En un informe de la situación de los derechos de la mujer en Colombia, ONU Mujeres, recomendó al Congreso revisar 12 aspectos que tienen que ver con el tema en la legislación colombiana.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá, 26 de octubre de 2025 (Prensa Senado). – En el marco de un estudio realizado en 24 países, ONU Mujeres, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de Suecia, en articulación con la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la sociedad civil y la academia, presentaron en el Congreso de la República el estudio: “Acciones legislativas para transformar la vida de las mujeres: análisis de legislación discriminatoria en Colombia”.

El ejercicio busca identificar avances, vacíos y retos normativos para promover los derechos de las mujeres y las niñas, y, proponer acciones legislativas que transformen sus vidas.

La jornada se llevó a cabo en la Comisión IV del Senado con motivo de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Congresistas, representantes de entidades del Estado, de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas asistieron al Lanzamiento del Análisis y al diálogo de alto nivel que resaltó la importancia de traducir los hallazgos del informe en iniciativas legislativas concretas y en un seguimiento político efectivo, con el fin de que la agenda de reformas que identifica el estudio se convierta en cambios legislativos para las mujeres y niñas del país.

Marco normativo con avances

El análisis examinó 117 leyes en cuatro áreas: participación política, derechos laborales y seguridad social, derecho a la tierra y vida libre de violencias. El estudio concluye que Colombia ha avanzado en la construcción de un marco normativo robusto para los derechos de las mujeres, pero advierte que la existencia de algunas normas discriminatorias y vacíos en la legislación todavía limitan su efectividad.

Así mismo, el estudio señala que adoptar medidas legislativas para modificar y derogar disposiciones discriminatorias, junto con un control político efectivo sobre la implementación de las normas, sumado al presupuesto suficiente y concreto, permitirá al país avanzar hacia una democracia más igualitaria, donde la ley proteja de manera sustantiva a todas las mujeres y niñas.

La senadora Clara López del Partido Pacto Histórico, hizo un repaso por su trayectoria legislativa en materia de mujer y género, destacando los desafíos que enfrenta este trabajo en la Comisión Primera del Senado, de la que hace parte: “Persisten dos grandes obstáculos, la resistencia a la participación política de las mujeres y la influencia del pensamiento religioso”.

Recordó su papel como ponente del proyecto de ley estatutaria de igualdad hacia la mujer, en el que propuso incluir la paridad obligatoria en los partidos políticos, una iniciativa que no prosperó “por la negativa de las masculinidades en la mesa”.

Sobre el componente religioso, López reconoció que, aunque hay tensiones, también existen espacios de consenso, como ocurrió en la discusión del proyecto para eliminar el matrimonio infantil, donde se logró acordar un lenguaje común al sustituir las expresiones “hombre y mujer” por “menores de edad”, conciliando posturas divergentes.

La senadora también llamó la atención sobre la ley de divorcio unilateral, sugiriendo una revisión cuidadosa para evitar que su aplicación pueda terminar afectando a las mujeres, una preocupación compartida —dijo— por algunos sectores religiosos.

Finalmente, subrayó que ha respaldado múltiples iniciativas alineadas con la agenda de ONU Mujeres, aunque confesó que, en muchos de esos esfuerzos, “se ha sentido sola en la búsqueda de esa igualdad real”. Sostuvo la congresista.

Qué propone ONU Mujeres

El informe propone recomendaciones para actualizar algunas leyes a la luz de estándares internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, incluyendo la revisión o modificación de al menos 12 normas que siguen vigentes:

Participación política: avanzar hacia la paridad del 50% en listas de elección popular, garantizar mayor financiación para la inclusión efectiva de las mujeres en política y candidaturas de mujeres e implementar mecanismos de alternancia y paridad en designaciones.

Derechos laborales y seguridad social: eliminar la prohibición de trabajos de pintura industrial para las mujeres, ampliar la licencia de paternidad y garantizar cobertura contra el acoso laboral, incluso en contratos civiles.

Derecho a la tierra: eliminar barreras para la titularidad conjunta, reconocer el trabajo de cuidado y asegurar la titularidad independinete de la tierra y la propiedad a nombre de las mujeres

Vida libre de violencias: elevar la edad mínima de consentimiento sexual a 16 años, prohibir la confrontación víctima–agresor y visibilizar todas las formas de violencia, incluidas la digital, institucional, vicaria y obstétrica.

Solo si el país avanza en erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas será posible garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y una ciudadanía en igualdad de condiciones.

FUENTE: https://www.senado.gov.co/