septiembre 15, 2017
Myanmar: limpieza étnica en pleno siglo XXI
El país asiático es protagonista de una grave crisis humanitaria. Los rohingya, minoría musulmana en Myanmar, han sido asesinados y expulsados de su tierra por las fuerzas militares.
Las cifras no alcanzan a condensar todo el horror del último mes. Ya son más de 350.000 rohingya, minoría musulmana de Myanmar –país asiático- los que han tenido que migrar desesperados al vecino país de Bangladesh, donde a su vez han afirmado que la situación está desbordando la capacidad de ayuda del estado. Además, según un reporte de Naciones Unidas, hay cerca de 400 víctimas mortales por esta crisis humanitaria que parece no detenerse. En medio de este horror, tanto los rohingya como la comunidad internacional no entiende cómo, a estas alturas, la líder del país, Aung San Suu Kyi, no ha reconocido la magnitud de la tragedia.
Tuvieron que pasar varias semanas, la intervención de Naciones Unidas (al igual que una reunión de emergencia de su consejo de seguridad) y la denuncia de medios internacionales para que, finalmente, San Suu Kyi dijera que se va a pronunciar al respecto la próxima semana en la asamblea general de las Naciones Unidas. Más precisamente: lo hará el vicepresidente de Myanmar, Henry Van Tio, pues las autoridades del país han alertado que hay posibles amenazas para atentar contra la vida de la Nobel de paz de 1991.
Esa es una de las muchas ironías que rodean esta masacre. Solamente después de 50 años bajo el control de los militares, en 2015 se realizaron las primeras elecciones democráticas del país, las cuales en gran parte se debieron al trabajo incansable de Aung San Suu Kyi a favor de un sistema democrático. Dicha lucha hizo que el comité noruego le entregara la medalla dorada, sin prever que en un drástico y vergonzoso giro, hoy la nobel esté bajo el reflector internacional por no defender a gran parte de sus ciudadanos y guardar silencio con respecto a esta tragedia humanitaria.
El alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó en un comunicado que la situación en Myanmar es un caso de “limpieza étnica de manual”. Palabras más, palabras menos: que las fuerzas militares de un país persigan, asesinen y desplacen a un grupo de personas, solamente por el hecho de profesar una religión determinada, es considerado limpieza étnica pura y dura.
Hay varios factores para entender cómo se llegó a este punto de no retorno.
Es importante resaltar el gran poderío de las fuerzas militares en Myanmar. Aunque en 2015 tuvieron sus primeras elecciones democráticas en décadas, las fuerzas militares no responden a las órdenes del poder ejecutivo, sino que tienen una amplia independencia. Es por eso que muchos simpatizantes de Aung San Suu Kyi la han defendido al decir que, de todas maneras, ella no puede controlar las acciones de los militares.
Por otro lado, Myanmar es un país mayoritariamente budista. Históricamente en el país, una gran parte de los budistas han considerado a los rohingya como inmigrantes ilegales que han venido de Bangladesh, y este ambiente de exclusión ha permitido que muchos de sus derechos sean vulnerados durante años. Tienen poca participación política y no pueden moverse libremente dentro del país, por lo que se han establecido desde hace años en el estado de Rakhine, al occidente de Myanmar.
El cataclismo estalló el 25 de agosto. Miembros de un grupo insurgente rohingya atacaron a cerca de 24 puntos de seguridad, lo cual dejó un saldo de 12 muertos. Los ataques fueron contrarrestados por las fuerzas armadas del país, y hasta ahora no ha parado la violencia.
Amnistía internacional reportó que dos personas que viajaban hacia la frontera con Bangladesh sufrieron graves heridas al pisar minas antipersonales. El ejército de Myanmar, junto al de Corea del Norte y Siria, es de los pocos en el mundo que usa abiertamente minas antipersonales, según Amnistía Internacional. Las consecuencias de su uso en este conflicto podrían ser desastrosas.
En una carta dirigida al consejo de seguridad de las Naciones Unidas, 30 personas (entre ellos 12 premios Nobel, como la joven Malala Yousafzai and Muhammad Yunus) pidieron con urgencia medidas para detener la tragedia: “Les pedimos que tomen las medidas necesarias para parar la violencia en contra de los civiles (…). El gobierno de Myanmar necesita entender que el apoyo político y económico de la comunidad internacional tiene como condición un cambio grande con respecto a la situación de los rohingya”.
Aunque todavía no se han confirmado las sanciones de la comunidad internacional, todo parece indicar que las habrá. Ya cursa una propuesta impulsada por el senador republicano John McCain en el congreso norteamericano para quitarle apoyo militar a Myanmar si las cosas no cambian. De igual manera, el parlamento europeo también planea, lo más pronto posible, aprobar una resolución con duras sanciones para el país asiático y así detener el derramamiento de sangre.
Mientras tanto, con cada día que pasa, el silencio de Aung San Suu Kyi se vuelve más incomprensible y, sobre todo, más cómplice.
FUENTE: SEMANA