El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, a tres años de la Sentencia C-055 todavía quedan deudas en Colombia. Conversamos con Laura Castro González, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa.

Una de cada cuatro mujeres en Colombia no recibió información completa, clara y oportuna para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025. De igual forma, una de cada cuatro reconoció que el personal de salud la hizo cambiar de decisión cuando solicitó el procedimiento. A pesar de que desde el 21 de febrero de 2022, con la sentencia Causa Justa C-055, se despenalizó el aborto hasta la semana 24, en el país persisten barreras que limitan la autonomía reproductiva de las mujeres.

En Colombia las mujeres pueden acceder a la IVE de forma legal y gratuita hasta la semana 24; basta con expresar la voluntad de forma verbal o escrita ante la EPS o el Sistema de Seguridad Social. Después de ese tiempo, se tienen en cuenta las tres causales de la sentencia C-355 de 2006: 

1. Que el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, es decir, se tienen en cuenta las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. 
2. Si el feto presenta malformaciones o riesgos en su salud que no sean compatibles con la vida por fuera del útero de la mujer. 
3. Si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto. 

Sin embargo, los obstáculos persisten, especialmente en población vulnerable como mujeres en zonas rurales, migrantes e indígenas. Además de la falta de información y la influencia del personal de salud, se presentan barreras como la negación del servicio por parte del equipo médico; los retrasos de las EPS e IPS en autorizar y programar el procedimiento; la presión de la pareja, la familia o los amigos para cambiar de decisión; y factores socioculturales —particularmente relevantes en comunidades indígenas—, que no fueron considerados en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

Por ejemplo, el Colectivo Mujeres del Desierto realizó una investigación sobre las barreras para acceder a la IVE que tienen las mujeres indígenas Wayuu del municipio de Uribia en el departamento de La Guajira. Los principales factores que encontraron fueron la falta de información sobre los derechos sexuales y reproductivos; falta de enfoque diferencial como brigadas de salud que hablen wayuunaiki; estigmatización dentro del sistema social Wayuu bajo discursos religiosos y morales; y malos tratos, comentarios crueles y demás violencias del personal de salud. 

Por otro lado, están las barreras para mujeres en zonas rurales, como nos mencionó Juniar Rentería de la Red Colombiana de Mujeres Rurales en el departamento de Bolívar, conformado mayoritariamente por mujeres afrodescendientes. Rocha y Puerto Badel, corregimientos de Arjona, no cuentan con servicios de salud y quienes quieran acceder a la IVE deben ser remitidas a Cartagena. Además, también hay otro factor que influye y es el contexto familiar y comunitario. “La aceptación de la comunidad, porque estos son procesos comunitarios, no es solamente de una mujer como un individuo, sino el tema de la familia, la creencia y la cultura que influyen en cómo la comunidad acepta la interrupción voluntaria del embarazo”. 

Aunque el aborto es un derecho, en la práctica todavía existen muchos obstáculos. Por eso, para el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible hablamos con Laura Castro González, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa. Ella es una de las personas que más de cerca ha luchado por la despenalización total del aborto y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.

Consonante: ¿Qué significa para ustedes conmemorar el día de la Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible, en Colombia, luego del avance histórico en la sentencia en 2022?

Laura Castro: Es muy importante para nosotras desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y desde el movimiento Causa Justa, porque es una oportunidad para hacer pedagogía sobre la sentencia. Sirve para recordar lo que hemos ganado, pero también hacer un llamado al cuidado de esta sentencia, porque hoy en día hay quienes quieren poner en entredicho la autonomía reproductiva de las mujeres.

La batalla cultural de este siglo es la conquista y la defensa de la autonomía reproductiva. Este es un momento para llamar a más voces y a más audiencias a juntarse en la protección de este derecho.

C.: ¿Cómo evaluarías lo que ha sido la sentencia en términos prácticos reales en estos años? 

L.C.: Hay que destacar los avances que hay en materia del marco normativo y sanitario. El marco normativo ha avanzado en sentencias importantes, como la sentencia de unificación en los casos de mujeres indígenas que reconoce que el derecho al aborto es un derecho fundamental y eso es muy importante en todos los debates en materia de autonomía reproductiva.

También tenemos los avances del marco sanitario: la regulación 051 y ahora sabemos que el Ministerio está avanzando en los documentos técnicos que van a facilitar la implementación de este marco sanitario. 

Siempre hay brechas en materias de la implementación de ese marco normativo o brechas que están asociadas al desconocimiento del marco legal vigente por parte de funcionarios y funcionarias que todavía no reconocen que existe la sentencia Causa Justa. Y solo reconocen el marco de las tres causales solamente, que es la sentencia del 2006. 

También hay un desconocimiento por parte de las mujeres que no saben que el aborto es un servicio de salud al cual pueden acceder de manera gratuita.

Existen de igual forma las barreras estructurales asociadas a el complejo sistema de salud colombiano. Por ejemplo,  las mujeres rurales no tienen las mismas posibilidades de acceder que las mujeres que viven en las capitales. Y hay otras barreras que nosotras reconocemos como asociadas a la falla en la prestación de los servicios. 

C.: ¿Qué deben tener claro las mujeres para poder acceder a este derecho?

L.C.: Lo más importante es conocer la ruta de acceso a la IVE. Si enfrentas un embarazo no deseado, puedes acudir a tu EPS o IPS —en la que estés afiliada o la más cercana— y solicitar el procedimiento de manera libre hasta la semana 24, y por causales específicas después de ese período.

El aborto no solo es un derecho, también es un servicio de salud. Por eso, las entidades territoriales, las secretarías de Salud, la Defensoría del Pueblo y las personerías tienen la obligación de garantizar que esa ruta de acceso se cumpla.

C.: ¿Qué pueden hacer si tienen barreras en sus comunidades?

L.C.: Pueden contactar a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en sus redes sociales (@mesaporlavida). Nosotras tenemos un acompañamiento legal y gratuito a las mujeres que tienen barreras de acceso, las orientamos con información y también acompañamos el litigio administrativo ante la clínica o la EPS para que puedan sortear esas barreras.

C.: ¿Y qué pasa con las mujeres migrantes, afrodescendientes e indígenas? ¿Cómo cómo se combina esa discriminación  étnica, racial o migratoria con las dificultades de acceso a al aborto legal?

L.C.: En 2021 hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que las mujeres extranjeras sufren doble discriminación por el hecho de ser mujeres y  por el hecho de ser desplazadas o ser extranjeras. Con frecuencia no se les reconoce que el servicio de aborto es gratuito. El Estado colombiano está obligado a pagar porque la IVE es  reconocida como un procedimiento de urgencias. Entonces, ellas podrían acceder mediante la ruta de urgencias del hospital o la clínica. Incluso si tienen un estado migratorio irregular en Colombia.

En el caso de las mujeres afro, la principal barrera está asociada a no tener datos que nos permitan identificar cuáles y quiénes son las mujeres y niñas afro que están accediendo a los servicios de aborto. El Ministerio de Salud está en deuda de hacer unas adecuaciones en su manejo y reporte en las variables sociodemográficas. No tenemos tanta información provista por el Ministerio de Salud para saber cuáles son las barreras que tienen las mujeres afro. ¿Dónde están accediendo? ¿en qué nivel de complejidad? Hay un tema de invisibilización estadística. 

Con las mujeres indígenas, pese a que ya se reconoció el aborto como un derecho en igualdad de condiciones, para las mujeres indígenas siguen enfrentando muchas barreras dentro de sus comunidades y dentro de sus IPS prestadoras de servicio.

Líderes y autoridades indígenas, en su mayoría hombres, creen que ellos tienen que autorizar a las mujeres para que accedan a su derecho. Esto no es así de ninguna manera. 

C.: ¿Cuáles son las acciones urgentes que debe tomar Colombia para que el aborto sea no solo legal, sino también seguro, accesible y libre de estigmas?

L.C.: Primero, es fundamental la pronta expedición de la política nacional de derechos sexuales y reproductivos. La sentencia Causa Justa C-055 de 2022 no solo despenalizó el aborto hasta la semana 24, sino que también instó al Gobierno y al Congreso a actualizar esta política lo antes posible. Colombia lleva varios años sin una política vigente porque no se ha decidido renovarla, aunque sabemos que el Ministerio de Salud está trabajando en ello. Esperamos que en 2025 el Gobierno cumpla con este compromiso, porque se trata de la expresión más concreta de una política pública. Esta política no se limita al aborto: también aborda la prevención de embarazos no deseados, la atención a ITS/ETS y la prevención y tratamiento del cáncer de cuello uterino y de próstata.

Segundo, insistimos en que el Gobierno debe cerrar todos los procesos judiciales abiertos contra mujeres criminalizadas por aborto. En una investigación que realizamos en 2021, con datos de 1998 a 2018, encontramos que entre 2008 y 2019 —después de la primera despenalización en 2006— se abrieron en promedio 400 casos al año contra mujeres por este delito.

Tercero, es clave que el Estado asuma un compromiso sostenido con campañas de información sobre el derecho al aborto. Una de las principales barreras sigue siendo el desconocimiento del marco legal vigente: que el procedimiento es gratuito, que puede accederse libremente hasta la semana 24, que las menores de edad no necesitan autorización de sus padres y que las mujeres indígenas no requieren aval de sus comunidades.

Nuestro trabajo es una contribución en ese camino, pero la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio y el pleno ejercicio de este derecho recae en el Estado.

C.: ¿Qué aprendizajes puede ofrecer Colombia a otros países de Latinoamérica en este proceso, tanto desde la experiencia de las organizaciones como desde la acción del Estado?

L.C.: Hay que entender que la penalización del aborto es una disminución en el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. No tenemos democracias plenas hasta que no eliminemos el delito de aborto. Entender eso es una contribución muy importante a los países que hoy en día, más que nunca, deben estar comprometidos con los sistemas democráticos y sus instituciones, pero también con avanzar en la igualdad de género.

Creo que los tiempos en los que vivimos hoy son muy agitados, hay todo un choque de los valores que nos han sostenido como sociedades. Quienes estamos convencidos dell camino de la libertad, necesariamente tenemos que tener también apuestas centradas en la despenalización total del aborto.

FUENTE: https://consonante.org/