La vida de esta mujer ha estado marcada por el conflicto armado y las violencias de género, fue víctima de desplazamiento y tres de sus familiares han sido desaparecidos. En su lucha, ha aportado a la construcción del Plan Regional de Búsqueda de Boyacá de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, aprendió a recopilar información, a tomar muestras de ADN, a caracterizar cementerios y tramitar las solicitudes de búsqueda.

Dominga Rincón Rincón nació en Tame (Arauca) en la vereda San López, a finales de la década de los 70, pero creció en la vereda Cabuya, en un hogar de siete hijos que habitaban una finca de 45 hectáreas. Allí trabajaban y vivían de la agricultura en una tierra fértil y próspera. Su vida cambió con la muerte de su mamá a causa de una trombosis, dejando a varios de sus hijos muy pequeños. Ella recuerda que los menores eran su hermano Roberto, de 10 años; Daniel de 8 y ella, de 6. La vida en el campo era dura por el trabajo, pero también porque ya empezaban a sentirse los rigores del conflicto armado en su vereda, que era -y sigue siendo- un lugar estratégico por estar ubicada en la zona fronteriza entre Arauca, Casanare y Boyacá.

Uno de esos recuerdos de infancia que le quedaron marcados para siempre es cuando acompañaba a su papá a recoger los muertos que bajaban por el río Casanare y les hacía un ataúd para llevarlos al cementerio y darles cristiana sepultura. “Mi papá cepillaba la madera que cortaba en la finca y armaba las cuatro tablas para enterrarlos, no les poníamos nombres ni hacíamos misa ni nada. Los hombres mayores de la vereda ayudaban a cargarlos hasta el cementerio de San Gregorio”, rememora.

Ese recuerdo está unido al de la desaparición de su hermano Roberto cuando tenía 14 años y ella llegaba apenas a los 10. “Yo recuerdo que mi padre y yo fuimos a buscarlo a una vereda que se llamaba Mundo Nuevo, que era más o menos a cuatro horas caminando. En su momento nos dijeron que lo había reclutado un grupo armado, entonces mi papá fue a hablar con el comandante, era un lugar donde había varios cambuches y unos chinchorros guindados”, dice.

Sus recuerdos son borrosos, pero sabe que no les dieron razón de Roberto, así que tuvieron que devolverse. Su padre trató de averiguar y habló con sus vecinos, pero nadie dijo nada. Imperaba la ley del silencio, era mejor no preguntar más, no reclamar, dejar así. Para ese momento ya estaban en territorio araucano varias estructuras de las FARC y del ELN, que han sido los grupos que históricamente han hecho presencia en el departamento. Ni su padre, siendo un hombre conocido y respetado en la región por haber sido uno de los fundadores de la comunidad de La Cabuya, pudo obtener información.

Las violencias continúan

La vida familiar transcurrió sin Roberto. A los 14 años, Dominga quedó embarazada de su hijo mayor. El padre, otro menor de edad, no reconoció la paternidad, así que tuvo que afrontar ella sola su embarazo y la crianza de ese primer hijo, siendo apenas una niña. “Yo veía eso como normal”, relata. En ese momento y en el contexto donde creció no era grave esa situación y los hijos eran -y son- considerados una bendición que hay que aceptar. Al poco tiempo, conoció al que sería el padre de su segundo hijo, pero murió un mes antes de que el niño naciera. Así que tuvo que trabajar más fuerte cuidando ganado, cerdos y gallinas y cultivando en la finca para que su papá la dejara quedar con techo y comida para sus hijos. Su hermano Daniel también la apoyó durante un tiempo.

Siendo aún muy joven quedó embarazada por tercera vez de un hombre que estaba dispuesto a formar un hogar con ella y sus hijos, pero lo asesinaron poco tiempo antes de que su hija naciera. De tal manera que a los 19 años y con tres hijos, Dominga tuvo que afrontar una tragedia mayor: el desplazamiento forzado. No cuenta mayores detalles de ese momento, solo que fue en 1998, que murieron seis personas, entre ellas una mujer que tenía 8 meses de embarazo.

La historia cuenta que entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de noviembre de 1998, un grupo de paramilitares conocidos como Masetos asesinaron a estas personas con la colaboración de miembros del Ejército. Entre las víctimas se encontraban Alicia Ramírez Méndez, la mujer embarazada que fue violada y decapitada, y el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cabuya, Rito Antonio Díaz Duarte. “Estos pobladores fueron tachados por los ‘paras’ de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Luego de esta masacre se desplazaron 34 familias de la vereda”, se lee en un reporte del portal Rutas del Conflicto.

Buscando apoyo familiar, Dominga fue a parar a Tópaga con sus tres hijos muy pequeños. “Yo solo pensaba: voy a sacar a mis muchachitos adelante, y cuando me preguntaban cómo los iba a mantener, yo contestaba que donde comía uno comían dos”. Intentó formar una familia con otra pareja, con quien tuvo dos hijos más, pero tuvo que soportar violencias y maltrato. Aun así, dice que durante mucho tiempo estuvo agradecida porque las condiciones en las que se encontraba antes no eran las mejores y tuvo techo y comida para sus cinco hijos.

En medio de una vida azarosa, tuvo que enfrentarse a la desaparición de su sobrino Edgar Rodrigo, el 11 de agosto de 2009. En ese momento el joven tenía 26 años, un hogar, un hijo y vivía en Arauca. Desde Boyacá, Dominga motivó a su hermana a golpear puertas, a preguntar, a no quedarse callada. Ya no tenía miedo; activó sus genes de buscadora y se fortaleció con el dolor de su hermana para conseguir información, para seguir cada indicio. “Lo único que supimos en ese momento fue que un grupo armado se lo había llevado para Venezuela y que allá está, vivo, pero sometido a trabajos forzados bajo tierra. Les dijimos a las autoridades que averigüen a ver si hay más casos parecidos, si hay un patrón de desaparición llevando a la gente a un búnker a trabajar”, explica. Hasta ahora no hay datos concretos sobre el paradero de Edgar.

Esa desaparición, 20 años después de la de su hermano, revivió los recuerdos que tenía sobre la búsqueda que de manera temerosa había hecho su padre. Esta vez el sufrimiento de su hermana fue el que la impulsó a no callar. En ese momento en Tame era más claro el control del ELN, que había librado una dura confrontación con las FARC entre 2005 y 2010, para controlar ese corredor estratégico entre los tres departamentos y el paso a la frontera con Venezuela. También habían entrado ya los grupos paramilitares, que produjeron una fuerte victimización sobre estas poblaciones, señaladas de auxiliar a los grupos guerrilleros.

Una tercera desaparición

Dos años después de la desaparición de su sobrino, en 2011, tuvo que enfrentarse a una nueva desaparición. Esta vez fue la de su hijo Camilo Andrés. “Tenía 14 años y era muy rebelde”, recuerda Dominga. Tratando de aliviar su situación económica ella había dejado a ese, su segundo hijo, con uno de sus hermanos durante un tiempo. A los 12 años el muchacho volvió a vivir con su mamá, pero le reprochó los años de ausencia. Un día no volvió a saber de él. Lo único que escuchó fue una versión extraña de que su hijo y otro joven habían sido reclutados por un grupo armado. Al poner la denuncia en la Fiscalía en Sogamoso y apoyados en el testimonio del otro adolescente, quien apareció a los pocos días afirmando que al hijo de Dominga lo habían asesinado y tirado al río, declararon que Camilo Andrés había muerto.

Ella, sin embargo, siguió buscando y viajó hasta Yopal, donde se supone que había sido asesinado. Ni sus oraciones ni la novena de la Sangre de Cristo que se había encontrado un día lluvioso en medio de la búsqueda surtieron efecto. “Alguien me dijo que, si a mi hijo lo habían echado al río, yo debía pedírselo al río para que me lo devolviera”. Y a su memoria volvieron los recuerdos de los muertos que recogía su papá. No lo dudó y de inmediato hizo lo que le habían sugerido, no pudo hacerlo en Yopal, así que un poco resignada se fue a un pequeño río en Tópaga a cumplir con el ritual. Al llegar a su casa, extenuada, recibió una corta llamada, de apenas tres segundos. Era su hijo: “estoy bien mamá, no se preocupe”. Ella intentó devolver la llamada al número del que la habían llamado, trató de averiguar más datos, pero no tuvo más información. Luego de dos años de ausencia, su hijo volvió a casa, de la misma manera en que se había ido: de repente y sin más explicaciones.

Su alma quedó tranquila con el regreso de su hijo a casa. Recobró la posibilidad de dormir sin levantarse sobresaltada por la impresión de que aparecía por la puerta de su casa. Él tiene una vida propia, un hogar y Dominga tiene una causa que va más allá de la búsqueda de su hermano y de su sobrino.

El liderazgo de Dominga

En 2016 Dominga entró por primera vez a las reuniones de la mesa municipal de víctimas de desplazamiento forzado. Lo hizo por cumplir un requisito, pero empezó a conocer más casos de desaparición y sintió que estaban sin doliente y había que lograr que las entidades del Estado hicieran todo lo posible para encontrar a los ausentes. “Es que yo sé qué siente esa mamá que busca y sé qué se siente después de recuperarlos. Yo sentí que tenía que hacer algo por esas personas”, dice.

Por eso terminó, en 2019, participando en la mesa departamental de víctimas de desaparición. Desde allí ha hecho aportes invaluables en la construcción del Plan Regional de Búsqueda de Boyacá de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD. Ya habla de patrones, busca coincidencias y similitudes entre los casos. Sabe valorar cada dato por pequeño o insignificante que parezca porque puede ser valioso para la búsqueda. Aprendió a recopilar información, a tomar muestras de ADN, a llenar los formatos y documentos para tramitar las solicitudes de búsqueda. Ya sabe caracterizar cementerios y lo más importante para una mujer buscadora: sabe escuchar. Incluso, inició otro proceso porque ella misma puede ser aportante de información para recuperar cuerpos en Arauca.

Empezar a liderar ese proceso le abrió el camino para retomar la búsqueda de su hermano que había quedado suspendida treinta años atrás por el desplazamiento y las amenazas que recibieron. Aún no puede volver a Tame, pero propició un proceso con personas que pertenecieron a los grupos armados que puedan tener información de las estructuras de esa época para seguirlo buscando.

Este proceso la hizo consciente de que el desplazamiento deja una huella y unas afectaciones muy graves. “Es diferente porque cuando uno se desplaza pierde algo material que se puede recuperar: la casa, los animales, los cultivos. Con la desaparición se pierde al ser querido; se trata de un sentimiento que usted lleva por siempre y que no lo recupera con nada, ni con plata ni con carros ni con casas, solo con su ser querido vivo”. Se dio cuenta de que vivir tantos hechos violentos no era normal, que el desplazamiento no era normal, así les hubiera pasado a otras personas.

Por eso, se juntó con quienes lo perdieron todo en Tame, aquel noviembre de 1998 y presentaron una demanda ante el Consejo de Estado por todas las afectaciones que sufrieron tras la masacre de la Cabuya. Ya diferentes instancias judiciales habían condenado al Ministerio de Defensa a pagarle a cada una de las 154 personas reconocidas como víctimas de desplazamiento la suma de 50 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales. Aun así, tres años después del fallo del Consejo de Estado que confirmó sus pretensiones, Dominga y su familia no han recibido la indemnización.

Dominga está convencida de que lleva los genes de buscadora en su cuerpo. Aquellos días en los que acompañaba a su padre a rescatar los cadáveres que bajaban por el río Casanare para hacerles un ataúd y llevarlos al cementerio, siguen intactos en su mente. No hay duda de que ahí empezó a forjar su carácter de mujer buscadora. Solo que estaba muy niña y aún no lo sabía.

Ella dice que ya no busca solo a su hermano y a su sobrino. Hoy, busca a 1.474 personas en todo el departamento de Boyacá. Uno de sus principales logros es haber impulsado una ordenanza departamental que permite garantizar los recursos para que las organizaciones participen activamente de la búsqueda. Está promoviendo una mesa técnica en la que entidades como la Fiscalía, Medicina Legal, la UBPD, la Unidad de Víctimas y la Gobernación articulen esfuerzos para que garanticen la búsqueda.

Su sueño es construir un centro de memoria en Tunja y en cada una de las provincias del departamento construir parques, iglesias y otro tipo de lugares de memoria para recordar a los desaparecidos. También aspira a conseguir medidas cautelares para proteger varios cementerios como el de Muzo, donde están a punto de perderse varios cuerpos no identificados por cuenta de un deslizamiento de tierra.

* Historias de mujeres buscadoras en la “Enciclopedia del Banrepcultural”

La Red Cultural del Banco de la República y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realizaron un conjunto de biografías de mujeres buscadoras que están disponibles en la Enciclopedia de Banrepcultural para dar a conocer las historias de quienes han dedicado su vida a buscar a los seres queridos desaparecidos, dar con su paradero, adelantar procesos de memoria, impulsar leyes y contribuir a la creación de mecanismos para la búsqueda. Estas mujeres son reconocidas como activistas y defensoras de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales de búsqueda.

La selección de mujeres buscadoras, que fue incluida en la colección del Banco llamada Mujeres Notables, se realizó teniendo en cuenta los enfoques de género y territorial, de modo que quienes participen tendrán la oportunidad de conocer cómo ha ocurrido la desaparición en varias regiones del país. La historia que se presenta en esta página es de una de ellas.

FUENTE: EL ESPECTADOR