septiembre 15, 2017
Las mujeres en búsqueda del desarme
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad impulsa una campaña con la que se pretenden bajar los índices de violencia de género y el uso de armas de fuego en el país
Una cifra preocupante: en Colombia cerca del 22% de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2015. En la mayoría de los casos fueron amenazadas con algún tipo de arma pequeña y/o ligera.
“La intimidación hace parte del ambiente de la mujer en el país”, asegura Diana Salcedo, subdirectora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal).
Escenarios como estos fueron los que llevaron a que Naciones Unidas emitiera en el año 2000 la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Un compromiso de la ONU para tratar y evaluar la situación de las mujeres en entornos de conflicto armado alrededor del mundo. Desde entonces la organización publica periódicamente informes sobre el curso pleno del cumplimiento de los derechos de la población femenina.
A eso se suma que diversas corporaciones y entidades que trabajan y velan por la integridad de la mujer se han unido en los últimos años para aterrizar las cifras arrojadas por la ONU a un contexto nacional. En Colombia, Limpal -desde 2011- decidió apoyarse en estos informes anuales para velar por la aplicación de la resolución en el país y así convertirse en garantes de los derechos de la mujer.
Con los diálogos de paz de La Habana, Limpal y otras organizaciones en pro de la mujer, trabajaron para que el rol de las mujeres fuese acogido dentro de los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que según datos revelados por la ONU y el Gobierno, las mujeres y los niños han sido la población más vulnerable dentro del conflicto armado.
Es por eso que este año Limpal lanzó la campaña ‘Mujeres por el desarme’ como una estrategia que pretende articular actividades informativas, académicas y de conversación entorno a la presentación del informe del seguimiento a la Resolución 1325 del 2016 en el país. Las cifras y los datos se compartirán el próximo 2 de octubre en Villavicencio, Meta.
“Colombia es un productor de armas que coincide con un período en conflicto”, apunta Diana Salcedo, subdirectora de Limpal. De hecho, según la organización, para 2008 Colombia alcanzo a importar y producir unas 47.976 armas. Esos datos se contrastan con las 5.203 armas que se hicieron o se trajeron al país en 2016 y que muestran cómo, a raíz de los diálogos de paz, el fenómeno se fue reduciendo.
Limpal, junto a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Health Net, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, y la Corporación Colombiana de Teatro, pretende con esta campaña llegar al Congreso para renovar los diálogos políticos sobre la regulación de las armas pequeñas y ligeras, y la ratificación de Colombia al Tratado de Comercio de Armas firmado con Naciones Unidas en 2015.
El trabajo y la vigilancia por el desarme en el país, aseguran, mejoraría las condiciones de las mujeres en entornos susceptibles al feminicidio. Se tienen estimadas unas 800 mil armas legales y entre 2 a 4 millones, aproximadamente, que no lo son. Estas cifras hacen más difícil controlar el panorama.
De hecho Colombia está en la décima posición de la lista de Small Arms Survey (encuesta de armas pequeñas) que mide el número de feminicidios por cada 100.000 mujeres en los países evaluados. Siete de los diez estados que aparecen en el registro están dentro de Latinoamérica y el Caribe.
Aproximando más las cifras a un nivel nacional, en 2016, cerca de 527 feminicidios fueron perpetrados con armas ligeras de fuego, de un total de 3.077 casos de muertes violentas de mujeres registradas en dicho año.
“No solo es desarmar con las armas, también hay que desarmar nuestros corazones, vocabulario y actitudes. Debemos optar por una desmilitarización de la vida”, dice Norma Bernal, Representante del Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, en medio del diálogo entre las organizaciones participantes de la campaña Mujeres por el desarme.
FUENTE: EL ESPECTADOR