En el sepelio de Angie Lorena Nieto, en Barranca de Upía, pidieron cadena perpetua para violadores.

“¿Tiene algo que decirles a los familiares de la niña Angie Lorena Nieto?”, le preguntó un periodista a Pastor Gómez Vaca, quien respondió: “Que cuiden a mis hijos”.

El hombre, quien es señalado del abuso y asesinato de la niña de 12 años en Barranca de Upía, Meta, fue protegido por la Policía cuando era conducido por el Palacio de Justicia a una tanqueta que lo llevó a la cárcel de Villavicencio.

“Se lo llevan, se lo llevan” expresaba mientras tanto un mujer que se reunió en un rincón del pasillo con los familiares de Gómez Vaca que al unísono rompieron en llanto al presenciar la salida de la sala de audiencias hacia las 11:45 de la mañana de este jueves, el hombre de 34 años que trabajaba en una empresa petrolera de Barranca de Upía, a quien la Fiscalía le formuló el cargo de feminicidio agravado por ser cometido contra una menor de edad, haberla accedido carnalmente y luego asesinarla.

La imputación la hizo la Fiscalía con base en el dictamen de Medicina Legal en el que se comprobó que existió acceso carnal violento y que la niña murió por trauma craneoencefálico severo, tras ser hallado su cuerpo este primero de enero en un oscuro paraje rural de Cabuyaro entre una lona, cubierta por una cobija.

El representante del Ministerio Público y la abogada Mariluz Olmos Amaya, defensora de Gómez Vaca, argumentaron en la audiencia que no se constituye en feminicidio porque no se trató de una sucesión de hechos violentos contra la niña y que en cambio si los de homicidio y violencia sexual.

No obstante, cuando la juez sexta con función de control de garantías de Villavicencio le preguntó al implicado que si aceptaba el cargo de feminicidio agravado, lo aceptó bajo la premisa de que la Fiscalía le ofreció el 25 por ciento de la rebaja de la pena y de que si los cargos hubieran sido homicidio y acceso carnal violento la pena a pagar en prisión, también será de varios años, explicó la defensora de Gómez Vaca.

La despedida de Angie Lorena en Barranca de Upía se cumplió con una marcha en la que las autoridades regionales acompañaron la familia de la niña.

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Cortesía Gobernación del Meta

Sin embargo, el delito de feminicidio, de acuerdo con la Ley Rosa Elvira Cely o Ley 1761, no admite preacuerdo ni reducción de pena.

Fernando Aya, director seccional (e) de Fiscalías en Villavicencio, aclaró que “no hubo ningún acuerdo” y que en este caso la ley permite rebaja hasta del 25 por ciento de la pena. “Siempre que se imputa un delito uno tiene que decirle (al acusado) que si acepta cargos tiene la rebaja que la ley taxativamente trae”, explicó.

Al aceptar el cargo, la juez determinó admitir la imputación del cargo de feminicidio agravado y enviarlo a la cárcel de Villavicencio. No hubo audiencia de legalización de captura porque a Gómez Vega no lo capturaron, él se presentó a las autoridades para pedir protección para él y su familia, pues presentía que podría ser linchado por la comunidad de la vereda El Hijoa de Barranca de Upía, donde era conocido por todos y amigo de la familia de Angie Lorena.

Y aún cuando el tema no fue tratado en la audiencia, los investigadores creen que otra persona habría participado junto con Gómez Vaca en el homicidio de la menor.

Otro drama vivía la familia de Angie Lorena Nieto, con la despedida de la niña cuyo cuerpo fue trasladado al medio día de la vereda El Hijoa, donde vivía, hasta el polideportivo del área urbana de Barranca de Upía.

Antes del sepelio, en la tarde del jueves, se cumplió una marcha en que la mayoría de habitantes de la población vestidos con camisas blancas y globos del mismo color, recorrieron desde el parque central de la población hasta el polideportivo y luego de los oficios religiosos la llevaron al cementerio de la población, pidiendo que este tipo de actos no se vuelvan a repetir.

A la familia de Angie Lorena la acompañaron la gobernadora Marcela Amaya, el acalde de Barranca de Upía, Fredy Castro, padrino de la niña, el comandante de la Policía del Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata y funcionarios de Bienestar Familiar.

Allí, la gobernadora Marcela Amaya señaló que la muerte de Angie Lorena se convirtió en un inicio de año lamentable para nuestros niños.

“Este es un caso que nos llena de tristeza, dolor y rabia, nos tienen muy preocupados y por eso le hemos pedido al presidente y al Congreso se debe trabajar para que en Colombia exista la cadena perpetua para este tipo de actos violentos”, dijo.

Desde el primer momento, dijo la mandataria, la administración ha estado atenta a este lamentable hecho, “primero con el alcalde de Barranca de Upía, Fredy Castro, y con los padres de la niña Víctor y Luisa y desde la Secretaría de Equidad de Género de la gobernación del Meta, junto a Bienestar Familiar hemos estado haciendo un acompañamiento psicológico”.

FUENTE: EL TIEMPO