Inconformes y temerosas frente al ineficiente papel que, consideran, están cumpliendo las Comisarías y los Juzgados de Familia, así como el Icbf, en la solución de batallas sobre el cuidado, la custodia y la protección de sus hijos, varias mujeres del valle de Aburrá se están uniendo para conformar un grupo que busca darles mayores herramientas a las madres y que sepan cómo actuar en esas situaciones, sin desconocer que también hay hombres que pasan por lo mismo.

Las historias publicadas en días pasados por EL TIEMPO, sobre Teresa*, Sofía* y María* forman parte de este conjunto de mujeres que denuncian decisiones “injustas y ligeras” de parte de estos funcionarios.

Sonia* es otra de ellas. Hoy vive una batalla con su expareja para que no le quite a su hijo, la amenaza que ha sido constante desde que el niño nació, cuando ellos ya llevaban varios meses de haber terminado una relación de casi un año y medio. 

Ambos, profesionales y con carreras sólidas, emprendieron una lucha en la que, según cuenta Sofía, él ha recurrido a constantes intimidaciones que se basan, principalmente, en que le va a quitar a su hijo.

Por ello, la mujer acudió a una comisaría en busca de ayuda y allí le aconsejaron hacer una conciliación con su expareja, quien contrario a ella, el día del encuentro llegó con un abogado.

“Allá terminé firmando un acuerdo en el que él se podía llevar al niño tres veces por semana, pero me parecía mucho porque el bebé tenía 2 meses, todavía estaba lactando y yo ni siquiera había terminado la licencia de maternidad”, cuenta Sonia.

Añadió que en los 15 meses posteriores él le ha interpuesto varios procesos y demandas en su contra, con el argumento de que es una mala madre, una situación que también llevó a las redes sociales, exponiendo la identidad del niño.“Desde que mi hijo nació estoy viviendo un calvario, me toca llenar una planilla cada que recoge a mi hijo porque a pesar de que se lo lleva, siempre me acusa de no permitirle ningún contacto con el niño”, dijo la madre, quien también relató que él se ha dedicado a atacarla y esto le ha generado daños físicos, sicológicos y pérdidas económicas para pagar abogados en los procesos legales en su contra.

En la última conciliación que tuvieron en un Juzgado de Familia, se tomó la determinación de que el padre estuviera con el niño los martes cuatro horas, los jueves 8 horas y desde los viernes en la noche hasta los domingo, o lunes si es festivos, a las 6 p. m.

Aunque para Sonia es preocupante que el niño de 17 meses esté tanto tiempo alejado de su padre, lo que más le mortifica es que conoce de otras mujeres que en situaciones similares perdieron los cuidados sobre sus pequeños, incluso, en algunos casos en los que hay presunto abuso sexual denunciado por ellas.

Quieren saber qué hacer

Esa es justamente una de las razones por las cuales las madres están conformando el grupo, por el momento en WhatsApp, y están en busca de apoyo de alcaldías, fundaciones y otras instituciones que se quieran sumar. Incluso, las mujeres nuevas que se están sumando son remitidas de forma no oficial hasta las organizadoras de la iniciativa.

Así, poco a poco, van 12 mujeres unidas, todas con historias similares, que también empezaron a consolidar de la forma más organizada posible los documentos que dan cuenta de los procesos que han vivido en las distintas instituciones.

Una de las apuestas más grandes es realizar, en los próximos meses, un evento académico y formativo en el que invitados expertos en la materia les den pautas sobre mecanismos legales en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los menores de edad, quienes en últimas son los que se ven afectados en estas situaciones.

“Estamos tocando puertas porque sabemos que hay muchas madres y muchos padres que están pasando estas situaciones y no saben qué pueden hacer. También creemos que es importante que las instituciones se toquen y evalúen el papel que están haciendo, ya que muchas veces toman las decisiones sin hacer los procesos completos, con visitas, entrevistas y pruebas”, manifestó una de las mujeres, quien agregó que muchas de las madres hoy no están viviendo con sus hijos por decisiones de estas entidades, pero no se ve cuál es la causal.

Hasta el momento, van 12 mujeres del valle de Aburrá que se han unido a la causa.

Foto:

Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Entre tanto, otro de los objetivos es hacer talleres para que las mujeres aprendan a sanar las heridas ocasionadas muchas veces por el maltrato físico y sicológico al que fueron sometidas por sus exparejas, pero también para que dejen el enojo que esto les produce.

Para una funcionaria de una de las comisarías del valle de Aburrá, estas mujeres generalmente fueron víctimas de violencia intrafamiliar y, tras terminar las relaciones, es frecuente que sus exparejas las amenacen constantemente con quitarles a los niños, una situación que también sucede hacia los hombres.

“Aunque sucede hacia los hombres, hay más casos hacia mujeres. Ellos les dicen que tienen que volver o que no pueden tener otra relación y muchas veces, por temor a perder a sus hijos, ellas se quedan en hogares donde hay maltrato”, manifestó la experta.

Según el último informe de la Personería de Medellín es justamente el hogar uno de los lugares donde los niños sufren mayores vulneraciones a sus derechos, algunas directas, como el maltrato y el abuso sexual, y otras indirectas, cuando son espectadores de violencia entre los integrantes de su núcleo familiar. Pero, el agravante es el acceso a la justicia.

“En primer lugar, se evidenció una negación por acción, cuando la víctima demandó del aparato institucional la intervención a sus problemáticas y esta fue negada, fue tardía o fue inocua; en segundo lugar, algunas vulneraciones contra los NNA (niños, niñas y adolescentes) son invisibles para el Estado, por falta de diagnóstico y análisis investigativo, por falta de presencia institucional en los territorios y, en mayor medida, por los altos índices de vulneración, que sobrepasan la respuesta de la institucionalidad”, reveló la investigación del Ministerio Público.

Para los expertos, si bien, los padres deben hacer esfuerzos para que, tras terminar una relación, los hijos no sean los que vean afectados sus derechos, también es importante que los funcionarios hagan bien su papel, especialmente con investigaciones sólidas que lleven a emitir conceptos realmente favorables para los menores.

*Nombres cambiados

FUENTE: EL TIEMPO