Esa colectividad y la Juventud Comunista entregarán un informe que da cuenta de que 525 de sus integrantes fueron asesinados o desaparecidos en medio del conflicto. Aseguran que hubo un genocidio político y que el anticomunismo ha sido una política de Estado.

Magnolia Agudelo era secretaria política de la Juco Medellín. Se salvó de una masacre en 1987 porque estaba en Ibagué el día que la perpetraron. / Mauricio Alvarado

A Magnolia Agudelo, de 57 años, todavía se le quiebra la voz cuando relata lo que tuvo que vivir cuando tenía 25. El 24 de noviembre de 1987, tres hombres armados ingresaron a la sede de la Juventud Comunista (Juco), en pleno centro de Medellín, y asesinaron a cinco jóvenes. Agudelo asegura que los únicos que no se dieron cuenta de la masacre fueron los policías que debían estar a la entrada de la casa, porque en el momento que llegaron los asesinos, los uniformados estaban tomando tinto. Esa matanza es uno de los casos incluidos en el informe que el Partido Comunista le entrega hoy a la JEP y que documenta la violencia contra esa colectividad entre 1958 y 2016.

Ese 24 de noviembre fueron asesinados Luz Marina Ramírez, María Concepción Bolívar, Orfelina Sánchez, Irian Suaza Jaramillo y Pedro Sandoval. “Nunca calculamos que fueran a entrar a hacernos una masacre”, recuerda Agudelo. Aunque tenían certeza de que algo malo iba a pasar, porque días antes se habían percatado de seguimientos, no pensaron que fueran a llegar tan lejos. El golpe de realidad fue cruel, la violencia contra los comunistas estaba tan legitimada que la familia de Luz Marina no quería que sus compañeros fueran al velorio porque los señalaban de ser, en parte, culpables por invitarla a integrar la Juco.

Así registró el diario El Espectador la masacre de los jóvenes comunistas.Archivo El Espectador

“Después de eso no fue posible reconstruir el trabajo”, cuenta Agudelo. Antes de la masacre, la Juco hizo un censo en el que determinó que solo en Medellín tenía 300 integrantes. La organización realizaba labores intensas en colegios, universidades y barrios de esa ciudad. “Nadie quiso volver a entrar, hubo una desbandada muy grande. Yo creo que hoy no tenemos ni 50 militantes en esa ciudad”, se lamenta.

A pesar de que Agudelo se salvó porque el día de la masacre estaba en Ibagué, su vida se volvió angustia. Durmió en 120 casas diferentes por el temor de ser asesinada o desaparecida. “Más de una vez llegaron hombres armados preguntttando por mí, pero yo había salido cinco minutos antes”, relata. Un día un compañero del partido, para demostrarle el riesgo en el que estaba, le preguntó: “¿La camarada va a ser historiadora en la tumba?”. Esa frase la marcó y decidió desplazarse a Bogotá, donde vive desde el 28 de septiembre de 1998.

Esta fue la página del Semanario Voz cuando ocurrió la masacre.Semanario Voz

Hoy, 32 años después de la masacre, Agudelo asegura que la JEP significa una esperanza: “Se acude a esa jurisdicción como un reconocimiento a su buen juicio y por el papel que tiene para mostrarle un camino diferente a este país: la justicia restaurativa y no la de la venganza”.

Un documento sobre la infamia

“Es un genocidio político continuado”, enfatiza Rubiel Vargas, quien realizó el informe y es el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En el documento hay consignados 525 asesinatos y desapariciones contra miembros del Partido Comunista y de la Juco. “El partido fue destruido en municipios como El Castillo (Meta). En Urabá ahora no hay presencia de militantes cuando en los 70, 80 y 90 era muy grande”, complementa Vargas.

El documento da cuenta de que los integrantes del Partido Comunista fueron perseguidos en todas las plataformas políticas en las que han participado: en la Unidad Nacional de Oposición, que existió entre 1972 y 1982. Luego, en el Frente Democrático, en los ochenta, y siguieron la Unión Patriótica, el Frente Social y Político, el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Marcha Patriótica. En todos registraron víctimas.

El informe es preliminar; la colectividad entregará otro en diciembre con más datos. El que entregan hoy tiene cinco capítulos: el primero señala a 156 posibles responsables de la persecución, basados en sentencias judiciales, investigaciones de organizaciones de derechos humanos y el Semanario Voz; el segundo tendrá el universo de los 525 casos, de los cuales pedirán que se prioricen 100; el tercero muestra las 15 regiones donde se registraron víctimas, de las cuales pedirán especial atención a Meta, Urabá y el Magdalena Medio; en el cuarto mostrarán alrededor de 250 leyes y decretos anticomunistas expedidos por el Estado (como la prohibición de entrada al país de los comunistas en 1920 o la declaratoria de ilegalidad del partido en 1954), y en el último argumentan que la persecución contra los comunistas se debería considerar un genocidio político.

En la ceremonia de entrega del informe también hablarán familiares de algunos dirigentes del partido, como Teófilo Forero (asesinado el 27 de febrero de 1989), Miguel Ángel Díaz (desaparecido desde el 5 de septiembre de 1984), Jaime Pardo Leal (asesinado el 11 de octubre de 1989) y de los sindicalistas de la colectividad que fueron asesinados. Agudelo, que presentará el caso de la Juco en Medellín, dice que lo mínimo es que “las familias sepan qué fue lo que pasó, que se devele ante la sociedad colombiana quiénes estuvieron detrás de la masacre”.

Andrea Forero, hija de Teófilo Forero, estuvo presente en la entrevista con Agudelo. En un momento en que esta última rompió en llanto, aquella la abrazó y dijo una frase que resume la resistencia ante la persecución que han sufrido durante décadas los comunistas en Colombia: “Aquí seguimos”.

FUENTE: EL ESPECTADOR