A un año del brutal transfeminicidio de Sara Millerey, solo hay dos capturados por su caso. La justicia aún no llega y el enfoque de género tampoco.

Antes de ser asesinada, Sara Millerey escribió su propia historia en cuadernos y la llamó Mi autoría. En sus escritos, Sara relató cómo su mamá dejó a su padre maltratador y la crió junto a sus abuelas. En esas páginas también contó que desde que era adolescente supo que era mujer, que se escapó una vez para participar en un reinado de sus amigas “las maricas” y que fue coronada por ser la más linda; que su transición empezó a los 15 años y que eligió su nombre porque le encantaban las “mirellas”, que es como le llaman en Medellín a la escarcha, glitter o brillantina. 

Sara era una mujer religiosa y, aunque se alejó de la iglesia católica después de haberse enamorado de un cura, escribió en sus memorias que sus principios “siempre estaban con Jesucristo” y que se confortaba sintiendo su presencia. Llenaba sus cuadernos de oraciones y hechizos, combinando prácticas espirituales. Desde los 17 años ejerció el sexo por supervivencia. Luego fue trabajadora sexual. También desde muy joven enfrentó una adicción a las drogas que la llevó a vivir en la calle en varias ocasiones. 

El 4 de abril de 2025, a sus 32 años, Sara fue víctima de uno de los crímenes de odio más crueles en la historia de Colombia y América Latina. Ese día, Sara fue torturada ante los ojos de muchxs que presenciaron su sufrimiento, después de ser arrojada a la quebrada La García, en Bello, Antioquia, por un grupo de hombres que la golpeó brutalmente hasta quebrar sus extremidades. El informe forense reveló más de 30 fracturas en piernas, brazos y una costilla, lo que le provocó el choque hipovolémico que causó su muerte. Sara estuvo dos horas en el agua antes de ser rescatada por los bomberos y la policía. Alcanzó a llegar viva al hospital, donde finalmente murió.

Pero la violencia contra Sara no acabó ahí. Ese mismo día, el video atroz y revictimizante de la agonía de Sara empezó a difundirse por redes sociales, alimentando el morbo y el amarillismo de muchxs. De acuerdo con la Alcaldía de Bello y amigas de Sara, lxs testigxs no podían acercarse a ayudarla bajo la amenaza de los mismos perpetradores del crimen: “El que se metiera, también le daban”. Algunos medios afirmaron que fueron esxs testigxs quienes grabaron; otros, en cambio, aseguraron que quienes grababan eran los mismos que impedían que la gente se acercara a ayudarla.

En conversación con Volcánicas, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo (ONG dedicada a la defensa de los derechos LGBTIQ+), explica que “este tipo de casos, en los que la intensidad del ataque, el número de heridas y las condiciones en las que fue dejado el cuerpo son claros indicios de violencia por prejuicio, sugieren que la violencia no solo busca eliminar a la víctima, sino también enviar un mensaje simbólico de rechazo, corrección o disciplinamiento frente a identidades de género que transgreden el orden social dominante. El cuerpo de las personas trans se convierte así en un lugar donde se inscribe una violencia que es, al mismo tiempo, física y simbólica“. El video de la muerte de Sara hizo del horror un espectáculo.

Según compañeras de Sara, los hechos harían parte de algún tipo de “limpieza social”; tras la muerte de Sara, a muchas de ellas les llegaron mensajes por WhatsApp y otras redes sociales en los que les decían cosas como “Cuídense, maricas hijueputas, ya vieron lo que le pasó al otro cacorro y eso mismo les va a pasar a todas”. 

Lo cierto es que, a un año de la muerte de Sara Millerey, aún no se ha hecho justicia.

Un proceso judicial sin enfoque de género

El transfeminicidio de Sara fue investigado por la Fiscalía General junto con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas. La madre de Sara dijo en Caracol Radio: “Para mí, a ella la tuvieron que haber asesinado tan vilmente, porque la asesinaron vilmente, por ser como era, por ser extrovertida y por ser una trans“. Sin embargo, la investigación parece no haber tenido enfoque de género.

Un mes después del crimen, fue capturado el primer sospechoso: Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’. Le imputaron cargos por homicidio agravado y tortura y se supo de al menos cinco implicados más. El 26 de mayo fue capturado el segundo de ellos: Juan David Echavarría, alias ‘Chuky’. Los dos hombres capturados hacían parte del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa, que se dedicaba al comercio y distribución de drogas en el Oriente de Antioquia.

Tras la primera imputación de cargos, la representación de la víctima solicitó al fiscal del caso que se estudiara la posibilidad de que el crimen fuera entendido como un feminicidio agravado y no solo como un homicidio debido al papel que jugó la identidad de género de Sara en su asesinato. La solicitud fue rechazada por la Fiscalía, que argumentó que el crimen fue producto de disputas territoriales entre bandas y no por su identidad de género. 

Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, reitera que “los homicidios y feminicidios de personas trans no pueden seguir siendo tratados como hechos aislados o como simples cifras. Son la manifestación de una violencia estructural que combina exclusión, prejuicio y abandono institucional” y advierte que “existe un patrón sistemático de violencia contra personas trans que debe ser reconocido como tal por las autoridades. Negarlo o minimizarlo es permitir que continúe. Hoy, más que nunca, es necesario que el Estado actúe con decisión. Cada vida perdida evidencia no solo la violencia de los agresores, sino también las fallas de un sistema que no ha sido capaz de garantizar derechos, protección y justicia”.

Rolando Serrano, el secretario de Seguridad de Bello, que inicialmente se refirió a ella con pronombres masculinos y con su dead name (el nombre que usaba antes de transicionar), afirmó que Sara “no había recibido amenazas previas”. Pero el miedo que han sentido las personas LGBT+ ante la sistematicidad de los hechos violentos y prejuicios contra ellxs en la región no era ningún secreto. Sara también sintió ese miedo y lo dejó manifiesto en sus cuadernos.  

La audiencia preparatoria para el juicio oral estaba programada para el 26 de enero de 2026. Del juicio oral hasta el momento no hay noticias. Aunque las pruebas, que incluyen grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios, señalan la participación de al menos cinco integrantes del grupo, solo dos han sido detenidos. Otros presuntos responsables, conocidos como alias Cartagena y alias Yeye, siguen libres.

Ley Sara Millerey, una deuda pendiente 

El 31 de julio de 2024 se radicó formalmente ante el Congreso de Colombia el proyecto de Ley Integral Trans que busca garantizar derechos fundamentales para las personas trans en Colombia, como el reconocimiento legal de su identidad de género, acceso digno a la salud, al trabajo y a la educación, además de generar medidas de protección frente a la violencia estructural que viven y producir datos y estadísticas oficiales. Tras la muerte de Sara, el nombre del proyecto fue cambiado a Ley Sara Millerey para anclar la búsqueda de reconocimiento y condiciones de vida dignas a su memoria.

Este proyecto de ley se da “en un contexto de altos niveles de subregistro e información incompleta en variables como identidad de género, lugar exacto, tipo de arma o circunstancias en las que ocurren los crímenes”, detalla Caribe Afirmativo y añade: “También resultan persistentes las fallas institucionales en el registro, investigación y judicialización que contribuyen y construyen la invisibilización sistemática. Pero esta omisión no es neutra: contribuye a la impunidad, impide identificar los móviles de prejuicio y perpetúa un ciclo de violencia que sigue cobrando vidas sin una respuesta efectiva del Estado.”

Sectores conservadores y religiosos han atacado y entorpecido esta iniciativa, con desinformación y bulos como que la norma pretende legalizar el cambio de sexo en la niñez sin el aval de los padres e implantar “ideologías de género” en lxs menores. Nada de esto, como hemos explicado en anteriores ocasiones, es cierto. A pesar de las campañas de estigmatización y desinformación, en junio de 2025 el proyecto de ley fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y se encuentra a la espera de los siguientes debates.

El año pasado, desde el 1 de enero hasta el día del transfeminicidio de Sara, 25 personas LGBT+ habían sido asesinadas por su identidad sexual (ONG Caribe Afirmativo). De ellas, 15 eran personas con experiencia de vida trans. Igualmente, desde el 4 de abril de 2025, cuando Sara fue asesinada, hasta el 27 de marzo de este año, el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo pudo registrar 35 personas trans que fueron asesinadas en Colombia; sin embargo, la ausencia de una cultura institucional en el Estado respecto al registro de víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género hace que la identificación de estos casos sea más difícil y que este número pueda ser más alto. De acuerdo con Caribe Afirmativo, más del 90% de las víctimas son mujeres trans, “lo que confirma que la violencia letal suele operar de manera selectiva sobre cuerpos feminizados que transgreden las normas tradicionales de género. Este dato también confirma que la violencia letal se dirige de manera desproporcionada contra quienes encarnan identidades feminizadas que desafían el orden de género dominante. Esta no es una coincidencia: es la expresión más extrema de una sociedad que continúa castigando la diferencia”, subraya Castañeda. 

Solo este año, Catia, Heilly Marcela, Peli, Yeye, la madre Constanza, Vanessa Luciana, Melany Hernández, Daniela y Vaiolet Torres, todas mujeres trans, han sido asesinadas. 

A un año del crimen de Sara, vivir en Colombia sigue siendo un peligro mortal para las personas trans, pues sus vidas y sus identidades continúan sin ser respetadas y reconocidas y, dentro de los procesos judiciales, sus identidades siguen sin reconocerse como un factor de riesgo que no necesita de amenazas individuales para manifestarse.

A un año de uno de los crímenes de odio más crueles registrados en el país, seguimos exigiendo JUSTICIA PARA SARA MILLEREY y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS PARA TODAS LAS PERSONAS TRANS. 

FUENTE: VOLCÁNICAS