Víctimas solicitan a la Jurisdicción Especial para la Paz que articule la intervención de cinco cementerios para establecer las causas de muerte e identidad de 2.000 cuerpos inhumados como no identificados. Muchos de ellos son casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros del Ejército.

El Colectivo Orlando Fals Borda (OFB) encabeza la solicitud de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a la Jurisdicción Especial para la Paz para coordine con entidades como Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) un plan para la búsqueda, identificación, exhumación y entrega digna de los cuerpos de miles de víctimas enterradas en cinco cementerios de Meta y Guaviare. Según información de la Fiscalía y el Colectivo, allí habrían 2.304 cuerpos enterrados como no identificados, de los cuales, 1.674 fueron reportados por Unidades de la Cuarta División del Ejército y la Fuerza de Tarea  Conjunta Omega como muertos en combate. 

De acuerdo con Laura Posada, abogada del Colectivo OFB, a partir de investigaciones hechas por la Fiscalía y los casos de víctimas que acompañan han podido establecer que hay casos de personas reportadas como “bajas en combate” por el Ejército que no eran combatientes. 

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“Es importante que la JEP esclarezca las circunstancias en las que murieron estas víctimas de posibles ejecuciones y la responsabilidad de altos mandos, pero que también sean identificados estos cuerpos y entregados a sus familias hayan sido o no combatientes”, agrega. 

También se pregunta qué ha pasado con el informe “Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales”, el cuál recoge estos casos de desaparición y ejecuciones extrajudiciales en la región. El documento fue entregado en agosto de 2019, siete meses atrás y, según ella, no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) sobre cómo el abordaje.

El universo del número de víctimas de los mal llamados falsos positivos en los cementerios de La Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare aún no ha sido definido por ninguna entidad. El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía (Grube) es la identidad que más adelantado está labor. Desde el 2010 a la fecha han exhumado 1.694 cuerpos y han identificado 899 personas de manera preliminar.

La petición va más allá de los cementerios de los Llanos Orientales. El Colectivo OFB considera que las entidades a cargo de la búsqueda deben trabajar articuladas para crear y ejecutar una ruta de intervención de todos los cementerios del país. 

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“Vemos que cada institución está haciendo cosas por aparte y esto genera mucha desorganización en la búsqueda, así como ocurría antes de la firma del acuerdo de paz. Nuestra solicitud es que se defina una política de intervención de los cementerios en todos el país en la que trabajen de manera organizada todas las entidades a cargo”, puntualizó. 

Precisamente, en la mañana de este jueves el Colectivo OFB junto con representantes de la JEP, Fiscalía y UBPD están reunidos para definir una ruta de intervención. El Ministerio del Interior, que es el responsable de la protección de los cementerios municipales, no asistió a la reunión. 

“La política de protección de cementerios es deficiente, no hay la asignación de recursos necesaria y las alcaldías tampoco tienen las capacidades de hacer tratamiento, control y vigilancia de los cementerios. Por eso fueron el escenario durante el conflicto armado para el enterramiento de las víctimas y el ocultamiento de los crímenes”, señaló la abogada.

FUENTE: EL ESPECTADOR