Justicia interseccional: no todas las mujeres viven las violencias de igual manera ni enfrentan las mismas barreras para acceder a la justicia, la protección o la reparación.

Cada 25N, el mundo recuerda que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y normalizadas. Se manifiestan de distintas formas —física, psicológica, sexual, patrimonial, vicaria, simbólica y estructural— y afectan a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 

En esta fecha, organizaciones, comunidades, movimientos y gobiernos hacen un llamado a adoptar acciones concretas para eliminar estas violencias. Pero, para lograrlo, los compromisos simbólicos no bastan: se requiere un trabajo más profundo, capaz de mirar de cerca las desigualdades que se entrecruzan en la vida de las sobrevivientes. Es esencial entender que no todas las mujeres viven las violencias de igual manera ni enfrentan las mismas barreras para acceder a la justicia, la protección o la reparación. Por eso, hablar de interseccionalidad no es una consigna académica, sino una urgencia social y colectiva.

El término “interseccionalidad”, acuñado por la defensora de los derechos civiles Kimberlé Crenshaw, nos invita a entender que el género se cruza con otras identidades y condiciones que moldean las experiencias de opresión y privilegio. Reconocerlo es asumir que las discriminaciones —el racismo, el clasismo, la xenofobia, el capacitismo, el sexismo— no se suman simplemente, sino que se refuerzan entre sí. 

Ignorar estas intersecciones ha reproducido históricamente exclusiones y ha dejado fuera del relato dominante las historias de millones de mujeres. En América Latina y el Caribe, los protocolos para denunciar la violencia de género suelen quedarse en el papel: en la práctica, muchas niñas y mujeres no pueden acceder a esos mecanismos debido al abandono estatal. Esto se traduce en obstáculos concretos: la falta de información accesible, las brechas digitales, la ausencia de traductores en sus lenguas o la inexistencia de una comisaría cercana. Son mujeres y niñas a quienes el machismo, el clasismo y el racismo les ha coartado el acceso a la justicia y al derecho a vivir sin violencia.

Datos de la OEA lo demuestran: en América Latina y el Caribe, cerca de 6 de cada 10 mujeres negras han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y más del 74 % no ha denunciado por miedo a no ser creídas o por temor a la revictimización. Así, el racismo estructural y los estereotipos de género se combinan y dificultan el acceso a la justicia. La violencia, entonces, no afecta a todas por igual.

Desde Women’s Link entendemos que hablar de interseccionalidad es cuestionar privilegios, reconocer otras realidades y acompañar luchas por justicia, en plural. En nuestras acciones legales y de incidencia, ponemos en el centro las historias y las necesidades específicas de cada una de nuestras clientas y nos volvemos compañeras de sus caminos de búsqueda de justicia y reparación.

En República Dominicana, por ejemplo, acompañamos a Luz, una adolescente con discapacidad que se vio obligada a llevar a término un embarazo de alto riesgo tras sobrevivir a una agresión sexual, poniendo en peligro su salud y su vida. El capacitismo y el racismo estructural han generado barreras particulares para su reparación y su acceso a la justicia. Junto con CIMUDIS, Women Enabled International, Fòs Feminista y otras aliadas, conseguimos medidas de protección urgentes y buscamos justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

También trabajamos de la mano con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe que abordan la violencia desde una mirada interseccional. Destaco el trabajo de la organización Espacio Encuentro de Mujeres (EEM) en Panamá, que ha demostrado que cada niña vive una realidad marcada por su historia, su cultura y su comunidad. Además de recordarnos que ellas tienen el poder para deconstruir los sistemas patriarcales, coloniales y racistas que las han excluido históricamente. Su labor nos recuerda que, si no ponemos a las niñas en el centro de la discusión, no podremos avanzar hacia una verdadera eliminación de la violencia.

Mientras seguimos construyendo un mundo libre de violencias para las mujeres y niñas, la solidaridad es central para que las sobrevivientes puedan ser acuerpadas en sus caminos de lucha. Ninguna de ellas debería enfrentar la búsqueda de justicia y reparación sola, y porque las mujeres sabemos muy bien que nuestras redes han y siguen salvando nuestras vidas.

Debemos exigir a los Estados que se comprometan a erradicar las violencias de género y honren las luchas de justicia y reparación de las sobrevivientes; que aprendan más de la solidaridad de nuestras redes y de nuestros programas de prevención y acompañamiento legal. 

Decir “Ni una menos” también significa decir: ni una menos por su raza, por su origen, por su orientación, por su identidad, por su discapacidad o por su estatus migratorio. Es tiempo de transformar las estructuras que siguen decidiendo quiénes merecen protección y quiénes no. 

Es tiempo de que los Estados actúen con urgencia para salvar vidas y garanticen que ninguna mujer ni niña sobreviviente tenga que luchar sola por justicia y reparación. 

FUENTE: VOLCANICAS