Entre 2022 y 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ registró asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en nueve países de América Latina. Colombia concentra el mayor número de casos documentados; un gran porcentaje ocurrió en espacios públicos y en un contexto de registros incompletos en la región.

A Luisa Fernanda Parra la encontraron sin vida en una calle; a Sara Millerey, agonizando en un río; a Emy Britto la atacaron y asesinaron en un establecimiento comercial. Las tres tenían algo en común: eran mujeres diversas, eran visibles en sus comunidades y fueron asesinadas en espacios públicos y a la vista de otras personas. No son detalles menores. En América Latina, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer están siendo asesinadas en escenarios abiertos, expuestas y visibles. Colombia es el país que más reporta estos crímenes en la región.

Entre 2022 y 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 137 asesinatos de mujeres LBQ en nueve países de América Latina: Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. Este conteo se construyó a partir del trabajo de organizaciones sociales, redes comunitarias y noticias locales, por lo que no corresponde a cifras oficiales y evidencia los límites de los registros estatales.

“En muchos países no hay fuentes oficiales y, cuando existen, muchas veces son incompletas o difíciles de consultar”, explica la investigadora de la red, Paula Spagnoletti, en entrevista con El Espectador. Aunque la mayoría de países tiene registros sobre violencias de género, muchos no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género de las mujeres, lo que termina invisibilizando estas violencias y deja vacíos en la investigación de crímenes por prejuicio desde las primeras etapas de los procesos judiciales.

Colombia aparece una y otra vez en ese mapa. Casos como los de Luisa, Sara o Emy se repitieron al menos 65 veces más en el país durante ese periodo de tiempo. Son hechos que obligan a mirar estos asesinatos más allá de cómo se ha entendido el feminicidio o el transfeminicidio hasta el momento. “Muchas veces los cuerpos son abandonados en espacios públicos, arrojados a ríos o dejados a la vista, lo que muestra una violencia que busca enviar un mensaje”, dice Spagnoletti.

Un ejemplo es el caso de Sara Millerey, un crimen que sacudió a Colombia y cruzó fronteras, debido a la sevicia con la que fue cometido y por la circulación de imágenes que expusieron su sufrimiento y la revictimizaron. El 7 de abril de 2025 se conoció su muerte. Tenía 32 años, era una mujer trans y vivía en Bello, Antioquia. Sus agresores le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a la quebrada Playa Rica. Sara quedó en el agua, herida y quejándose de dolor y, aunque varias personas presenciaron lo ocurrido, nadie la ayudó; por el contrario, grabaron la escena y viralizaron el video.

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En los nueve países, más del 80 % de los casos documentados corresponde a mujeres lesbianas, 21 a mujeres bisexuales y cinco a mujeres registradas como “no heterosexuales”, según la Red Sin Violencia LGBTIQ+.

A Luisa Fernanda Parra la encontraron sin vida en una calle; a Sara Millerey, agonizando en un río; a Emy Britto la atacaron y asesinaron en un establecimiento comercial. Las tres tenían algo en común: eran mujeres diversas, eran visibles en sus comunidades y fueron asesinadas en espacios públicos y a la vista de otras personas. No son detalles menores. En América Latina, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer están siendo asesinadas en escenarios abiertos, expuestas y visibles. Colombia es el país que más reporta estos crímenes en la región.

Entre 2022 y 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 137 asesinatos de mujeres LBQ en nueve países de América Latina: Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. Este conteo se construyó a partir del trabajo de organizaciones sociales, redes comunitarias y noticias locales, por lo que no corresponde a cifras oficiales y evidencia los límites de los registros estatales.Play Video

“En muchos países no hay fuentes oficiales y, cuando existen, muchas veces son incompletas o difíciles de consultar”, explica la investigadora de la red, Paula Spagnoletti, en entrevista con El Espectador. Aunque la mayoría de países tiene registros sobre violencias de género, muchos no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género de las mujeres, lo que termina invisibilizando estas violencias y deja vacíos en la investigación de crímenes por prejuicio desde las primeras etapas de los procesos judiciales.

Casos registrados entre 2022 y 2025 por la Red Sin Violencia LGBTIQ+.

Colombia aparece una y otra vez en ese mapa. Casos como los de Luisa, Sara o Emy se repitieron al menos 65 veces más en el país durante ese periodo de tiempo. Son hechos que obligan a mirar estos asesinatos más allá de cómo se ha entendido el feminicidio o el transfeminicidio hasta el momento. “Muchas veces los cuerpos son abandonados en espacios públicos, arrojados a ríos o dejados a la vista, lo que muestra una violencia que busca enviar un mensaje”, dice Spagnoletti.

Un ejemplo es el caso de Sara Millerey, un crimen que sacudió a Colombia y cruzó fronteras, debido a la sevicia con la que fue cometido y por la circulación de imágenes que expusieron su sufrimiento y la revictimizaron. El 7 de abril de 2025 se conoció su muerte. Tenía 32 años, era una mujer trans y vivía en Bello, Antioquia. Sus agresores le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a la quebrada Playa Rica. Sara quedó en el agua, herida y quejándose de dolor y, aunque varias personas presenciaron lo ocurrido, nadie la ayudó; por el contrario, grabaron la escena y viralizaron el video.

“Estamos hablando de violencia por prejuicio”, afirma la investigadora. Es una violencia que nace del rechazo social y que busca “castigar” a las personas diversas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. “Se sostiene en estructuras sociales, culturales y políticas que rechazan a quienes no encajan en la norma heterosexual y cisgénero”, agrega.

En el caso de las mujeres LBQ en América Latina, el informe de la red registra patrones que refuerzan esa lectura: homicidios acompañados de violencia sexual, signos de tortura, agresiones y golpes en el cuerpo. “Vemos altos niveles de brutalidad y ensañamiento sobre los cuerpos, con lesiones repetidas y concentradas en partes específicas, lo que habla de un intento de borrar la identidad de estas mujeres”, explica Spagnoletti.

En algunos casos, la violencia continúa después de la muerte, cuando el cuerpo es abandonado o expuesto en el espacio público. Y al ser expuestos, “el mensaje detrás es el castigo, la intención de generar miedo y la sanción hacia cualquier mujer que quiera visibilizar su orientación sexual”, reitera. Es un mensaje dirigido a otras mujeres, que puede traducirse en miedo a salir a la calle, a mostrarse con su pareja, a tomarse de la mano o a expresar afecto en público sin temor a represalias.

En el caso de Emy Britto, una mujer lesbiana conocida y querida en su comunidad, organizaciones sociales señalan que el crimen podría estar relacionado con su visibilidad. Fue asesinada a plena luz del día, el 16 de junio de 2025, en el barrio 31 de Octubre, en Riohacha. Estaba en un establecimiento comercial, en uno de los momentos de mayor movimiento del sector, cuando dos hombres en motocicleta entraron al lugar y le dispararon varias veces frente a todas las personas. La forma en que ocurrió el ataque causó conmoción en la comunidad y reforzó la sensación de desprotección.

“Es una práctica de disciplinamiento y exclusión del espacio social. El mensaje es: acá no”, dice Spagnoletti.

Sin embargo, hay otro patrón en la violencia contra las mujeres LBQ, lo que la investigadora denomina una afectación a su “autonomía afectiva”. Se trata de la libertad de elegir con quién vincularse emocional y sexualmente, una decisión que, para muchas mujeres diversas, sigue siendo castigada.

FUENTE: EL ESPECTADOR