El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las FARC-EP (en adelante Acuerdo Final), trajo consigo la disminución de muertes en combate entre miembros de la Fuerza Pública y dicha guerrilla. Sin embargo, también marcó un alarmante recrudecimiento de la violencia dirigida a personas que ejercen liderazgos políticos y sociales. En particular, llama la atención que quienes desde los territorios han defendido el Acuerdo Final e impulsado su implementación se han visto especialmente afectados/as.