Una delegación de activistas de El Salvador ha denunciado en el Parlamento Europeo (PE) la violencia reproductiva a la que se ven sometidas en su país y exigió la despenalización del aborto, que es tratado como un “homicidio agravado”, incluso cuando es involuntario.

“Es importante que se hagan esfuerzos para que el Estado salvadoreño garantice la libertad de las mujeres que siguen en la cárcel”, aseguró en una rueda de prensa Teodora del Carmen Vásquez, quien salió de prisión hace dos meses tras haber cumplido condena durante diez años y siete meses por un aborto involuntario.

Vásquez fue una de las diecisiete mujeres cuya pena fue conmutada en los últimos meses por parte del Gobierno salvadoreño, al que ahora le piden que modifique el artículo 133 del Código Penal del país, cuya Constitución reconoce desde 1999 que “todo ser humano es considerado persona desde el momento de su concepción”.

La actual normativa con respecto al aborto fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1998, ya que antes la interrupción del embarazo estaba permitida en el supuesto de que la gestación representase un problema para la salud de la madre, que el feto fuese inviable o en casos de violación.

Activistas como Vásquez, que cuenta con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRC), reclaman veinte años más tarde recuperar estos tres supuestos y añadirle un cuarto, haber sido víctima de trata de personas, para poder abortar legalmente.

“Venimos aquí a pedir que se presione al Estado salvadoreño para que tenga en cuenta nuestra voz y porque necesitamos que dejen de ingresar en prisión mujeres y niñas por embarazos de riesgo”, explicó Vásquez.

Recordó que, a día de hoy, todavía quedan en El Salvador veintiocho mujeres detenidas por el mismo delito que ella en la prisión femenina en la que estuvo recluida más de diez años, Ilopango, una de las más masificadas del país centroamericano.
“Las que hemos estado sabemos que hemos sido víctimas de la violencia y la discriminación del Estado de El Salvador, donde la Fiscalía considera homicidio agravado cualquier aborto que le sea denunciado”, dijo esta activista, quien recordó que esos cargos pueden comportar penas “de hasta treinta años”.

Vásquez estuvo acompañada por la abogada de la ONG Colectivo Feminista Bertha de León, quien señaló que tanto ella como su organización llevan años trabajando contra las presiones de la Iglesia católica y de grupos políticos conservadores para lograr la despenalización del aborto.
“Es un escándalo, un problema sumamente grave, y allá nadie nos escucha, por eso necesitamos que desde aquí alcen también su voz”, solicitó De León.

La abogada denunció que todas las mujeres que han sido encarceladas por homicidio agravado tras un aborto “estaban en situación de pobreza, tenían escasa formación o provenían de áreas rurales”, según datos del último estudio al respecto de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, de 2011.
La propia Vásquez, limpiadora en un instituto, se puso de parto en el baño del centro en que trabajaba y se desmayó después de dar a luz a su bebé, que nació muerto, tras lo que un compañero la denunció por “haber matado a su propio hijo”, según relató.

Bertha de León y Teodora del Carmen Vásquez ofrecieron esta rueda de prensa antes de su participación en la conferencia “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”, organizada por los eurodiputados del grupo de los Verdes Ernest Urtasun y Molly Scott Cato.

Urtasun aseguró que está “recogiendo firmas” para elaborar una declaración que hará llegar a la Asamblea Legislativa de El Salvador “con un objetivo muy concreto”, el de pedir “que se ponga fin al artículo 133 del Código Penal”.
Por su parte, Scott, quien participó en la delegación del PE que visitó El Salvador el pasado septiembre, afirmó que se quedó “totalmente conmocionada” al acceder a la prisión de Ilopango y llamó a reflexionar sobre cómo “un accidente como un aborto involuntario puede arruinar una vida”.

FUENTE: TRIBUNA FEMINISTA