Racismo, violencia sexual, desplazamiento y la ruptura de las organizaciones fueron algunas de las afectaciones de los actores del conflicto a las mujeres del municipio Buenos Aires. En su informe “Voces valientes” las documentaron para entregarlas a la Comisión de la Verdad.

Antes de que las tierras de Buenos Aires (Cauca) se llenaran de armas, minas y sangre había cultivos, unos ríos limpios y llenos de oro y unas familias que eran como hermanas. Las mujeres se iban a barequear (sacar oro del río de manera artesanal) o sembrar, se juntaban en esos espacios y planeaban actividades, se reían, se contaban cosas, identificaban problemas y planteaban soluciones, porque había un buen grado de organización entre ellas. Los niños iban a las escuelas y los maridos, a trabajar. No era una vida perfecta, había muchas necesidades básicas insatisfechas. Nada de luz permanente o agua potable, pero había un territorio rico que proveía a las familias para vivir bien. Ahora las mujeres negras del norte del Cauca piensan que esa fue una de las mayores motivaciones por las que los grupos armados se asentaron ahí. Primero las guerrillas, durante décadas, y luego los paramilitares del Bloque Calima de las Auc. A estos últimos, desde el 2000, es a los que identifican como responsables de las prácticas más crueles contra ellas.

Recuerdan el racismo, la violencia sexual, el trabajo doméstico forzado, el desplazamiento forzado y la prohibición de las “juntanzas” entre mujeres, y cómo eso afectó su forma de ejercer la maternidad, las actividades productivas y los liderazgos. Y todavía lo recuerdan con dolor y tienen miedo. Sin embargo, fueron capaces de reunirse para compartir, documentar y dejar escrito lo que les hicieron, porque recordar solas no les ayudaba a disminuir los dolores. Desde hace un año y medio, junto a la organización internacional Women’s Link Worldwide, las mujeres de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) recogieron sus testimonios y los consignaron en el informe “Voces valientes”, que entregarán este miércoles 10 de julio a la Comisión de la Verdad.

En este informe identificaron que las violencias más fuertes apuntaban a desarraigarlas de su territorio y quebrarlas mediante crímenes de violencia sexual, como violaciones, esclavitud sexual o tocamientos forzados. Todo esto tiene asidero en el racismo. Clemencia Carabalí, socia fundadora y representante de ASOM, dice que el desplazamiento forzado se dio porque iban por la riqueza y la ubicación estratégica del territorio. Pero, además, esto es importante porque el territorio para las comunidades negras lo es todo. “Para nosotros sin territorio la vida es imposible, porque es ahí donde podemos hacer nuestras prácticas culturales, recrearnos, crecer, desarrollar las prácticas de solidaridad, trabajo conjunto, familia y esas prácticas organizativas. Nosotros sin tierra no podemos ser comunidades y mucho menos personas”.

Y responde también a por qué quitarles las tierras a los afrodescendientes no les parecía gran cosa: “Se cree que nosotros como comunidades negras no tenemos derecho a vivir en tierras ricas, en tierras que garanticen mejores condiciones de vida, entonces se nos desplaza para llegar a esos territorios a explotarlos”. Así, muchas contaron cómo, al salir de los territorios, solo pudieron trabajar como empleadas domésticas. “Aunque éramos mujeres productivas, que trabajábamos y ganábamos nuestro dinero con la agricultura y la minería ancestral, nuestra única salida fue el trabajo doméstico en casas de familia en las que sufrimos acoso y violencia sexual, racismo, discriminación y violación de nuestros derechos laborales”, dijo una de ellas.

Aparece el racismo, que se manifestó en todas las formas de interacción que tuvieron los paramilitares hacia ellas. Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, resume el trato así: “Había una frase muy impactante que ellas resentían mucho y era que les decían que las negras solo eran buenas para la cama y la cocina, cuando ellas eran productivas, campesinas y mineras. Eso no correspondía a la realidad. Además, les ofrecían comprarles a las hijas, como repitiendo patrones de la esclavización. Les ofrecían a las más jóvenes lujos o comodidades para que sostuvieran relaciones sexuales y sentimentales con ellos. Y les prohibían agruparse, para generarles miedo y dominarlas. Eso es muy diciente de ese racismo”.

Ciñéndose a eso, los armados quisieron cooptar todos los espacios de su vida. Las mujeres ya no podían ir a los ríos Cauca y Teta a barequear, allá vieron cómo asesinaban personas y cómo el agua cambiaba de color por la minería ilegal que desarrollaban ellos. Las que cultivaban tenían miedo de que en vez de yuca hubiera una mina. “Antes de que llegara al territorio el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia podíamos dejar a nuestros hijos con nuestras hijas mayores, abuelas, tías y comadres para cuidarlos. Así todas podíamos ir a trabajar en los cultivos o en la minería tradicional y participar en actividades comunitarias. Pero con la llegada de los paramilitares, estar en la casa de otra mujer y reunirse era prohibido, nos acusaban de ser colaboradoras de la guerrilla. Esto acabó con los lazos y con las amistades que construimos entre mujeres de la comunidad y nos impidió realizar actividades económicas productivas, lo que empobreció a nuestras familias”, dice uno de los testimonios recogidos en el informe, hablando de cómo cambió su forma de ejercer la maternidad y la violencia que vino para ellas como consecuencia de no poder producir.

Sin embargo, no fueron solo los paramilitares los que las victimizaron. Ellas recuerdan también otros años difíciles, entre el 2013 y 2016. “Sobre todo en las partes más altas de las montañas se dieron muchos enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla de las Farc, donde pusieron a las comunidades en medio del fuego cruzado, usando armas que están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, explica Ardila. “Ellas detectan que eso afectó la posibilidad de educación de las niñas y jóvenes. Eso tiene un impacto generacional. Las mujeres negras han sido excluidas de la educación y al acceso del poder, eso perpetúa su condición. A pesar de eso es impresionante cómo a través de los combates estas niñas iban a estudiar”. Y muchas lograron graduarse.

Las 232 mujeres que participaron en este proceso, que fue largo y requirió mucho cuidado para no hacer daños mayores a los que ya tenían física y emocionalmente, dijeron que la verdad de su región había sido escrita, pero no las habían tenido en cuenta a ellas, no se sabía qué les hicieron ni cómo resistieron.

Quizá la estrategia que más recuerdan fue cuando hicieron el grupo musical Avances. Consistía en enseñar a los niños y niñas los bailes tradicionales y a tocar los instrumentos propios de la cultura afro, de modo que ellos estuvieran ocupados, junto a ellas y lejos de los armados. También era una excusa para que las mujeres se reunieran, ya que de otra manera no era posible. Incluso, recuerda Carabalí, hubo momentos en los que uno que otro paramilitar quiso aprender a bailar con ellas y, con mucha zozobra, los dejaron participar.

Pero hubo otras. Carabalí recuerda que tuvieron que usar mecanismos de autoprotección para poder moverse en el territorio. “Una de las cosas que ellos (los paramilitares) hacían era poner retenes, entonces cuando pasaba un bus o una chiva, bajaban a toda la gente y el que les caía mal o se le hubiera olvidado la cédula o no les respondiera una pregunta de manera satisfactoria para ellos o lo acusaran de ser guerrillero, inmediatamente lo asesinaban. Entonces nosotras para proteger a nuestros jóvenes y esposos, bajábamos a hacer mercado a Santander de Quilichao o a Jamundí, al sitio del comercio”. También se avisaban unas a otras. Si una se movía de una vereda a otra, llamaban por teléfono, en las cabinas de Telecom, para avisar que salían y que otras estuvieran atentas a su llegada. También escribían mensajes en papelitos y los mandaban con conocidos. 

“Teníamos un fondo rotatorio, se llamaba La emprendedora: apoyo firme para la mujer trabajadora y buena paga, para apoyar las actividades económicas de las mujeres, teníamos técnicos agropecuarios que nos ayudaban para no fracasar en eso. Eso no se podía hacer, pero durante un tiempo bajaban dos o tres compañeras a encontrarse con el técnico y luego subían juntos, o ya después cuando la cosa se complicó mucho, bajaban dos o tres compañeras a un punto específico y el técnico les explicaba la orientación que había que dar. Lo mismo con las trabajadoras sociales o el equipo que iba a ir. Es decir, no andar solas”, dice Carabalí.

Sin embargo, esa resistencia y esos dolores no los habían contado. Cuando empezó este proceso, desde Women’s Link preguntaron si habían participado en Justicia y Paz, y la respuesta fue negativa. Para entonces las mujeres sí empezaron a pensarlo y reunirse, pero “había mucha de esa gente todavía” en sus territorios, dice Carabalí. Esta vez le están apostando a saber los porqués de todo eso: por qué entraron al territorio, violentaron mujeres, las obligaron a serviles y reclutaron a sus hijos, por qué asesinaron y desaparecieron a sus esposos. Por eso le piden a la Comisión de la Verdad que sus historias queden en el capítulo étnico que debe tener el informe final de esta entidad. Están convencidas de que su verdad puede aportar a que esto no se repita.

FUENTE: EL ESPECTADOR