El Centro Nacional de Memoria histórica presentó la investigación más completa jamás hecha sobre el abuso sexual en el marco del conflicto. La violencia dejó marcas en los cuerpos de más de 15.000 mujeres que todavía no se sienten seguras en los territorios. SEMANA habló con la investigadora.

SEMANA.: ¿Qué revela el informe?

Rocío Martínez.: La violencia sexual ha sido un engranaje más de la guerra en este país. No es una violencia oportunista o aislada sino que ha cumplido con los fines del conflicto armado. Hablamos con personas desvinculadas a los grupos paramilitares y guerrilla que permiten entender de una forma más precisa lo que pasó.

SEMANA.: ¿Contra quiénes se ensañó la violencia sexual?

R. M.: La población más afectada son las mujeres, niñas y adolescentes. En más del 91 por ciento de casos, ellas fueron las víctimas. Esto se da justamente en el marco de unas lógicas en las que siempre se supone que las mujeres están en situación de inferioridad y desventaja frente a los hombres

SEMANA.: En el universo de mujeres, ¿quiénes han sido más afectadas?

R. M.: Las indígenas y las mujeres afrocolombianas. En ambos territorios se está librando la guerra y sus cuerpos se consideran de menor valor para los actores armados. Sobre ellas se ejerció una violencia estigmatizadora porque se les asocia con el grupo armado que habita en sus territorios.

SEMANA.: ¿Cuántas víctimas hay reportadas?

R. M.: Hay un registro de 15.076 víctimas de 1958 a 2016. Pero también es cierto que hay un subregistro importante por cuenta de las estigmatizaciones que imposibilitan hacer un registro juicioso de esa realidad.

SEMANA.: ¿Se evidencian picos en esos reportes?

R. M.: El primero se da entre el 2000 y 2005 que corresponde al 45 % de los casos que en su mayoría tienen que ver con la arremetida paramilitar. Ellos usaron la violencia sexual de manera sistemática en sus territorios. Otro pico es entre el 2011 y el 2014 que corresponde a un reacomodo de las guerrillas. Aunque ha disminuido la cifra todavía hay una violencia sexual que ejercen los grupos posdesmovilización.

SEMANA.: Y, ¿los hombres?

R. M.: Ahí también existe un subregistro importante de violencia sexual de alrededor el 8 por ciento de acuerdo con cifras del observatorio. El problema es que hay un silencio que corresponde a la estigmatización, debido a que muchas veces se considera que es menos grave o que posterior al abuso el hombre cambia de orientación sexual.

SEMANA.: ¿Qué más se sabe?

R. M.: El flagelo se ha presentado sobre todo hacia los niños varones. Muchas veces, con el objetivo de corregir lo que se considera anormal. Se cree que su cuerpo es disponible con el mismo relato con el que se violenta a las trabajadoras sexuales. En una sociedad donde lo femenino tiene poca valía, feminizar el cuerpo de un hombre lo pone en una situación particular de vulnerabilidad.

SEMANA.: ¿Qué tipo de violencia sexual hay?

R. M.: Hay una asociada a prácticas de tortura y mutilación de órganos digitales. Sin embargo, sobre esto se sabe poco ya que Medicina Legal no contempla esas modalidades y por ende en los registros muchas veces solo se menciona el asesinato y no la violencia sexual que se perpetró.

SEMANA.: ¿Quiénes son los responsables?

R. M.: Todos los grupos armados ilegales y la fuerza pública han usado la violencia sexual, aunque ninguno de ellos la reconozca. No se trata de casos aislados o individuos, ellos saben que eso está pasando en las tropas. Eso sí, hay diferencias frente a la modalidad y objetivos.

SEMANA.: Explíquese…

R. M.: Los paramilitares y la guerrilla son los principales perpetradores de la violencia sexual. Sin embargo, a veces es imposible definir quién es el victimario. Por ejemplo: hay un alto subregistro de agentes de Estado y en este trabajo hablamos de 206. Hay muchos obstáculos para las víctimas, en el momento de la declaración se desestima y no queda registrado. De hecho, los funcionarios a veces les sugieren mencionar a otro grupo armado porque si dice que fue la fuerza pública el proceso será más difícil.

SEMANA.: ¿Qué está pasando con los grupos posdemovilización?

R. M.: Ellos heredaron el uso de la violencia sexual por parte de los paramilitares. En Urabá, Buenaventura, Tumaco hay un uso particular de la violencia sexual contra las mujeres. Especialmente, lideresas. Muchas están amenazadas y han sido víctimas de este flagelo porque con ellas se envía un mensaje: ‘no existe límite alguno para el grupo armado que es dueño y señor de los territorios‘.

SEMANA.: Usted dice que todos los grupos armados son responsables, pero varían sus objetivos…

R. M.: El informe diferencia entre la violencia sexual que por ejemplo se ejerce donde hay más de un actor armado. Es decir, donde se está disputando el territorio. Los paramilitares estigmatizaban a las mujeres como pertenecientes al grupo armado contrario: guerrilleras o familiares de guerrilleros y hay una violencia sexual sobre mujeres que resultan incómodas.

SEMANA.: ¿Otro ejemplo?

R. M.: Donde hay un control total de territorios como ocurrió en el sur del Tolima y el Magdalena Medio, la violencia sexual se usaba contra las niñas y adolescentes. Se apropiaban de ese cuerpo, les pertenece a las buenas y a las malas sin importar su edad. Otra de las violencias se usa para corregir los cuerpos de quienes se considera que han irrumpido las normas establecidas. Quienes más sufrieron fueron las mujeres consideradas chismosas o criticadas por su forma de vestir. En estos casos, particularmente la guerrilla y los paramilitares ejercieron este tipo de violencia. El problema es que muchas veces hay una convivencia social con esa violencia que se termina legitimando como forma de castigo.

SEMANA.: Ustedes hacen una distinción entre estrategia y práctica, ¿por qué?

R. M.: En este caso, nos distanciamos de la noción de estrategia. Hay una tesis que históricamente se ha usado para entender la violencia sexual como una estratégica y oportunista. Esto limita las posibilidades de que el grupo se haga responsable de sus acciones. Más que violencia estratégica y oportunista, se usó como un engranaje del conflicto armado. La violencia sexual fue funcional a los fines de los actores armados. Eso sí, ningún actor armado reconoce la violencia sexual, más fácil un asesinato.

SEMANA.: ¿Cuál es el temor?

R. M.: La violencia sexual es un crimen de lesa humanidad, tiene unas implicaciones jurídicas importantes y ellos lo saben. Además, la problemática tiene una carga importante que no quieren asumir.

SEMANA.: ¿En qué va la reparación?

R. M.: Aunque hay un esfuerzo importante por llevar un registro, eso no ha redundado en la mejora de la calidad de vida de las mujeres. De hecho, ese es un reclamo que ellas hacen de manera insistente. Nosotras hablamos, contamos pero no significa un cambio en nuestras vidas. El tema de reparación marcha, pero el Estado no destina los fondos necesarios para cubrir la magnitud de lo que paso y cuando el nivel de impunidad alcanza más del 90 % en los 600 casos priorizados.

SEMANA.: ¿Cuál es la conclusión?

R. M.: El informe devela de manera muy rigurosa el uso innegable de la violencia sexual por parte de los actores armados. Las víctimas necesitan que se responsabilicen por las acciones y algo tiene que cambiar con la Jurisdicción Especial de Paz. Más que una indignación colectiva nos debemos preguntar como sociedad por qué hemos dejado que esto haya pasado. Ellos actuaron con el silencio social y eso tiene que ver con prácticas cotidianas.

SEMANA.: ¿Ve con buenos ojos la propuesta de ampliar las penas por abuso en la Ley Estatutaria?

R. M.: Es importante el tema de las penas a los responsables, pero eso no nos debe alejar del tema fundamental: el reconocimiento de lo que sucedió. Preocupa, por ejemplo, que se asuma como menos graves o importantes los casos relacionados con fuerza pública. También que se invisibilice la responsabilidad de las Farc. El problema es que no hay un acompañamiento real para las víctimas y muchas están siendo amenazadas nuevamente.