agosto 10, 2018

“Aquí está nuestra verdad”: víctimas de violencia sexual que entregaron 2.000 casos a la JEP

Al entregar el primer informe de violencia sexual en el conflicto, las mujeres víctimas esperan que la JEP sea más efectiva que la justicia ordinaria y que las amenazas a su integridad paren.

En una caja que no supera el metro de ancho quedaron alojados 2.000 casos documentados de violencia sexual que ocurrieron en el largo conflicto armado colombiano. Las víctimas de estos dolorosos episodios, que fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz, se atrevieron a contar su verdad con la esperanza de que haya justicia.

“Estamos en este evento para que nos escuchen, para que nuestros casos tengan solución. No lo que ha pasado durante todos estos años en los que la justicia ordinaria no ha hecho nada”, dice Nidia Cortés, quien viajó desde Castillo, Meta, hasta Bogotá para entregar los casos que fueron recogidos durante tres años.

“Si se pueden fundir las armas, se puede fundir el odio en este país”, dijo una de las mujeres víctimas en el documental Fragmentos que muestra cómo ayudaron a fundir las armas de las Farc.

Este paquete de testimonios y análisis es el primero de otros que vendrán. La deuda con las víctimas de violencia sexual es grande: hay 28.305 casos, según el registro único de víctimas. Los magistrados de la JEP dicen ser conscientes de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Han asumido los casos de género como una prioridad, por eso tienen una Comisión Permanente de Género, y un grupo especial de investigación de violencia sexual conformado por profesionales de diferentes disciplinas –compuesto solo por mujeres-.

“Sabemos que si bien no es posible resarcir el dolor de las víctimas, podemos ayudarlas en parte. Sabremos estar a la altura de las expectativas y compromisos que nos imponen las víctimas”, dijo Patricia Linares presidenta de la JEP.

Foto: Esteban Vega / SEMANA

¿Pero cuáles son las expectativas de las víctimas? Esta pregunta la ha respondido muchas veces Nidia. “Nos preguntan qué queremos realmente, si lo que queremos es que las personas que nos violaron estén en una cárcel. No, eso muchas veces no resarce. Queremos es que no vuelva a pasar, que este delito se termine”, asegura Cortés.

Y es que ocultas por la sombra del miedo hay miles de mujeres que no han denunciado. Incluso, que en la actualidad están siendo amenazadas. Esta es la parte más preocupante, porque si bien hay un gran avance entregando los casos en la JEP, las mujeres siguen en peligro.

“Este informe marca un cimiento en pro de que las víctimas puedan recurrir a la justicia”

Rubiela Benítez es líder social de Casanare y Arauca. Representa a 1.200 mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y está amenazada. A su casa han llegado grupos armados a advertirle que deje de tratar de convencer a más mujeres para que cuenten la verdad. Muchas de ellas están amenazadas y no denuncian porque “no hay garantías”.

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A Rubiela también le envían panfletos. Uno de estos se lo dejaron al lado del cuerpo sin vida de su hermano. Ella está en peligro. Tiene un chaleco antibalas, un radio para comunicarse y un escolta. Pero asegura que no es suficiente. “No contamos con esa garantía de seguridad por parte del Estado. El esquema tiene que ser adecuados, viendo el trabajo que tenemos en los territorios, en los que operan tres grupos al margen de la ley. Un esquema de protección para un líder no es solo para él sino para su familia también”, cuenta Rubiera, quien está preocupada por la vida de sus hijos.

En medio de la entrega del informe las mujeres víctimas dieron las gracias a la JEP y pidieron que no se acabara.

Pero las mujeres callan no solo por amenazas, sino por miedo a la sociedad machista que las condena y revictimiza. “Hoy queremos decirle a Colombia que no somos culpables, ni porque teníamos la falda cortica ni nada de eso. Hoy es un día histórico, acá estamos dando la cara. Esto no puede seguir pasando. Yo pensaba, cuál de estas armas asesinó a mi madre. Tenía solo 11 años cuando fui víctima de violencia sexual, cuando mi madre reclamó la mataron”, contó Yolanda Perea, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.

Y es que para hacer este informe se unieron tres organizaciones sociales: la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Mesa Nacional de Víctimas y la campaña No es Hora de Callar. Yolanda Perea, en nombre de todas las víctimas, le solicitó a la JEP que cada tres meses les hiciera llegar un informe que diera cuenta del avance del proceso. La JEP les dio su palabra.