Menores de edad, indígenas, líderes y mujeres fueron asesinados extrajudicialmente por el Ejército Nacional en este departamento, según organizaciones de derechos humanos que documentaron 79 casos. Sebastián Bojacá, abogado de víctimas, cuenta algunos hallazgos.

El pasado 23 de octubre la JEP recibió el informe por parte de las víctimas. / Paola Sánchez – Comisión Colombiana de Juristas.

El 19 de enero de 2005, una madre reportó la desaparición de su hijo menor de 15 años. Lo había mandado a comprar unas yucas, hubo una balacera y ya no lo encontraba. Se acercó a un lugar en el que estaban miembros del Ejército y les preguntó por él, si acaso lo tenían retenido. Ese mismo día, en la vereda Lejanías, municipio de Tame (Arauca), en el desarrollo de la orden de operaciones No. 013 de 2005 conocida como “Benjamín”, fue presuntamente ejecutado este menor de edad, por miembros de las compañías Búfalo y Búfalo 2, del Batallón de Contraguerrillas No. 44, al mando del mayor Leonardo Fonseca Reita, adscrito a Brigada Móvil No. 5 de la Segunda División del Ejército Nacional. A la madre le dijeron que ese día solo habían muerto dos guerrilleros uniformados y armados.

Las compañías involucradas en la operación lo reportaron como muerto en combate y posteriormente lo inhumaron sin identificar. Al mismo tiempo, la madre iba a la morgue y al batallón “Navas Pardo”, donde tampoco obtuvo respuesta y la enviaron a la Brigada No. 5. La Procuraduría asumió la búsqueda y luego, por medio de fotografías, la madre logró reconocer a su hijo, que había sido registrado con otro nombre en el acta de inspección de un cadáver. Según un documento de la Procuraduría, esta logró probar que sí había sido una ejecución extrajudicial mediante varios hechos: el registro fotográfico de dos cadáveres de dos menores de edad, que demostró el homicidio de la víctima; la copia del informe de Policía Judicial de fecha 28 de abril de 2005, en donde se deja constancia de que el fusil que presuntamente portaba la víctima no era apto para ser disparado; lesiones antemortem que demostrarían tortura previa a la ejecución; la declaración de un testigo que manifestó cómo los miembros del Ejército retuvieron al menor, ya que no tenía documentos, y narra que lo golpearon y colgaron de la viga de una vivienda. Posteriormente, escuchó sus gritos y la detonación de unos disparos.

Ese es uno de los casos que más llama la atención de los 79 que lograron documentar en Arauca las organizaciones Corporación Jurídica Yira Castro, Asociación Minga, Humanidad Vigente y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). En total, fueron 116 víctimas, y a partir de la investigación de cada caso se ven unos patrones. El primero: el Ejército Nacional ejecutó civiles de todo tipo; menores de edad, indígenas, mujeres y líderes. El segundo: la impunidad; solo cuatro de estos casos tienen condenas. El tercero: como en otros casos, la manipulación de los cuerpos y las escenas del crimen. Sebastián Bojacá, abogado de la CCJ y representante de víctimas, explica algunos de los hallazgos de este informe que le entregaron a la Jurisdiccón Especial para la Paz (JEP) para aportar al caso 003, sobre ejecuciones extrajudiciales.

¿Hay patrones para escoger víctimas?

En Arauca hay una singularidad y es el asesinato indiscriminado de la población civil. Podemos establecer que la gran mayoría de ellos eran miembros de la población civil y eran campesinos. Estos, en su mayoría fueron ejecutados cerca del lugar donde laboraban o habitaban y posteriormente serían trasladados a las brigadas o los batallones donde la escena del crimen y adicionalmente el cuerpo de la víctima serían intervenidos por los militares para buscar impunidad.También hay que decir que existían víctimas sindicalistas, líderes sociales, mujeres y miembros de las comunidades indígenas, que era lo que reflejaba este patrón general de un ataque contra la población.

¿Hubo desaparición forzada?

Hay una cantidad de casos importantes en que los ataques a la población, sobre todo los que eran dirigidos contra menores de edad, eran desaparecidos forzados buscando impunidad. Al menor lo retenían los miembros del Ejército, en algunas ocasiones era torturado y luego desaparecido; y cuando los padres iban a preguntar en las brigadas o las unidades tácticas, el Ejercito negaba saber del joven. Y de hecho, una situación en la que muy poco se ahonda es la desaparición forzada previa a la ejecución extrajudicial como una estrategia en la comisión del crimen.

¿Cómo los desaparecían?

En una cantidad importante de casos, en fosas comunes. Adicionalmente lo que habría que establecer es que las víctimas habían sido despojadas de sus documentos e inclusive inhumadas como N.N., con el objetivo de que sus familias no las pudieran reconocer. En algunos casos sucedía que cuando reportaban la ejecución extrajudicial informaban por la radio del Ejército en Arauca que habían abatido a un guerrillero (s) de un nombre particular; y así los familiares se enteraban de que este no había sido guerrillero (s) pero había sido asesinado.

¿Dónde y cómo llegaron los familiares a estas fosas comunes?

Lo que sucede es que cuando el Ejército cometía las ejecuciones extrajudiciales lo que hacía era que cuando no había nadie que reclamara a la víctima (que en sí ya era una situación muy difícil por la negativa (…) para decirles cuál era el paradero), entonces realizaba una fosa común sin establecer ningún tipo de identificación o lugar en particular. Hay que entender que la zona de Arauca es mayormente rural; entonces en el lugar donde se abría la fosa común quedaban las víctimas. Y cuando los familiares buscaban o cuando sabían e iban a revisar quiénes estaban en la misma, se enteraban de que posiblemente era (n) familiar.

¿En Arauca los militares también tenían funciones de policía judicial? ¿Eso quiere decir que los levantamientos los hacían ellos mismos, no el CTI?

No, lo que hay que establecer es que el levantamiento del cadáver era realizado de una manera u otra por el Ejército, quien argumentaba situaciones de seguridad para transportar el cuerpo desde el lugar de los hechos. La función de este levantamiento es estrictamente del policía judicial hoy por hoy, y ellos los llevaban a la brigada. Los cuerpos eran manipulados y era parte de una estrategia de encubrimiento en donde se profería, en muchos casos, la impunidad. Si bien en los casos de ejecuciones extrajudiciales de Arauca estas personas cometían la ejecución, por ejemplo, en un lugar aledaño a la vivienda de la víctima, lo que hacían normalmente era llamar a un helicóptero para trasladar el cuerpo a la brigada o los batallones. Y en muchos de los casos se logró establecer la intervención para el encubrimiento.

Hay 120 militares investigados por estos casos. ¿Hay altos mandos?

La mayoría de los miembros del Ejército que mencionamos en el informe son autores materiales y eso quiere decir que son soldados profesionales o suboficiales. Sin embargo, en el periodo de 2002 a 2010 hay algunos brigadieres o tenientes coroneles mencionados.

¿Cuáles?

Habría que empezar con Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien fue comandante de la segunda división y tiene una serie de casos en dicha posición, no solo en Arauca, sino que reconocen que bajo su mando ocurrieron ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander; y de allí surge el pedido de las víctimas de esclarecer cómo bajo su mando ocurrieron ejecuciones extrajudiciales en distintas zonas del país y no se realizó ningún tipo de control de procedimiento disciplinario o denuncia penal aun y cuando los mismos familiares de las víctimas habían denunciado.

También las víctimas se preguntan por la responsabilidad del actual comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro, cuando era segundo comandante o jefe de Estado Mayor. Vale la pena mencionar que existen por lo menos cinco casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por nosotros.

¿Se han acogido a la JEP?

Pudimos realizar un paneo de cuántos de ellos se habían acogido a la JEP y tenemos que por lo menos más de 40 miembros del Ejército involucrados en hechos de Arauca han pedido acogerse a la JEP.

¿Para las víctimas esto que significa?

Las víctimas tienen una gran expectativa frente a la JEP, así se lo señalaron al magistrado que recibió el informe. Por lo menos en uno de los casos que represento hay 18 militares involucrados y seis de ellos han solicitado acogerse a la JEP, los han recibido y están a la espera de rendir versión voluntaria. Eso para el familiar de la víctima ha significado bastante, tras por lo menos 12 años sin tener ningún tipo de verdad ni de justicia sobre el caso de su hermano.

FUENTE: EL ESPECTADOR