En los últimos cuarenta años, 14.858 trabajadores sindicalizados han sufrido algún tipo de violencia. Los ataques han venido de paramilitares, el Estado, las guerrillas y otros actores no identificados. Están documentando sus historias para entregarlas al sistema de justicia transicional.

El 25 de agosto de 1987, María Rosalba Gómez recibió una llamada en la que le decían que se fuera, que se perdiera de su casa y de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), el sindicato de maestros, al que pertenecía. Todavía recuerda el miedo que sintió cuando ve las fotos de los muertos de ese día. En la mañana, poco antes de la amenaza que recibió, habían asesinado a Luis Felipe Vélez, el presidente de Adida, saliendo de la sede de la organización. Luego, en la tarde, dispararon y mataron a Héctor Abad Gómez y a Leonardo Betancur, médicos, profesores sindicalizados y defensores de derechos humanos, en el mismo lugar.

María Rosalba recuerda que se fue. Se tuvo que ir y dejar su casa, sus hijos y su liderazgo en la organización, donde se dedicaba a los temas de igualdad de género.

María Rosalba escogió recordar a sus compañeros asesinados escribiendo cómo vivió ese 25 de agosto y los meses posteriores, cómo el terror se apoderó de ella y de la organización y también cómo volvió al sindicato y siguió luchando. Esa historia la empezó en el primer Taller de Narradores y Narradoras Sindicales por la Verdad, que realizó la Escuela Nacional Sindical en Medellín hace una semana; una de las actividades que vienen adelantando para contar qué les pasó a los trabajadores sindicalizados en el conflicto armado. Así han logrado establecer una base de datos con 14.858 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad de sindicalistas entre el 1° de enero de 1973 y el 31 de marzo de 2019. De estas, en 3.191 casos los trabajadores han perdido la vida.

Sin embargo, las afectaciones son mucho más amplias e incluyen sucesos complejos que han roto familias enteras y quedaron registrados como “amenazas” (más de 7.000) o “desplazamientos forzados” (casi 2.000 casos).

En el taller, al que asistieron alrededor de treinta sindicalistas de las centrales obreras CUT, CGT y CTC, aparecieron relatos de dolor por los cuerpos de los sindicalistas asesinados que bajaron por los ríos Magdalena y Nare; la impotencia que sintió un trabajador que no pudo ir al velorio de su compañero, asesinado en el Meta, poco después de separarse de él, o los problemas familiares que tienen las mujeres que se desprenden de sus liderazgos sindicales. De eso, dicen, no se habla. Y es importante, porque el conflicto destrozó más vidas de las que se contaron en las morgues.

Este proceso se hizo con un fin: documentar sus historias de violencia para entregárselas a los organismos del sistema de justicia transicional: Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Así, la búsqueda de la verdad va por el componente judicial, porque la mayoría de los casos están en la impunidad; por la verdad histórica, para conocer la magnitud de estas afectaciones, y para encontrar a los desaparecidos del movimiento sindical.

“Pedimos del Estado respeto por nuestra vida. Ser sindicalista es ser líder social en bien de la paz, la vida, los derechos laborales y económicos de las mujeres.”

Gómez, que es maestra y fue dirigente de Adida, de Fecode y, ahora, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le apuesta a encontrar la verdad aunque este momento no la hace sentir segura. “Hoy yo vuelvo a ver lo mismo, la misma angustia, el mismo terror, la misma tristeza, la estigmatización y los señalamientos, las matanzas de los líderes sociales y sindicales”. Y se refiere a las historias que escuchó mientras coordinaba las instancias de género de estas entidades. “Pedimos del Estado respeto por nuestra vida. Ser sindicalista es ser líder social en bien de la paz, la vida, los derechos laborales y económicos de las mujeres”.

Estas solicitudes las escucharon representantes de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz. A sus manos llegarán los testimonios y los informes que están construyendo los diferentes sindicatos.

Andrea Jiménez Toro, investigadora del equipo nacional de participación de la Comisión de la Verdad, dijo que en el mandato de la Comisión es clara la necesidad de esclarecer qué pasó con este sector social. “El sindicalismo es una apuesta por la democracia participativa, entonces desde el ejercicio de la Comisión debemos hablar de los impactos del conflicto en la democracia, debemos retomar lo que ha pasado con las organizaciones sociales en general y con el sindicalismo en particular. ¿Cuáles han sido los impactos que ha sufrido el movimiento sindical en el conflicto armado?”.

Y esta pregunta es importante, pero también está el porqué. ¿Por qué asesinaron, desplazaron, desaparecieron y amenazaron a los sindicalistas en Colombia? La respuesta a la que siguen llegando es el grado de estigmatización que se posó sobre este sector desde hace décadas, recordando los años del Estatuto de Seguridad, en el que el Estado podía detener a las personas por simple sospecha. ¿Sospecha de qué? De ir en contra de los intereses del establecimiento. Así se han justificado delitos cometidos por el paramilitarismo (3.771 casos), diciendo que sindicalismo es igual a guerrilla. Y, a la vez, las guerrillas también los han victimizado (456 casos).

Sandra Viviana Alfaro, enlace territorial de la JEP en Antioquia, cree que la construcción de esos informes puede aportar a un camino de reparación que piense cómo construir un futuro diferente para los sindicalistas del país. Este proceso dará como resultado la entrega de varios informes a la justicia transicional, y esperan acordar, con la Comisión de la Verdad, un Encuentro por la Verdad con los sindicatos.

FUENTE: EL ESPECTADOR