La Fundación Progresar logró establecer los posibles puntos donde estarían las víctimas de desaparición forzada de Tibú y Cúcuta, en el marco del conflicto armado. Así fue el cruce de información para dar con estos resultados.

En enero de 2016 desapareció Henry Pérez, líder social del corregimiento La Gabarra de Tibú (Norte de Santander) y uno de los más reconocidos del Catatumbo. Según las denuncias, Pérez fue raptado en el momento en que realizaba labores agrícolas en la vereda Trocha Ganadera. A casi tres años de su desaparición, familiares, líderes comunales y demás habitantes de una de las regiones más golpeadas por el conflicto siguen preguntando por su paradero.

Este es uno de los 520 casos que acompaña la Fundación Progresar, que se ha encargado de documentar y seguirles el rastro a las personas desaparecidas en el departamento. De hecho, su indagación arrojó los primeros resultados: la posible localización de 29 personas desaparecidas, entre cuyos casos se encuentra el de Henry Pérez. Esa información da pistas sobre la ruta que recorrieron durante su rapto y el último lugar a donde fueron llevadas las víctimas, en su mayoría, campesinos y comerciantes.

Esa información podrá ser clave para la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la entidad del Sistema Integral de justicia transicional que debe desarrollar actividades de investigación humanitaria y labores técnicas de exhumación e identificación de cuerpos.

Luisa Lázaro, abogada de Progresar, asegura que del universo total de casos priorizaron 41 entre 1999 y 2016, que se registraron en Tibú y en Cúcuta. “Nos enfocamos en esos dos municipios porque tienen un fenómeno particular. Por un lado, hubo una incursión de los paramilitares en el Catatumbo y su asentamiento permanente en Tibú. Por el otro, tuvimos el fenómeno de desapariciones en la frontera del área metropolitana de Cúcuta a manos de bandas criminales”.

En ese proceso, la fuente primaria de información fue la que le entregaron a Progresar los familiares de las víctimas. “Para nosotros resultan primordiales los datos que ellos nos aportan, porque son los más interesados en que estas tareas se realicen”, agrega Lázaro. En ese sentido, abrieron espacios de diálogos entre los familiares y un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales, abogados y psicólogos.

Por otra parte, se remitieron a los expedientes judiciales que reposaban en las seccionales de Fiscalía. “Pudimos acceder a la información que reposaba en la Fiscalía teniendo en cuenta que nosotros éramos representantes legales de las víctimas. Acciones jurídicas como demandas de parte civil, solicitudes de expedición de copias y en algunos casos acciones de tutela nos dieron acceso a los expedientes de la investigación, lo cual nos permitió un análisis de la información”, asegura Wálter Uribe, integrante de la Fundación.

En la Unidad Especial de Fiscalía para la Justicia y la Paz dicen que encontraron confesiones de postulados que en su momento confesaron distintos hechos victimizantes. Aunque esos hechos parecían estar destinados a no ser investigados jamás, los integrantes de Progresar los desempolvaron y establecieron, en algunos casos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo los cuales los integrantes de grupos armados ilegales cometieron los crímenes.

“A la postre confesaban el posible lugar de disposición de cuerpos. Vaya sorpresa cuando en algunos casos las víctimas estaban enteradas de la confesión, pero no de los detalles que aportaron sobre el posible sitio de localización”, precisa Uribe. En el contexto de Norte de Santander entienden la desaparición forzada como una práctica que tenía una doble finalidad.

Por una parte, aseguran que era un medio para ocultar pruebas. Citan sentencias de Justicia y Paz para asegurar que desde altas esferas de la sociedad se les decía a los paramilitares que entre 1999 y 2006 “no era bueno” para la región que se siguieran registrando en las estadísticas cifras tan altas de homicidios. Por la otra, buscaban controlar el territorio y generar terror en la población que adelantaba procesos de cambio en la región. Luis Lázaro afirma: “No es lo mismo que una familia encuentre el cuerpo tres o cuatro cuadras abajo de su casa a que esa persona se la lleve un grupo armado y jamás vuelva. Eso genera terror en la comunidad”.

Otros insumos que tuvieron en cuenta fue la información proporcionada por terceros: los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, los líderes sociales y vecinos de la época que tenían información sobre la posible localización de las víctimas y que no acudieron ante las autoridades por miedo. A esas estrategias se sumó la organización de 16 mesas técnicas operativas (nueve en Cúcuta y siete en Tibú) en las cuales se intercambió información con las entidades estatales sobre hechos de desaparición forzada y tomaron nota sobre las buenas prácticas a la hora de recopilar información para integrarla en su metodología.

A pesar de que priorizaron 41 casos, fue posible trazar la ruta de 29 de ellos, debido a que en muchos casos el objetivo de los victimarios fue anular cualquier rastro. De ahí que arrojaran a las víctimas a cuerpos de agua o utilizaran hornos crematorios. “Eso imposibilitó que se pudiera establecer un lugar exacto en donde podría estar la víctima, pero lo que hicimos fue acercarnos al contexto”, indica Wálter Uribe.

La información fue entregada a la Cooperación Alemana (GIZ) y socializada con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Su directora, Luz Marina Monzón, asegura que uno de los desafíos para localizar a los desaparecidos es que el conflicto sigue vivo en los territorios y que esto pone en riesgo a los líderes y a los familiares de las víctimas. “Este, sin embargo, es un momento de oportunidades para reconocer y aprender del conocimiento de las organizaciones y de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos. De manera que esto será un insumo para la entidad”.

FUENTE: EL ESPECTADOR