Las guardias indígenas, cimarronas y campesinas garantizan la vida de cientos de defensores de derechos humanos en los territorios. Reclaman apoyo para ser más fuertes y autónomas.

Cuando se registra la noticia del homicidio de un líder social en Colombia, las primeras preguntas que surgen son: ¿por qué no lo protegieron?, ¿por qué no contaba con escoltas si había recibido amenazas? El asesinato de los defensores de derechos humanos ha venido creciendo desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz. A la fecha, laDefensoría del Pueblo ha registrado 562 homicidios de defensores, mientras otros 3.650 tienen un esquema de protección, en algunos casos, compuesto por un chaleco antibalas, un carro blindado y dos escoltas; en otros, por un celular y un botón de pánico. Sin embargo, las comunidades organizadas y más afectadas con la muerte violenta de sus líderes dicen que la protección colectiva es mucho más eficiente que los guardaespaldas con armas en sus territorios.

En el norte del Cauca, por el aumento de la violencia con la llegada del paramilitarismo a principios de este siglo, la Guardia Indígena empezó a estructurarse para defender su autoridad con “los cuidadores de la vida y el territorio”, como se conocen en su idioma propio a los guardias. Desde entonces, las organizaciones sociales buscaron apoyo internacional y fortalecieron esta estructura para la protección colectiva no armada de sus autoridades y comuneros.

A medida que el conflicto se fue agudizando, la Guardia también adquirió un carácter humanitario, de actor de paz y de brazo fundamental de la justicia indígena. Hasta 2007 tuvo que enfrentar la arremetida paramilitar, los guardias también protegieron a sus líderes durante las protestas en la carretera Panamericana, luego vinieron retaliaciones de las Farc por la aplicación de la justicia contra guerrilleros, adquirieron importancia durante el Acuerdo de Paz con esa guerrilla y ahora viven una nueva violencia que les está costando muchas vidas, pues los armados pretenden reducirlos en medio de sus labores.

Según Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), 2019 fue el año más complejo por el asesinato de nueve guardias indígenas. “La estrategia de la Guardia, una vez salieron las Farc del territorio, fue copar dichos espacios. Por mandato de las comunidades se estableció sacar a los actores armados de las zonas ancestrales. Lo que vino enseguida fue la explosión de múltiples actores armados que empezaron a señalar a los guardias como actores de inteligencia militar o como miembros de algún grupo armado”, dijo Capaz.

Teniendo en cuenta que la Guardia Indígena es de carácter cívico y solo porta bastones de mando, en los últimos tiempos en que muchos de sus líderes deben estar custodiados por guardaespaldas armados, siempre intentan que dentro de los resguardos sea la Guardia Indígena la que garantice la seguridad. La razón: desmilitarizar sus espacios de convivencia.

Actualmente son cerca de 2 mil guardias que realizan controles en las entradas y salidas de los resguardos, hacen recorridos por las principales carreteras y desarrollan una estrategia de autoprotección de acuerdo al contexto local y nacional. “La Guardia también busca a los actores armados, tanto legales como ilegales, para exigirles que respeten la autonomía y armonía de nuestros territorios”, comentó el líder indígena.

En esa misma región del norte del Cauca, pero en la cordillera Occidental, están las oficinas de la Guardia Cimarrona. Hay cerca de 2 mil guardias que empezaron a rescatar esta práctica ancestral en agosto de 2013, durante el Congreso de los Pueblos Negros que se desarrolló en Quibdó (Chocó). Fue un intercambio de saberes con la Guardia de San Basilio de Palenque, donde ha estado la Guardia Cimarrona históricamente.

“A los líderes y defensores los acompañamos en los espacios de reunión con la comunidad, el Gobierno nacional y departamental; controlamos las entradas y salidas de esos sitios para tener la certeza de la gente que está con nosotros en las asambleas; en las veredas, carreteras municipales, en los sitios estratégicos siempre hacemos recorridos territoriales con guardias cimarrones; estamos alertas de la comunidad”, manifestó Javier Antonio Peña, líder del Consejo Comunitario Cuenca Río Cauca desde el municipio de Buenos Aires.

En el centro y sur del Cauca este modelo de guardias fue replicado por los campesinos. La Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca) tiene 200 guardias en seis municipios y se encargan de hacer recorridos sectoriales verificando la tranquilidad del territorio, que no se desestabilice la comunidad y su proceso organizativo. “La Guardia Campesina no es policía ni está aliada con ningún grupo armado, mantenemos la neutralidad para evitar cualquier malentendido. Somos una guardia para proteger a los líderes sociales, la paz del territorio y los derechos humanos de la comunidad”, dijo Wálter Quiñónez, representante de Ordeurca.

Las iniciativas de los campesinos y los afros están inspiradas en la Guardia Indígena, aunque cada comunidad adaptó el modelo de acuerdo con la estructura organizativa. Hoy, las tres comunidades trabajan de la mano para que el Gobierno Nacional atienda la vieja solicitud de fortalecerlas en su ejercicio de autoprotección sin armas.

Primer semestre de 2020, el más violento desde el Acuerdo de Paz

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el primer semestre de 2020 ha sido uno de los más violentos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz. Así las cosas, mientras en 2016 la entidad registró 33 asesinatos, en 2017 fueron 126, en 2018 la cifra llegó a 178, en 2017 a 134 y entre enero y junio de este año la Defensoría contabilizó 91 homicidios y otros 51 casos se están verificando, pero todo indica que sí se trata de líderes sociales asesinados entre julio y septiembre pasado.

Esta situación es preocupante, por eso Colombia 2020 llevará la discusión al evento “¿Cómo proteger los líderes sociales en medio de la pandemia?”, cuyo panel estará integrado por Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea; Juliette de Rivero, representante de la ONU para los Derechos Humanos; Carlos Camargo, defensor del Pueblo; Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial de DD. HH.; Erlendy Cuero, vicepresidenta de Afrodes; Jhon Alexánder Rojas, gobernador de Nariño, y Alejandra Barrios, directora de la MOE. La cita será a partir de las 9 a.m. por las plataformas digitales de Colombia 2020 y El Espectador.

FUENTE: EL ESPECTADOR