Este balance invita a una reflexión aguda y autocrítica sobre la urgencia de dotar la política de género de estabilidad, recursos y legitimidad social, si Colombia aspira a dejar de repetir los errores del pasado y avanzar hacia una igualdad sustantiva y tangible.

El nombramiento reciente de la ministra de la Igualdad ha dejado en evidencia la fragilidad de la institucionalidad de género en Colombia. ¿Cómo pensar en políticas de igualdad reales cuando la cartera se ha convertido en un experimento de corto plazo y su desaparición ya está anunciada para 2026? La Agenda de la Mujer, que debería ser el motor de transformación, permanece varada en el limbo burocrático y político, mientras la promesa de un Estado comprometido se diluye entre recortes presupuestales y estructuras institucionales endebles. Es momento de preguntarnos si este modelo improvisado representa una verdadera voluntad de cambio o simplemente una fachada, como parece mostrar la historia.  

Un balance de la historia fragmentada de la “instancia de mujer” en Colombia

Desde 1990, el Estado colombiano ha ensayado múltiples fórmulas para dar cabida a una institucionalidad que trabaje por la equidad de género. El recorrido es revelador no solo por su intermitencia y cambios de jerarquía, sino también por la falta de continuidad en sus apuestas.

1) 1990-1994: César Gaviria: Arquitectura inicial y enfoque “transversal” incipiente

Durante el período de 1990 a 1994, la institucionalización del enfoque de género en Colombia tuvo un primer impulso significativo con la creación de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, dirigida inicialmente por la primera dama, Ana Milena Muñoz, y posteriormente por Rosa Bernal Caicedo. Aunque sus recursos eran limitados, esta consejería permitió que los temas de género ingresaran de manera incipiente a la agenda pública y sentó las bases para futuras políticas, especialmente en el contexto de compromisos internacionales como la CEDAW y la próxima ratificación de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la falta de un plan integral y mecanismos sólidos de seguimiento limitó su consolidación.

2) 1994-1998: Ernesto Samper: Lucha contra la violencia y compromisos interamericanos

Durante la administración de Ernesto Samper, los temas de juventud y familia regresaron al ICBF, mientras que las funciones relacionadas con la mujer pasaron a la recién creada Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer (Dinem), dependiendo directamente de la Presidencia y bajo la dirección de Olga Amparo Sánchez. La Dinem se presentaba como una institución con autonomía administrativa y con la asignación estable de presupuesto, pero su capacidad operativa fue impactada negativamente por los problemas de legitimidad de ese gobierno. En este período, se destacan avances como la ratificación de la Convención de Belém do Pará (Ley 248 de 1995), que obliga al Estado a actuar frente a las violencias de género, y la Ley 294 de 1996, que establece medidas contra la violencia intrafamiliar. Sin embargo, la falta de una política integral y métricas nacionales mantuvo débil la coordinación y el impacto de las acciones.

3) 1998-2002: Andrés Pastrana: De “Dirección” a Consejería para la Equidad de la Mujer y acción afirmativa

La llegada del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) trajo consigo nuevos ajustes. En 2001, mediante el Decreto 137/01, se eliminó la Dinem y se estableció la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), a la que se otorgó mayor autonomía y funciones claras para transversalizar el enfoque de género en las políticas y planes estatales. La primera consejera fue Elsa Gladys Cifuentes. Durante este período se realizó la Audiencia de Mujeres en el Caguán dentro del proceso de paz que luego fracasó. En esa audiencia participaron más de 750 mujeres de todo el país, y la Fundación Mujeres por Colombia tuvo un papel sustantivo en la financiación y la ejecución de esa audiencia.

En este período cabe destacar la promulgación de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), que estableció que al menos el 30% de los cargos decisorios en la administración pública debían ser ocupados por mujeres, lo que marcó un avance normativo relevante. Sin embargo, su cumplimiento ha enfrentado obstáculos y persisten brechas en su implementación, lo que muestra la necesidad de fortalecer mecanismos de seguimiento y garantizar la transversalización real de la equidad de género en el Estado.

4) 2002-2010: Álvaro Uribe (I y II): Mujer rural, igualdad de oportunidades y un giro decisivo contra las violencias de género

Durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe, se creó la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se implementaron programas de emprendimiento como Expoempresaria y políticas orientadas a la mujer cabeza de familia, así como a la mujer rural, que tenían por objeto facilitar el acceso a activos productivos, créditos y programas diferenciados. Se establecieron marcos generales para la igualdad de oportunidades y el enfoque de género en todas las instancias estatales, junto con instrumentos para su financiación, seguimiento y evaluación, siendo la Ley 823 de 2003 un referente fundamental. El período también se destacó por la creación del Observatorio de Asuntos de Género, orientado a generar y difundir información estratégica y por el avance integral en la prevención, sanción y atención de las violencias y discriminaciones contra las mujeres, materializado en la Ley 1257 de 2008. Si bien el período representó un salto normativo importante, la implementación fue desigual y persistieron desafíos en materia de financiación, rutas integrales y consolidación estadística, especialmente en lo relativo a la mujer rural y la unificación de datos sobre violencias de género en el país.

5) 2010-2018: Juan Manuel Santos (I y II): Política nacional de equidad y enfoque de género para la paz

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la institucionalidad de género vivió avances significativos, aunque enfrentó retos en su consolidación. En el primer año, la instancia responsable estuvo prácticamente sin dirección y, aunque se impulsaron iniciativas como el Conpes para la prevención del embarazo adolescente y la formulación de la Política Pública de Equidad de Género en 2012, bajo el liderazgo de Cristina Plazas, la falta de continuidad afectó los resultados. Posteriormente, la adopción del Conpes Social 161 de 2013 estableció lineamientos y un plan integral (2013-2016) con seis ejes fundamentales: autonomía económica, participación, educación, salud y derechos sexuales y reproductivos, vida libre de violencias y la promoción de la paz y el cambio cultural, así como mecanismos de seguimiento y una Comisión Intersectorial para coordinar su implementación. En materia normativa, la Ley 1719 de 2014 garantizó el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, especialmente en el contexto del conflicto armado, y la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, tipificó el feminicidio. Por primera vez se articuló una política nacional integral con metas e instrumentos de evaluación, revisados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Sin embargo, los avances se vieron limitados por brechas territoriales en capacidad técnica y presupuestal, así como por el subregistro, la revictimización y la débil coordinación de los servicios para mujeres víctimas de violencias, lo que mostró la necesidad de fortalecer la respuesta institucional en todo el país.

6) 2018-2022: Iván Duque: Datos, coordinación y actualización de la política nacional

Durante el período en que la Consejería para la Equidad de la Mujer pasó a depender de la Vicepresidencia, bajo el liderazgo de Marta Lucía Ramírez y con Ana María Tribín y Gheidy Gallo a la cabeza, la visibilidad institucional aumentó, aunque la agenda de género quedó en parte supeditada a las prioridades de la Vicepresidencia. Se reglamentó el Mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias contra las mujeres, lo que permitió fortalecer la coordinación interinstitucional, y, desde la Vicepresidencia, se impulsó el Observatorio Colombiano de las Mujeres (OCM). Se avanzó en la corresponsabilidad de los cuidados con la ampliación de la licencia de maternidad y la creación de la licencia parental compartida. La política nacional se actualizó con el Conpes 4080 de 2022, que estableció objetivos y líneas de acción para la equidad de género. Sin embargo, persisten retos en el financiamiento con enfoque de género y en la consolidación de rutas integrales de atención a las violencias de género.

7) 2022-2026: Gustavo Petro (balance a agosto de 2025): Ministerio de Igualdad, Sistema de Cuidado y SALVIA

En este período, la instancia encargada de la equidad de género permaneció en la Vicepresidencia, bajo la dirección de Clemencia Carabalí y posteriormente de Eliana Valencia, y se creó el Viceministerio de las Mujeres dentro del Ministerio de Igualdad. No obstante, el anuncio de la eliminación de esta cartera en 2026 genera nuevas incertidumbres. Adicionalmente, entre 2024 y 2025 se tramitó y se aprobó la Política Nacional de Cuidado (Conpes 4143 de 2025), que implementa el Sistema Nacional de Cuidado a través de instancias intersectoriales y metas orientadas a la redistribución del trabajo de cuidados y la integración de servicios en los territorios. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) creó el sistema Salvia para el registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia basada en género, apoyado por actos ministeriales que han regulado su operación y la divulgación periódica de reportes. Tanto el Sistema de Cuidado como Salvia configuran promesas de transformación estructural; el reto principal reside en acelerar la cobertura territorial, la interoperabilidad de los datos y la provisión de servicios efectivos como alojamiento, protección, empleo y cuidados, siempre bajo un enfoque diferencial para las poblaciones prioritarias.

¿Dónde estamos y qué falta?

A más de tres décadas de esfuerzos, a pesar de que Colombia exhibe formalmente un andamiaje normativo sólido y una política nacional de género con metas claramente definidas para el período 2013-2030, la magnitud de los avances dista mucho de las expectativas: las realizaciones concretas suelen limitarse a iniciativas aisladas, como programas de emprendimiento, campañas de prevención de la violencia o estrategias focalizadas en la reducción del embarazo adolescente. Lo que falta, invariablemente, es un verdadero compromiso presupuestal y una continuidad política que trascienda coyunturas y gobiernos, elementos indispensables para concebir una auténtica política de Estado.

Varias deficiencias estructurales persisten y explican, en buena medida, el estancamiento de la agenda de género:

• Presupuesto crónicamente insuficiente: Los recursos asignados jamás han sido proporcionales a la dimensión del reto nacional.
• Inestabilidad institucional: Los sucesivos cambios de gobierno suelen traducirse en reubicaciones administrativas y redefiniciones de competencias, lo que erosiona la memoria institucional y dificulta la consolidación de acciones de largo plazo.
• Fragmentación y débil articulación interinstitucional: La coordinación efectiva entre ministerios, entidades territoriales y organismos responsables de género sigue siendo una tarea pendiente.
• Legitimidad social limitada: Por momentos, la agenda de la mujer ha quedado circunscrita a élites urbanas o ha funcionado aislada de los movimientos sociales más amplios. Rara vez ha existido un canal de interlocución sostenido con la mayoría de las mujeres colombianas.

El principal desafío no es solo normativo ni programático, sino institucional: la volatilidad de las estructuras encargadas de la equidad de género y la tendencia a reinventar organismos y programas con cada administración han impedido la creación de una política pública con continuidad, evaluabilidad y credibilidad. Esta inestabilidad ha perpetuado problemas tan críticos como la violencia feminicida, la falta de acceso al crédito, la sobrecarga de cuidados y la baja representación política, sin que medie una estrategia integral y sostenida capaz de revertir estas tendencias.

Además, aunque el país exhibe avances legislativos en materia de derechos para las mujeres, la distancia entre la promulgación de leyes y su implementación efectiva es notoria y persistente. La ausencia de reglamentación clara y la débil acción de las entidades responsables —desde las oficinas de la mujer hasta los diferentes ministerios— diluyen el impacto potencial de las políticas y restringen el acceso real de las mujeres a los derechos consagrados en el papel.

Este balance invita, más allá de una mera enumeración de logros y rezagos, a una reflexión aguda y autocrítica sobre la urgencia de dotar la política de género de estabilidad, recursos y legitimidad social, si Colombia aspira a dejar de repetir los errores del pasado y avanzar, por fin, hacia una igualdad sustantiva y tangible.

Lo cierto es que la coyuntura de la nueva ministra deja al descubierto una verdad incómoda: en Colombia, después de tres décadas, todavía no existe un rumbo claro para la política de género. Las mujeres siguen siendo más de la mitad de la población, pero su agenda permanece atrapada entre improvisaciones, cambios institucionales y una falta de visión de largo plazo.

FUENTE: https://razonpublica.com/