diciembre 13, 2017
El Estado colombiano le pide perdón a una lesbiana por discriminación
Martha Álvarez denunció maltrato mientras estuvo recluida en la cárcel
Martha Álvarez, de 58 años, dice que no tuvo que salir del clóset porque nunca estuvo adentro. Siempre vivió como lo sintió y por eso, cuando tenía 16 años, se fue de Colombia. En su pueblo pasaron de las burlas a las advertencias. La amenazaron con violarla para «corregirla» si seguía viviendo a su modo. Su padre le pagó un boleto de avión para asegurarle tranquilidad. Se radicó en Boston, pero en un viaje a Colombia, ya con 34 años, resultó metida en un pleito que la llevó a la cárcel por el delito de homicidio. En prisión comprobó que la discriminación que había vivido en su juventud podía ser peor.
Durante ocho años, el tiempo que estuvo detenida, le negaron el derecho a recibir visitas íntimas de su pareja. “Para las heterosexuales había permiso todos los sábados, para mí nunca. Me inventaban faltas disciplinarias para enviarme al calabozo, me decían que era inmoral, que podía poner en peligro la seguridad del lugar si permitían que me viera con otra mujer. Ni un beso podía dar”, dice ahora, en libertad y unos días después de que el Estado colombiano le ofreció disculpaspúblicas siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es la primera vez que Colombia le pide perdón a una lesbiana y reconoce haber violado sus derechos. “Esto es importante para mí porque me permite sanar, pasar la página [el caso fue llevado a instancias internacionales en 1996], pero también para las otras, lesbianas o no, a las que no respetan por el hecho de estar en la cárcel”, asegura por teléfono desde Armenia, una de las ciudades en donde visitará la prisión de mujeres.
Las medidas que ordenó la CIDH incluyen jornadas en centros carcelarios para que las reclusas y el personal penitenciario reciban capacitación sobre los derechos de las personas LGTBI que pagan una condena en prisión. En la primera etapa, antes de que Álvarez regrese a Estados Unidos, ella acompañará el proceso para contar su experiencia. Gracias a su caso, en diciembre de 2016 la dirección del sistema penitenciario emitió un nuevo reglamento en el que se garantiza, en las 136 reclusiones del país, la visita íntima entre parejas del mismo sexo.
“Cumplió con su objetivo esta lucha”, dice ahora, en su recorrido por varias reclusiones, algunas que conoció mientras cumplía su pena. “Veo que pocas cosas han cambiado. Se me han acercado a decirme que pasan por situaciones parecidas a la mía, difíciles. Por eso, esto es un logro y un paso más hacia la igualdad. Aquellas personas LGTBI que se encuentran en las cárceles merecen un trato digno y humano. No pueden ser objeto de los prejuicios y la discriminación”.
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Martha regresó a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá para escuchar el perdón del Estado en palabras del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. “Nos reunimos, con el fin de reivindicar la vida de Marta Álvarez, pues sin justificación alguna, el Estado violentó su derecho a la igualdad mientras se encontraba privada de la libertad y le negó la visita íntima, con base en prejuicios debido a su orientación sexual”, dijo el funcionario en una tarima forrada con los colores de la bandera del orgullo gay. Una escena impensable hasta hace unos años.
“Sirvió no haberme quedado callada, a pesar de todo no paré, fui fuerte y valiente”, dice con un acento que delata que ha estado muchos años lejos de Colombia. En unos días regresará a Boston para continuar con su trabajo como técnica de farmacia, mientras junto con su esposa (una mujer que conoció en prisión) espera que se publique el libro Mi historia la cuento yo, en donde relata su lucha y doble condena siendo lesbiana en una cárcel colombiana.
LOS CASTIGOS POR DENUNCIAR
Cuando Martha Álvarez, desde prisión, empezó a alzar la voz para reclamar sus derechos, las directivas penitenciarias la castigaron. La metían a los calabozos sin justificación y la trasladaban de cárcel sin contemplación. En ocho años estuvo en doce centros de reclusión. Era una forma de amedrentarla, de alejarla del entorno que en medio de las dificultades lograba construir.
Su caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el 1996 y desde entonces es representado por la abogada Marta Tamayo de la Red Nacional de Mujeres, por la ONG Colombia Diversa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Colombia Diversa ha hecho un despliegue digital con su historia como otro de los puntos acordados con el Estado colombiano dentro de las medidas de reparación integral recomendadas por la CIDH.
FUENTE: EL PAIS