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junio 18, 2020

Cadena perpetua para violadores de menores llega a debate definitivo


La iniciativa se presenta entre los afanes del fin de la legislatura y la controversia por supuestos vicios de trámite ante unas recusaciones presentadas en la Comisión Primera. ¿Saldrá adelante?

Hasta el momento ningún proyecto que contempla la cadena perpetua para castigar crímenes en Colombia ha tenido éxito. Todos, en su mayoría dispuestos como pena por delitos sexuales en contra de menores, se hundieron en primer o segundo debate. Además, siempre tuvieron al Gobierno en contra, pues la Constitución de 1991 es clara en que no habrá cadena perpetua en el territorio colombiano. Sin embargo, este jueves, la historia puede cambiar radicalmente. Después de haber pasado por siete debates, en la plenaria del Senado se discutirá por octava y en su último paso la iniciativa que propone reformar la Carta Magna para habilitar ese castigo a los violadores de menores de edad.

Las ponencias ya están radicadas y se anunció desde la Secretaría que el proyecto se discutirá este 18 de junio, 8 días después de haber sido aprobado en la Comisión Primera, tal como indica la Ley Quinta de 1992 -que dicta el reglamento del Congreso-. De aprobarse esta iniciativa, el texto constitucional sería modificado para que se habilite la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico colombiano para los casos relacionados con abuso y violación sexual de menores de edad. Con esta determinación, el Congreso deberá también modificar el Código Penal para incluir este tipo de castigo y su uso, incluyendo la propuesta de que la pena puede ser revisada a los 25 años de haberse impuesto.

La victoria en Cámara del proyecto, avalado por el gobierno Duque, fue casi que apabullante y sin mayores complicaciones. Es en el Senado que el camino se ha puesto cuesta arriba, sobre todo ante la presión de que tiene que estar votado y aprobado antes del 20 de junio, pues es un acto legislativo que solo tiene un año para su discusión y no puede ser incluido dentro de las sesiones extraordinarias que podría convocar el Ejecutivo. Es decir, solo tiene tres días para que la plenaria lo discuta, vote y, en caso de modificación y aprobación, concilie con el texto al que la Cámara le dio el visto bueno. Los tiempos dan, pero cualquier demora o desliz puede hacer que el proyecto sea archivado, una dura derrota al estar tan cerca de su aprobación.

Las amenazas de que el trámite se complique vienen de lo ocurrido hace una semana en la Comisión Primera. Allí la iniciativa enfrentó dos ponencias de archivo por parte de los senadores Roy Barreras, de la U, y Rodrigo Lara, de Cambio Radical. Para ellos, el proyecto cae en “populismo punitivo” y va en contra de la Constitución. Además, como señaló Barreras a este diario, el incremento de penas no es efectivo, pues el problema es el no juzgamiento de los responsables, y se “desarticula todo el sistema penal”, al abrir la puerta para que otro tipo de delitos sean castigados de la misma forma.

Además de enfrentar el riesgo de archivo, la votación se retrasó ante una recusación a los 22 miembros de la Comisión. Según Esteban Salazar Giraldo, investigador de la fundación Paz y Reconciliación, gestor de dicha recusación, los congresistas no podían darle trámite a la iniciativa, ya que tenían un interés directo en materia electoral con el debate y un conflicto de intereses moral para reformar la Constitución a través de la virtualidad. La solicitud fue resuelta únicamente por el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez López, quien aseguró que no existían las pruebas suficientes para aceptar el recurso. Sin embargo, bajo el argumento de que las recusaciones deben ser estudiadas por la Comisión de Ética en pleno, varios senadores se abstuvieron en participar de la votación.

Lo cierto es que tanto los intentos de archivo como las recusaciones tienen en veremos el futuro del proyecto. Rodrigo Lara advirtió que volverá a impulsar la ponencia de archivo, que ya fue rechazada en la Comisión Primera. Sabe que será difícil lograrlo, pero destacó las posiciones diferentes que hay en plenaria y que permitirían un mayor debate. Roy Barreras fue más allá y dijo: “Si en Comisión nos demoramos nueve días en discutir el proyecto, y éramos 22 senadores, imagínense cuánto vamos a tardar más de 100”. El senador de la U advirtió que la cadena perpetua no será votada antes del 20 de junio y, al ser el primer punto en el orden del día de hoy, hundirá otros proyectos que tienen la misma fecha límite.

Las recusaciones son otro asunto que no está solucionado y podría traer nuevamente problemas. Al no ser resueltas por la totalidad de la Comisión de Ética, varios aseguraron que los miembros de la Comisión Primera siguen recusados. Para Esteban Salazar Giraldo, “hubo irregularidades sobre la decisión que se tomó sobre mi recurso. Como se tomó de forma unilateral, se mantiene la recusación de la Comisión”, comentó el accionante, que no descartó nuevas acciones en la plenaria. Este argumento lo comparte Roy Barreras, que confirmó que este jueves no participará de la discusión para evitar posibles demandas por pérdida de investidura, que ya han ocurrido en contra de los senadores que votaron el proyecto la semana pasada.

En la banda opuesta, los afines al proyecto tienen la seguridad de que será aprobado a tiempo. La senadora conservadora Esperanza Andrade aseguró que incluso hoy podría haber humo blanco, aunque no cantó victoria. El senador cristiano John Milton Rodríguez también fue optimista del futuro del proyecto y defendió el procedimiento con el que se descartaron las recusaciones: “La recusación era absurdamente ridícula y las pruebas no hacían honor a la denuncia. El presidente tenía toda la facultad para no aceptarla”. Y no renunciará a su intento por modificar el proyecto y hacer que la revisión de la pena sea a los 40 años.

Si se llega a aprobar lo propuesto por el senador de Colombia Justa-Libres, el proyecto estaría en riesgo de archivo. Hasta el momento, el texto aprobado por Cámara sigue sin modificaciones, por lo que, al introducirse el cambio sugerido por Rodríguez, tendría que pasar a conciliación antes del 20 de junio, reduciendo un día más el margen de maniobra para su aprobación. Un obstáculo todavía salvable para un proyecto al que desde le anuncian demandas ante la Corte Constitucional por vicios en su trámite y constitucionalidad.

Las dificultades son varias, pero si se llegan a superar Colombia se convertirá en el décimo país latinoamericano que admite la cadena perpetua. Aunque la medida busca combatir la reincidencia frente a los delitos sexuales contra menores, en el Congreso ya se están moviendo otras iniciativas que incluyen este tipo de castigos para otros delitos. Por ejemplo, con los hechos ocurridos en los últimos días se plantea contemplar la cadena perpetua para los casos de feminicidio. Por eso no es descabellado decir que la decisión que tome el Senado podría abrir un paraje totalmente inexplorado en el ordenamiento penal colombiano.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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