaron a Juan de Jesús Monroy?

Esperando a que nos convocaran para el Consejo de paz. Hicimos una convocatoria para revisar los planes que construimos. El jueves 15 tuvimos una reunión con las comisiones para ver los planes de acción y le solicitamos la fecha la gerente de DDHH y paz. Y el viernes 16 asesinan a Juan de Jesús Monroy, y como a las dos horas la gerente me llama y me da la fecha del Consejo Territorial de paz, que se realizó el sábado.

¿Cómo recibieron esta noticia?

Juan de Jesús fue uno de los que sentó posición, tenía un proceso de paz bien interesante, le apostó a la paz, al Consejo, tratamos de generar diálogos entre las comunidades y la institucionalidad y realmente fue imposible. Para nosotros es muy complicado ver cómo… y perdóname… (silencio) cómo asesinan a nuestros compañeros y no pasa nada. A raíz de eso, algunos consejeros tuvimos la idea de hacer una renuncia colectiva al Consejo de Paz. Tomamos la decisión firme de renunciar al Consejo porque sentimos que no existen las garantías para desarrollar la labor.

¿Qué viene ahora? ¿Cómo trabajarán los que vienen?

Nosotros lo que le decíamos a la gerente de DDHH y a la gobernadora encargada es que los consejeros que lleguen tengan las garantías para poder desarrollar sus tareas. Definitivamente uno está aquí por una vocación de querer construir un mejor departamento y poder estar tranquilo en el territorio. Pedimos esto para que realmente la sociedad civil tenga algún tipo de participación e injerencia en el desarrollo de las políticas públicas con las garantías para hacerlo, y que no terminemos siento nosotros quienes llevemos esto como un lastre.

¿Se sienten en peligro después del asesinato de Juan de Jesús?

Claro, y no solo con este hecho. Que un gobernador salga a los medios de comunicación a poner en tela de juicio el trabajo de los defensores y defensoras de DDHH, pues tú sabes lo que significa esto en este país. Eso a nosotros nos pone en un riesgo altísimo.

¿Cómo podría financiarse el consejo?

Realmente nosotros sentimos que ellos le han endosado esta tarea a cooperación internacional. Hay agencias de Naciones Unidas que nos han acompañado de manera decidida para que se desarrolle efectivamente la participación de las comunidades en estos espacios, hay que decirlo. Pero es la institucionalidad la que debería estar presta para que estos espacios funcionen. No sabemos de ahora en adelante cómo van a hacer para dar presupuesto.

¿Qué habían propuesto en los planes de acción?

Primero, que nos hablaran de dónde se iban a establecer las zonas de reserva campesina, dónde iban a quedar, y que también se les diera una capacitación a los campesinos acerca de qué es el catastro multipropósito. Y hablábamos también de hacer una pedagogía de paz porque, si bien es cierto que hace un tiempo estamos hablando de la implementación del Acuerdo Final, hay muchísima gente que no conoce qué dice. Hablamos de articularnos con las universidades y colegios en los diferentes municipios, junto a los consejos de paz municipales. Queríamos además trabajar muchísimo en el tema de la no estigmatización y no repetición.

FUENTE: EL ESPECTADOR