Más de 30 líderes del Consejo Comunitario del Alto Atrato, amenazados por enfrentar la minería ilegal, tienen como medidas de protección un celular y un chaleco antibalas. Por sus denuncias, la Corte Constitucional ordenó en 2016 al Estado recuperar el territorio invadido por máquinas amarrillas. ¿Qué ha pasado después de este tiempo?

Varios defensores del río Atrato llegaron a Bogotá, desde las selvas del Chocó, con el fin de escuchar a organizaciones no gubernamentales de Europa, que harán incidencia ante el Parlamento Europeo, para que las empresas de ese continente sepan de dónde proviene el oro que refinan. La premisa será la demostración de los empresarios de que el metal comprado en países como Colombia no financia conflictos armados, por lo que deberán tramitar un documento llamado debida diligencia.

Este último generó controversias entre los líderes de más de diez regiones del país, pues el reglamento que entrará en vigencia en 2021 fue aprobado para la República del Congo en donde solo se centraron en los conflictos bélicos y de derechos humanos, y no en los conflictos ambientales y territoriales como sucede en Colombia, donde existen territorios colectivos como el de esta comunidad negra que tiene 73.416 hectáreas.

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Durante el encuentro, conversamos con uno de los voceros del Consejo Comunitario Alto Atrato, quien prefirió no dar su nombre por las amenazas constantes que recibe en el Chocó. Dice que cuando se monta en la lancha para recorrer el río y visitar a las comunidades no se pone el chaleco antibalas que le suministró el Estado porque si se vuelca la lancha se ahoga. El celular tampoco sirve de mucho porque se queda sin señal.

En ese territorio, que comprende los municipios de Bagadó, Cértegui, Yuto y Lloró, la Corte Constitucional en 2016 sentenció que el río Atrato era un sujeto de derechos y que el Estado, en conjunto con las comunidades, debían de construir planes de acción para resolver la crisis humanitaria, social y ambiental que presenta el río Atrato, sus afluentes y sus comunidades. Ese liderazgo les costó la vida a algunos y muchas amenazas a otros.

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¿Qué sucedió después de que la Corte Constitucional dictará la sentencia?

En cumplimiento de esa sentencia el Estado dio la orden a las Fuerzas Militares, para que destruyeran todas las máquinas y entables. Su accionar era prenderles fuego. Eso empezó en 2017 y varios líderes fuimos amenazados porque asumieron que éramos los responsables por proteger al río. Desde entonces, nos dieron unas medidas de protección, pero me pregunto: ¿Qué medidas de protección son un celular que no coge señal en algunas zonas apartadas del territorio, y un chaleco antibalas, que nos puede llevar a la muerte el día que la lancha naufrague?

Antes de la sentencia, ¿qué pasaba en el río Atrato y quiénes eran los dueños de las máquinas?

Eran más de 370 entables mineros. Algunos tenían entre tres y siete máquinas amarillas a lo largo y ancho del río Atrato. Además, había un sin número de dragones que eran de personas de nacionalidad venezolana y brasileña. Había muchos, pero nosotros no podíamos contarlos. Si tomábamos fotos nos amenazaban y teníamos que borrarlas. Cosas como estas pusieron en peligro a los líderes del Chocó.

¿Asesinaron a líderes del Consejo Comunitario en el transcurso del proceso de recuperar el río?

Para el lado de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba), sí. Y la verdad es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando y si es que nos van a matar a todos por la defensa del territorio.

¿Cuántos líderes del consejo comunitario están amenazados en este momento?

Tenemos protección unos 30 líderes del consejo comunitario. Las medidas son un chaleco y un celular. El representante legal es el único que tiene dos escoltas y un carro. Él está en Quibdó, pero viaja a las comunidades y ahí es donde yo vuelvo y le reitero que son irrisorias las medidas de protección, porque siempre estamos en las comunidades y allá quedamos a merced de los bandidos.

¿Cómo fueron las amenazas?

Con mensajes de que nos oponemos al desarrollo de la región, nos echaron a las mismas comunidades en contra y muchas personas replicaron el mensaje estigmatizador. Después de eso, el representante legal fue amenazado y hoy tiene que vivir con guardaespaldas.

¿Cómo fueron los operativos contra las máquinas amarillas por parte del Ministerio de Defensa?

Hoy hay pocas minas, pero aún el Ejército está quemando máquinas. Aunque, ahora nos preocupa otro problema: llegaron funcionarios de la empresa multinacional Golden y nos tienen entre la espada y la pared, porque algunas comunidades quieren que la empresa trabaje y otras no.

¿Cómo ha sido la lucha de esta comunidad para proteger su territorio?

Después de que nos dieron el territorio luchamos durante 10 años para que el Gobierno entregara el título colectivo. Finalmente, fue en 2011, pero para la fecha sobre el territorio del consejo comunitario había cerca de 19 concesiones mineras. Entonces, nos tocó luchar para que tumbaran todos esos títulos.

¿Cómo se sienten hoy los líderes sociales que defienden el río Atrato?

El miedo es latente y el riesgo siempre está ahí. Nuestros antepasados venían de luchas y nosotros estamos pegados a eso. Sabemos que las medidas de protección no son muy efectivas. Mire cuántos líderes han asesinado. Entonces, nosotros sabemos que estamos a merced del delincuente, que esas medidas son irrisorias, pero toca aceptarlas.

¿Qué grupos ilegales están en la zona?

En esa zona hacen presencia la guerrilla del Eln y los grupos paramilitares como el Clan del Golfo y los Rastrojos.

¿Cuál es el mensaje al Gobierno Nacional frente a lo que sucede con los defensores de derechos humanos en este territorio?

Que los organismos del Estado cumplan con su responsabilidad. Usted sabe que un sin número de corruptos reina por todo mundo. O sea, si la Fiscalía y las Fuerzas Militares cumplen, quizá esto no pasara, pero hay muchas irregularidades. ¿Cómo es posible que un alcalde tenga dragas y no pase nada? ¿Por qué los personeros y comandantes del Ejército terminan metidos en el negocio? Hace poco tiempo se miraba la alianza que tenían los administradores de las minas con esas personas. Entonces, si el Estado cumple y castiga esto disminuye, pero eso no pasará, todo indica.

FUENTE: EL ESPECTADOR