El filósofo francés Juan Jacobo Rousseau publicó, en 1762, Emilio o de la educación, primera obra importante para la educación y formación de la niñez, en el que se les enuncia como sujetos de derechos. Años después, se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos y en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas se deliberaba sobre si cobijaban a la niñez y la respuesta fue promulgar, en 1989, la Convención de Derechos de la Niñez.

Es indiscutible que el derecho es el mejor instrumento para permitir la protección de niños y adolescentes. La historia nos muestra que cuando no existía legislación para este importante grupo, los niños podían ser abandonados, vendidos, regalados y hasta asesinados sin que sus agresores fueran sancionados.

Esta Convención concibe a los menores de 18 años como sujetos de derecho, generando así  un instrumento legal con unos principios que permitan garantizar los derechos para la infancia y la adolescencia, los mismos creados para los demás “humanos”. Este instrumento de derecho apuntó al objetivo de crear las condiciones para que ellos lograran la dignidad humana, mediante la educación, el desarrollo de capacidades, aptitudes, autoestima y confianza en sí mismos.

Pese a la adopción de esta desde 1991, nuestra patria exhibe las más altas cifras de violencia. Ni el Estado, ni la sociedad, ni la familia han aprendido a concebir a nuestros niños como sujetos de derechos. La finalidad  buscada en dicha Convención es garantizar su desarrollo pleno, pero este no es suficiente si no educamos a la sociedad. La Organización Panamericana de la Salud, en su reciente instrumento Inspire, propuso siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños. Señala que se ha evidenciado que una de las causas es la tolerancia social, pues esta violencia se percibe como normal y fuera del control de las comunidades.

El caso más aberrante que tiene nuestro país es el de los menores de seis años que son víctimas de explotación sexual, como lo reveló el procurador general de la Nación; además las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2017, muestran que cada día en Colombia más de cincuenta niños o adolescentes son víctimas de violencia sexual.

Continuemos con los medios de comunicación. En muchos países de Europa esto funcionó, homóloga estrategia debemos adoptar en los espectáculos deportivos y culturales, para hacer conciencia en la sociedad de los derechos y sensibilizar sobre el daño que les hace la violencia. Todo esto requiere una infraestructura adecuada para hacer que los derechos se cumplan. Ejemplo de esto: tenemos leyes que sancionan la violencia sexual contra los niños, pero estos casos tardan más de cinco años en ser fallados y el grado de impunidad, según ha dicho la Procuraduría, supera el 94 %.

Esto es intolerable en un Estado social de derecho como Colombia, figura que demanda una adecuada administración con una mirada prevalente, así como existe en algunos estados de Canadá y Estados Unidos y algunos países Europa, donde hay una unidad especial para la investigación y sanción.

Vale señalar que esta estrategia fue entregada por un movimiento de la sociedad civil, denominado Niñez Ya, al Gobierno y al Congreso para impulsar que se incorporen estas herramientas y lograr su eficaz protección.

En caso de lograr su desarrollo, se sumaría al cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Es una oportunidad de oro para que el derecho sea la sombrilla protectora de nuestros niños, niñas y adolescentes y esperamos una respuesta a la altura de sus necesidades.

FUENTE: EL ESPECTADOR