Tanto escándalo por el proyecto que despenaliza los cultivos, si los gringos legalizaron ‘la droga’.

Decía Karl Popper que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Una frase que sirve para entender la ingenuidad –o tal vez la imbecilidad– con la que se está dando en Colombia el debate sobre el proyecto de ley para despenalizar los cultivos de coca de menos de cuatro hectáreas.

Un proyecto que recibió bofetadas y cachetadas de analistas, juristas y hasta del propio Fiscal General: que dizque legaliza la droga por la puerta de atrás, que dizque modifica el Código Penal, que dizque no es coherente con la política antidrogas mundial. Una sátira de mentiras y majaderías que no tienen en cuenta el más mínimo y elemental contexto de lo que está sucediendo a nivel continental.

Para comenzar, hay que entender lo que está pasando en Estados Unidos. Cualquiera que lea los periódicos gringos con cierto juicio sabe que el verdadero problema allí son los opioides, que mataron a 34.000 personas el año pasado. Eso es más de la mitad de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos al año. Y casi el mismo número de muertes por sobredosis de cocaína en toda la historia del país norteamericano.

Y acá viene la parte del cuento que nadie quiere entender en Colombia, por alguna razón que aún no entiendo: Los nombres de esos opioides son Oxycontin, Vicodin y Fentanilo. Los expendedores de esos opioides son los médicos norteamericanos, que los están sobreprescribiendo dentro del abanico de medicinas para el dolor. Los fabricantes de esos opiodes son las propias compañías farmacéuticas de Estados Unidos, cuyos dueños se están volviendo ultramegamillonarios con las nuevas generaciones de adictos.

Basta una cifra para entender lo que está pasando: la industria farmacéutica norteamericana vendió 1.500 millones de dólares en opiodes el año pasado. Entre ellos está, por ejemplo, la familia Sackler, dueña de la multinacional Purdue Pharma, los fabricantes del Oxycontin. Hoy su patrimonio supera los 16.000 millones de dólares gracias a la venta de opiodes, según la revista ‘Forbes’. Opiodes que, entre otras cosas, promueven y patrocinan a través de jugosas campañas en prensa, televisión y otros espacios publicitarios.

Pero a ellos no les dice ni pío la DEA. Ni el gobierno norteamericano los trata como pillos. Ni el Congreso gringo les pone límites de ningún tipo ni los jueces los tratan como los principales traficantes de drogas y narcóticos en Estados Unidos. Los opioides han matado a 300.000 personas por sobredosis en Norteamérica en los últimos diez años, pero nadie es responsable de semejante magnicidio.

Y la razón es que Estados Unidos tiene, de facto, un mercado legal –con todo y publicidad pagada– para sus narcóticos y su marihuana. Pero nosotros aún no lo hemos entendido. Y lo que es peor: queremos seguir tratando como criminales a unos pobres campesinos.

Eso a pesar de que las Naciones Unidas aceptó el cultivo ancestral de la hoja de coca como una mata de las comunidades indígenas en Perú y Bolivia, que la cultivan sin problema alguno.

Brutos que somos en Colombia, como dirían algunos. O tal vez ignorantes, como diría Karl Popper.

FUENTE: EL TIEMPO