Con esta decisión, el proceso que investiga la cruel violencia que han sufrido las comunidades indígenas y afro en el Cauca y el Valle se convierte en uno de los hitos de la justicia transicional.

La violencia se ha ensañado por años sin misericordia contra las comunidades étnicas. Los pueblos del Cauca han cargado con lo peor de una guerra que no es de ellos. Y esta semana, por primera vez, ese trasegar podría comenzar a hacerse camino en la nueva justicia que creó el acuerdo de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) como víctimas colectivas dentro de uno de sus casos más emblemáticos.  

La cifra de víctimas es impresionante: 124.785. El número corresponde a miembros de 31 Resguardos y Cabildos Indígenas del Pueblo Nasa que han sido golpeados por el conflicto armado. El caso, que en la JEP se conoce como el 005, es una de las apuestas de ese sistema transicional, que le apunta a resolver grandes procesos, ante la imposibilidad de estudiar una a una las atrocidades que han sufrido los colombianos en la guerra. Esta acreditación hace parte de la ruta de participación de las víctimas dentro del Caso 005, liderada por los magistrados Raúl Eduardo Sánchez Sánchez y Belkis Izquierdo Torres.

Hace unas semanas, más de 1.000 indígenas del Norte del Cauca había protagonizado una de las postales más conmovedoras de ese ejercicio de justicia transicional que se ha dado en el país luego de la firma del acuerdo con las Farc.

En la Universidad Nacional, el pueblo nasa solicitó con una ceremonia de armonización, su participación en el caso judicial. Los nasa han vivido como casi ninguna otra comunidad en medio del fuego cruzado. La comunidad, compuesta por decenas de resguardos, ha resistido valientemente tomas, masacres, asesinatos selectivos y violaciones fruto de brutales confrontaciones entre el Bloque Occidental de las Farc, la Tercera División del Ejército y el Bloque Calima de las Autodefensas.

El Caso 005 investiga 2.308 hechos victimizantes ocurridos en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en El Cauca y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera en el Sur del Valle.

Este proceso priorizó el esclarecimiento de hechos de desplazamiento forzado, conductas que afectan la libertad, violencia sexual, muertes productos del conflicto, confinamiento y siembra de minas antipersonal, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente cometidos por las Farc y la fuerza pública en esa región.

En este proceso territorial también se han acreditado 20.205 víctimas pertenecientes a 47 Consejos Comunitarios Afrodescendientes agrupados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y otras organizaciones Afro del Sur del Valle. Con esta acreditación el principal derecho que adquieren las víctimas es la posibilidad de intervenir en las versiones voluntarias que ya han sido ordenadas dentro del Caso 005, tal como se ha venido realizando en los demás casos de la JEP que tratan el secuestro, los falsos positivos, entre otros.

La JEP ha reconocido más de 190.000 víctimas del conflicto armado que ya están teniendo una participación muy activa en todas las audiencias.

La Corte Constitucional ha destacado que esta participación es esencial para la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y ha sido aceptada por las Farc y por los comparecientes de la fuerza pública, como un mecanismo esencial para materializar los derechos de las víctimas.

Dentro de los siete casos priorizados por la JEP se han presentado miles de colombianos para ser acreditados como víctimas: 9.264 en el caso 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP, 48712) en el caso 002 (graves violaciones a los derechos humanos y al DIH en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas), 885 en el caso 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), 15 en el caso 004 (Urabá), 124.785 en el caso 005 (situación territorial del Norte del Cauca y el Sur del Valle), 6.226 en el caso 006 (genocidio de la Unión Patriótica) y 451 en el caso 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado). En total la JEP ha reconocido más de 190.000 víctimas del conflicto armado que ya están teniendo una participación muy activa en todas las audiencias.

Esta acreditación viene en uno de los momentos más complejos para los indígenas del Cauca, pues ha coincidido con el asesinato de al menos seis líderes sociales en el departamento -en lo corrido del 2020-, varios de ellos miembros de los pueblos indígenas que intentan preservar la autoridad en sus territorios en medio de una guerra entre las disidencias, el ELN y un reducto de los Pelusos.

Estar a favor de la sustitución de cultivos ilícitos ha hecho que los indígenas sean blanco de amenazas, desplazamiento y asesinatos a sangre fría como los ocurridos la semana pasada. El 15 de enero, el comunero Jaiber Alexander Quitumbo, de 30 años, fue interceptado por hombres armados mientras trabajaba en su parcela y posteriormente abaleado varias veces. Este hecho sucedió en la vereda Vichiquí, municipio de Toribío, norte del Cauca.

Cinco días antes hubo un doble homicidio en el corregimiento El Palo, sobre la vía que comunica a los municipios Caloto y Corinto. Ahí fueron atacados con arma de fuego los indígenas Juan Pablo Dicué Guejía, de 18 años, y Amparo Guejía Mestizo, de 41 años. 

Ante este panorama, las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han pedido que “pare el genocidio”, que si bien “no es tan mediático como hace unos meses”, sigue cobrando la vida de más miembros de su comunidad. 

FUENTE: SEMANA