Entre acosos sexuales, retaliaciones judiciales y perjuicios para su salud mental, estas mujeres continúan lanzando un grito de alerta por una labor que, si bien es fundamental para garantizar derechos, sigue siendo una vocación desprotegida y de alto riesgo.

Varias cosas han cambiado en la vida de Yamile Roncancio últimamente. Siempre estuvo acostumbrada a que su trabajo como litigante, que busca justicia frente a agresiones de género, le trajera represalias, críticas y una que otra vendetta. Pero esta vez fue diferente. Un caso que representa para salvaguardar los derechos de dos menores de edad en Bucaramanga abrió la caja de Pandora, y como retaliación recibió estigmas y una investigación disciplinaria en la Rama Judicial. Ahora no es solo su nombre el que entró al blanco de agresiones, sino también su título como abogada.

Pero no es un caso único. Al igual que a Roncancio, son decenas de mujeres que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, han manifestado sentir desprotección o temor por llevar a cabo su labor de defender derechos, algunas sufriendo amenazas, pero otras viendo cómo sus familias, patrimonio o vidas son atacadas por su trabajo.

Vacío institucional

En Colombia hay al menos 50 decretos, sentencias o leyes que reposan en la sala de máquinas del Estado para atender violencias contra quienes defienden a otras mujeres. Una de las iniciativas más importantes se dio en 2018, cuando nació el Programa de Garantías para Mujeres Defensoras y Lideresas, que busca articular 33 entidades del Estado con las organizaciones para prevenir y proteger a las defensoras: desde una lideresa ambiental en territorio hasta una litigante amenazada en una ciudad principal. Pero su avance ha sido “desalentador”, según Jennifer Cordón, coordinadora en Sisma Mujer.

“La articulación interinstitucional y el desconocimiento de la norma han minado el objetivo de garantizar una protección real”, comenta.

Mientras los intentos plasmados en un papel intentan materializarse, hay quienes siguen sintiendo inseguridad por llevar a cabo su labor de proteger a mujeres. Así lo explica Juliet Gómez, cofundadora de la Coletiva Justicia Mujer, quien ha sentido temor por representar judicialmente a víctimas de violencias de género, y considera que su trabajo atrae riesgos.

“Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos. Cerca del 30 % de esas agresiones fueron contra mujeres, y el 75 % de las mujeres que defienden no encuentran respuesta efectiva ante las denuncias”, explica Gómez.

La Defensoría del Pueblo ha detallado que las mujeres defensoras enfrentan un doble riesgo a la hora de reclamar derechos. Primero, por hacer frente a violencias estructurales, y segundo, por el hecho de ellas mismas ser mujeres y no relegarse al ámbito doméstico. La entidad incluso ha hallado que las repercusiones contra ellas se manifiestan de varias formas: amenazas y agresiones, pero también delitos de alto impacto, como violencia sexual, desplazamientos o asesinatos.

También hay casos como el de Martha Polanco, defensora de familia del ICBF en Santander de Quilichao (Cauca), que en una audiencia de conciliación escuchó cómo el abogado de la contraparte mencionó: “Doctora, usted me excita”.

“En un Estado social de derecho nos debe defender el Estado. Pero en la práctica nos cuidamos solas. Implica convertirnos en personas incómodas, y aún se castiga a las mujeres por denunciar y liderar, pero también por asumir un lugar público que históricamente se nos ha querido negar”, afirma Claudia Quintero, directora de la Fundación Empodérame, quien en los últimos 12 años ha llevado la defensa de víctimas. Asimismo, ha tenido que convivir con las amenazas por ser mujer o por su color de piel.

En la soledad

La mezcla de defender derechos y convivir con las amenazas ha creado un coctel que Sara Jaramillo, jurista que litiga en Medellín contra la trata de personas, define como “una pelea con las uñas”.

“Hacemos esto porque amamos la defensa de derechos, pero lo hacemos desde una posición de mucha soledad. Lo único que buscamos es que defender no implique una sentencia”, asegura. “Hay una apatía social combinada con misoginia que nos obliga a enfrentar las consecuencias, y ser medidas con un doble rasero. La solidaridad es la única defensa que tenemos”.

El trabajo continúa a pesar de la sensación de miedo. Roncancio, quien también ha sido apoderada de las víctimas de feminicidio y ha logrado 50 sentencias condenatorias, asegura que buscar justicia es un proceso costoso y de largo aliento que debe llevarse hasta las últimas instancias, pues de otra forma se estaría fallando a mujeres que depositan su esperanza de encontrar alguna reparación o verdad.

Incluso recuerda que defender a otras mujeres implica más costos que beneficios. Ella, por ejemplo, cambia constantemente su domicilio para estar más cerca de las víctimas y rebusca los recursos para que su fundación, Justicia para Todas, siga funcionando.

“Hay jornadas que pueden ser de 15 horas diarias. Y no lo vemos como un sacrificio. No creo que Colombia valore lo suficiente a las defensoras de derechos”, asegura Roncancio.

Causas tristes, no perdidas

Todas las entrevistadas coinciden en que si pudieran volver al pasado, elegirían exactamente el mismo camino de defender a otras mujeres. Este diario intentó conocer el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Justicia para revertir la situación de violencia, pero al cierre de esta nota no encontró respuesta.

El trabajo de estas mujeres, comentan, no es una vocación que pueda ser olvidada y, a pesar de los riesgos, tiene historias para aplaudir. Cada lucha que emprenden significa una familia que vio restablecidos sus derechos o una mujer que encontró protección. “A mí me salvaron las mujeres, y lo siguen haciendo. Cuando el miedo o el cansancio amenazan con desbordarlo todo, allí están. Entre mujeres podemos construir protección, conciencia y resistencia”, concluye Quintero.

FUENTE: EL ESPECTADOR