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enero 15, 2019

CIDH pide implementar el Acuerdo de Paz y frenar ataques contra defensores de DD.HH


La Comisión aseguró que los defensores de DD.HH tienen un rol clave en la transición hacia la paz y, tras hacer un preocupante diagnóstico, recomendó tomar medidas de protección e implementar el Acuerdo de Paz en todo el país.

La CIDH pidió al Estado redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respectos de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país.Archivo El Espectador

El estado colombiano debe “redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades”. Esta es la principal recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras analizar la situación que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Este martes, la CIDH se pronunció luego de la visita que hiciera a finales de noviembre de la Bogotá, Quibdó y Medellín y emitió un preocupante diagnóstico al respecto. Por un lado, lamentó que los ataques y amenazas en contra de líderes sociales haya aumentado desde noviembre de 2016,a pesar de la firma del acuerdo de paz. Y aseguró que los homicidios se están presentado en zonas con factores de riesgo por disputa de grupos armados para el control de la minería ilegal y el narcotráfico y en donde hay una “implementación deficiente” del acuerdo de paz.

“No existe un sistema de base de datos unificado que dé cuenta de cifras consolidadas respecto al número de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados”, dijo la Comisión. Esto ya que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre enero de 2016 y octubre de 2018 reportó 213 homicidios, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 343 casos. Además, señaló la CIDH que tomó información de organizaciones que da cuenta que, de mayo a octubre de 2018, se “habrían recibido periódicamente, alrededor de 9 panfletos amenazantes en contra de 39 organizaciones y 146 de sus miembros”.

A esto se suman amenazas por las dinámicas relacionadas con la erradicación de cultivos de coca y minería ilegal, así como por las acciones de grupos armados disidentes de las Farc. “La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho”, señaló la CIDH que recomendó hacer un registro completa y detallado de agresiones para determinar posibles patrones comunes en los crímenes, identificar la magnitud de la violencia y así poder tomar medidas de protección.

La CIDH además alertó sobre estigmatizaciones a los defensores de derechos humanos por parte de las autoridades cuando se alega que algunos activistas tendrían relaciones con organizaciones criminales. Por esa razón, señaló que continuar haciéndolo, “puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población”. En su diagnóstico, además, la Comisión dijo que los líderes de restitución de tierras, los miembros de juntas de acción comunal y los que hacen presencia en zonas donde hay cultivos ilícitos son los que están más en riesgo.

Además, la Comisión recordó al Estado colombiano que debe proteger a exguerrilleros y a sus familiares; así como a las comunidades afrodescendientes. “Durante su visita, la CIDH fue informada que cada vez se constata más y mayores signos de violencia contra las mujeres defensoras como un factor de desprecio hacia la defensora por ser mujer, tales como la violencia contra los cuerpos de las mujeres cuando la violación y abuso sexual preceden los asesinatos y las agresiones”.

Por otro lado, la CIDH dijo que si bien la Unidad Nacional de Proteccióntiene medidas sobre 4.357 defensores de derechos humanos, es necesario hacer una articulación institucional ya que hay quejas sobre su falta de eficiencia. “La Comisión recomienda al Estado colombiano a avanzar y profundizar en la implementación de un enfoque diferenciado para medidas colectivas, que incluya una perspectiva étnica y racial y que tome en cuenta las condiciones de las personas a ser protegidas y lanecesidad de medidas de protección culturalmente adecuadas”, agregó la CIDH.

En su informe, el organismo internacional, además, señaló que una discrepancia sobre las cifras entregadas por la Fiscalía sobre el porcentaje de esclarecimiento de los homicidios. Esto porque si bien el Gobierno reportó 213 casos y el esclarecimiento de 113 de estos, las organizaciones reportaron al menos 300 homicidios. “Por lo tanto, consideran que el registro de la Fiscalía es incompleto y el esclarecimiento de casos no se aproximaría al 50%. Las organizaciones señalaron que, según sus análisis, sólo un 8.5% (…) tendrían condenas”, dijo.

Así, la CIDH recordó que “el Estado debe investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos”.

Entre las recomendaciones de la CIDH está igualmente convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección de las personas beneficiarias. Crear planes para combatir la estigmatización, frenar la impunidad, y tomar enfoques diferenciales de género, étnico y LGBTI.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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