Este miércoles al menos 200 reclusos entregarán una carta a las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en la que reiteran su compromiso de contar la verdad sobre el conflicto armado. Afirman que van a esclarecer hechos como el desplazamiento de comunidades afro por alianzas con palmicultores, la bomba del avión de Avianca y hasta magnicidios, como el de Álvaro Gómez Hurtado.

El Comité de Presos por la Verdad de Colombia y 200 presos de la cárcel La Picota de Bogotá están dispuestos a contar toda la verdad de los delitos que cometieron. Así lo expresaron en una carta que enviaron a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, en la que reiteran su disposición de comparecer ante estas entidades, teniendo en cuenta que “la historia de Colombia está en la cárcel”. 

“Queremos poner en conocimiento de ustedes, de todo país, y del mundo entero, la verdad relacionada con hechos propios de tantos años de conflicto nacional que aún persiste y del que hemos sido parte, ya como actores, ya como testigos directos. Nos acompaña el ánimo de hacer el reconocimiento pleno de los derechos indiscutibles de las víctimas y sus familias a la verdad, a la reparación y a la no repetición”, reza la misiva.

Los reclusos le dicen a la JEP que su participación es viable, teniendo en cuenta que en una de las decisiones de la Sección de Apelación del Tribunal de Paz queda claro que “puede ser que existan circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener verdad, así lo exija”. Y ese podría ser su caso. 

También, citando partes del Acuerdo Final, firmado entre la guerrilla extinta de las Farc y el Gobierno Nacional, resaltaron que su verdad será exhaustiva y detallada, y que no escatimarán “en los relatos de las actividades o conductas cometidas en desarrollo del conflicto, y las circunstancias de su comisión, y también, a brindar informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades”.

De hecho, los reclusos aseguran que aportarán verdades sobre homicidios; desaparición forzada y fosas comunes; magnicidios, como el de Álvaro Gómez Hurtado; actos terroristas, como la explosión del avión de Avianca; desplazamiento, como el de las poblaciones afrodescendientes por cultivos de palma; detalles sobre operativos, como la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín; ejecuciones extrajudiciales (conocidos como falsos positivos): muertes de fiscales y jueces; secuestros; limpieza social; relaciones del narcotráfico con FFMM y de Policía, políticos locales, departamentales, nacionales y empresarios; relaciones de paramilitares y bandas criminales con empresarios, industriales y dueños de tierras, entre otros.

El Comité de Presos por la Verdad también dejó claro en la carta que hay varios presos en la clandestinidad y  en el extranjero, beneficiarios de Justicia y Paz, que quieren contar sus verdades, para que esta vez sí sean escuchadas. En este momento, los integrantes de esta organización están haciendo un llamado a los reclusos de las cárceles del país para que se acojan a esta iniciativa. Para ello, hará llegar los listados a cada pabellón de los centros de reclusión del país, si así lo solicitan.

Los presos insisten que sin su comparecencia no es posible cumplir con el mandato que se le impuso a la Comisión de la Verdad, entidad que, de acuerdo con el acuerdo de paz, “deberá esclarecer y promover el reconocimiento de poderes públicos, de las Farc-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto”.

De hecho, el Comité solicita en la misiva una reunión con el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux S.J., “con el objeto de dialogar sobre las condiciones y garantías que requerimos con la alta mira de lograr lo más pronto posible el objetivo que nos hemos trazado y que en mucho beneficiará a Colombia”. Y reiteran: “Queremos acudir ya a la Comisión. Lo repetimos sin que nos cansemos: Aspiramos a ver y a vivir en un país diferente y en paz. Esto solo se logra si se conoce la verdad de lo ocurrido, si se respeta el derecho de las víctimas y sus familias a conocerla a plenitud y a satisfacer la correspondiente reparación debida”.

Otro de los argumentos de los reclusos para ser acogidos es el artículo 63 de la Ley de Justicia y Paz, que se refiere a la ley futura más favorable, ¿qué significa? Si después de esta norma “se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores”. Para el Comité, existen más garantías con estas nuevas entidades.

Una fuente de la cárcel le aseguró a este diario que varios de los miembros del Comité han pedido solicitud dentro de la JEP, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta. Esperan que con este oficio, que entregará hoy uno de los abogados de este grupo, haya una mayor atención a sus solicitudes.

Al final de la carta, que está marcada en cada página por el logo de la organización y su correo de contacto, están los nombres, las firmas y hasta las huellas de integrantes de las autodefensas, la guerrilla (Farc-Ep, EPL), bandas criminales y narcotraficantes de los departamentos donde el conflicto armado ha sido intenso, como Chocó, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Caquetá, Vichada, Valle del Cauca, Nariño, Tolima y Arauca.

Entre los firmantes que más llaman la atención están Faver de Jesús Atehortúa Gómez o “Julio Palizada”, jefe de sicarios de Los Urabeños y mano derecha de “Otoniel”; el narcotráficante Francisco Javier Zuluaga, conocido como “Gordolindo”; Juan Carlos Mesa, “Tom”, jefe de “la Oficina” de Envigado; “Daniel”, exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC en el Putumayo; y Guillermo León Aguirre, exjefe de “Los Pelusos”, en Norte de Santander.

La carta no sólo va dirigida a las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sino también a la Corte Penal Internacional (CPI), al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad y Organizaciones de Victimas del Conflicto Interno Armado Colombiano.

FUENTE: EL ESPECTADOR