Esta semana, Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo, decisión que aplaudió Colombia al considerar que la isla ha sido negligente al negarse extraditar a la delegación negociadora del Eln que permanece allí. Esta postura, para el movimiento es un comportamiento hostil contra el gobierno de La Habama.

Para la plataforma ciudadana y de exjefes negociadores del Acuerdo de Paz con las Farc –Defendamos la Paz–, el reciente anuncio de Estados Unidos en el que incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, así como el respaldo de Colombia por esa decisión, es una clara estrategia del gobierno colombiano para minar el acompañamiento internacional.

“(Esta estrategia) podría dejar huérfano de garantes al proceso de paz que logró el desarme, la desmovilización y la reincorporación de las Farc”, se lee en un comunicado del movimiento.

A su juicio, el rol de Cuba durante la negociación con el extinto grupo guerrillero entre 2012 y 2016 merece todo el reconocimiento y agradecimiento, contrario al comportamiento hostil que la isla ha recibido por parte del Gobierno.

La razón por la que Cuba fue incluida en esa lista junto a Venezuela es su renuencia para extraditar la delegación negociadora del Eln que se encuentra en La Habana desde mayo de 2018, tras el cambio de sede que, en principio, estaba en Ecuador.

Aunque el gobierno Duque nunca se ha sentado a reanudar el diálogo con el Eln, pues insiste que para dar ese paso el Eln debe de cesar cualquier actividad ilegal y entregar a los secuestrados, la guerrilla permaneció en la isla a la espera de la reactivación de un nuevo ciclo.

No obstante, el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, en enero de 2019, le dio la razón al presidente Iván Duque para romper definitivamente la mesa de negociación con el Eln, autor de la ofensiva en la que murieron 22 personas, y pedirle a Cuba extraditar a la delegación que permanecía en su jurisdicción.

La decisión de Duque llevó a un debate internacional por su desacatamiento a los protocolos firmados ante una eventual ruptura de la negociación, que obligaba al Gobierno a regresar a la delegación de forma segura al país. Sin embargo, esto no sucedió debido a que el Ejecutivo interpretó una sentencia a la luz de que la política de paz es una política de gobierno, mas no de Estado, por ende, no tenía la obligación de cumplir dichos protocolos, según la explicación que dio en su momento el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

Resguardándose en la letra del protocolo, Cuba se ha negado a extraditar la comisión del Eln en su país, en calidad de país sede. Noruega, país garante, a diferencia de Chile y Brasil, fue la otra voz que pidió el cumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla. Esta situación se convirtió, entonces, en el motivo por el cual la isla volvió a la lista de Estados Unidos desde 2015.

“El respeto del protocolo de ruptura constituye una obligación del Estado y, de ninguna manera, la insistencia de Cuba en su acatamiento se puede asimilar a complicidad con terrorismo”, reiteró Defendamos la Paz.

La inclusión de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo y el eventual apoyo de Colombia a la decisión impulsó al Partido FARC a levantarse de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) del Acuerdo de Paz, uno de los elementos principales del Acuerdo.

FUENTE: EL ESPECTADOR