Por primera vez en el mundo, un tribunal de justicia transicional recibirá información sobre la afectación y la violencia que sufrió la población LBGT durante un conflicto armado. En la mañana de este viernes, las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregarán ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes en los que se reconoce que sí hubo persecución y violencia sistemática por prejuicio contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans durante el conflicto armado.

Durante siete meses, un equipo de investigación de ambas organizaciones recogió los testimonios e información de personas que sufrieron violencia sexual, homicidios, feminicidios, trabajo forzado, desplazamientos forzados y amenazas en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.

El trabajo fue posible gracias a la Alianza Voces LGBT: Por la Verdad y la Justicia, entre Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, con el apoyo del Centro Internacional para Justicia Transicional (ICTJ) y la Embajada de los Países Bajos, a través de la cual buscan el reconocimiento de las formas diferenciadas en que el conflicto armado afectó a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversa.

Para esta primera entrega, se centraron en el Urabá antioqueño y Tumaco (Nariño), en el marco de los casos 004 y 002, abiertos el año pasado por la JEP para esclarecer la afectación a la población civil y violaciones a los derechos humanos cometidos por las Farc y la Fuerza Pública en estas dos zonas respectivamente.

En Antioquia, documentaron 41 casos de víctimas LGBT, de las cuales 17 sufrieron violencia sexual. En Tumaco, recogieron 8 casos en los que además de sufrir violencia sexual y desplazamiento forzado, padecieron el desarraigo de su territorio y de sus tradiciones de la Costa Pacífica por ser afrodescendientes.

Según el informe, con corte a 13 de marzo de 2019, en el Registro Único de Víctimas hay 801 personas que se identifican a sí mismas como lesbianas, gais, bisexuales o trans en el departamento de Antioquia y 78 en el municipio de Tumaco. “Lamentablemente, estas cifras no reflejan la dimensión de la situación de vulnerabilidad de las personas LGBT en el conflicto armado. Las tasas de subregistro sin duda son altísimas, dado que, por un lado, cuando son los familiares quienes declaran por hechos victimizantes como asesinato o desaparición forzada es posible que desconozcan su orientación sexual o identidad de género, o no la declaren por avergonzarse de ella; y que, por otro, personas LGBT no denuncien la violencia o no autoreconozcan su orientación sexual o identidad de género a la hora de declarar”.

Enith Bula y Cindy Hawkins, abogadas de Caribe Afirmativo e integrantes del grupo de investigación, hablaron con Colombia2020sobre los hallazgos de estos informes.

¿A qué conclusiones llegan en estos dos informes?

Las Farc y los paramilitares perpetraron el crimen de persecución, que es un delito de lesa humanidad, por prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad de género y o expresión del género de la víctima, eso es lo principal. Pero, además, que este crimen de persecución se configura a partir de la existencia de patrones de criminalidad.

En el caso de las Farc hubo cuatro series de conductas: violencia sexual, feminicidios y homicidios, amenazas y desplazamientos, y trabajos forzados, porque varias de las víctimas fueron usadas como mensajeras, por ejemplo, porque no las percibían como integrantes de los grupos armados. Los paramilitares cometieron las mismas conductas, con excepción del trabajo forzado. En ambos grupos, la violencia estaba atravesada por un móvil prejuicioso, que se evidenciaba en calificativos peyorativos por su orientación sexual e identidad de género antes o durante la comisión del delito. Aparecían también panfletos donde los grupos armados expresamente manifestaban su deseo de excluir a las personas LGBT porque iban contra su orden social y varios casos fueron cometidos con alto niveles de sevicia.

En su gran mayoría estos crímenes se cometieron contra hombres gays jóvenes, incluso menores de edad. También registramos casos de mujeres, pero con ellas el subregistro es muy alto porque han sido delitos silenciados.

¿Cuáles son los niveles de impunidades en estos casos?

Hemos entendido la impunidad como uno de los elementos que reforzaron esos patrones. Es decir, ellos sabían que después de perpetrar crímenes contra la población LGBT los casos no iban a llegar la justicia. En el caso de Urabá, la gran mayoría de las víctimas no fueron ni siquiera a denunciar y la escasa minoría que sí lo hizo no tuvo un acceso efectivo a la justicia, el caso no avanzó en ningún sentido.

Esta impunidad se da en contextos donde hay una complicidad social, ese es un elemento característico de las violencias por prejuicio. En estas comunidades se percibía que las personas LGBT eran “desviadas”, “transgresoras”, “anormales”, “peligrosas” y se entendía que estas violencias podían estar justificadas, eran merecidas o por lo menos se naturalizaban. Eso llevó a que los actores no recibieran ningún tipo de sanción, ni siquiera un reproche social.

Pero tampoco hay que estigmatizar a las comunidades. Ellas no participaron en los crímenes, pero varios de los testimonios que recogimos hablan sobre el rechazo social por declararse LGBT. Esto ocurrió en el conflicto armado, pero también pasa en la vida cotidiana actual de todo el país.

Además del prejuicio y la persecución, ¿qué otros fines tenían los grupos armados para violentar a la población LGBT?

Lo que se identificó en la investigación es que estas violencias tenían un fin estratégico para los grupos armados. Lo usaban para fortalecer el control territorial que tenían en estas comunidades, a través de la imposición de un orden social excluyente. Esa legitimidad social era muy importante para el mantenimiento del grupo.

¿Cuántos informes van a entregar en total?

Por lo menos cinco más, de las otras regiones donde estamos trabajando. Primero los vamos a presentar frente a la JEP y a partir de ahí vamos a planear la fecha con la Comisión de la Verdad y evaluar cómo sería el trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

¿Qué esperan por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz?

Dos aportes importantes de los informes es establecer cuáles fueron los daños o impactos materiales o inmateriales que sufrieron las víctimas y que creemos que es parte de nuestra apuesta aportar a la justicia restaurativa. Identificar los daños nos va a permitir pensar en formas de reparación colectiva.

Este sería el primer informe que reconoce que hay una violencia por prejuicio contra personas LGBT en razón de su identidad sexual, su identidad y expresión de género, y que reconocería también que estas violencias han sido justificadas en muchos contextos sociales. Las personas con las que hablamos creen que este reconocimiento es una forma de empezar a generar en la sociedad una deconstrucción de estos prejuicios.

Una de las víctimas decía que la JEP les iba a permitir limpiar sus nombres, que no los mataron por ser personas desviadas que dañaran la sociedad, sino por los prejuicios sociales. El reconocimiento de estas violencias pueden ser una herramienta de transformación social.