• Las lideresas sufren no solo violencia física, sino también psicológica, económica, digital e institucional y experimentan pérdidas irreparables que afectan sus vidas y comunidades.
• La investigación “Mujeres en Resistencia”, hace un llamado al Estado y la población colombiana en general a reconocer la crisis ambiental como un esfuerzo colectivo, y entrega múltiples recomendaciones para avanzar en la garantía de los derechos de quienes cuidan la tierra.

La Red Nacional de Mujeres con el apoyo de la de la Embajada de Noruega y ONU Mujeres, en el marco de la iniciativa ProDefensoras, presenta los resultados de la investigación: “Mujeres en resistencia: desafíos de las defensoras ambientales en Colombia, el caso de Antioquia, Cauca y Nariño”, una investigación que documenta los riesgos y violencias que enfrentan las defensoras del ambiente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño. El estudio se realizó durante el 2024 y contó con la participación de 84 defensoras, provenientes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.

La investigación tuvo como objetivo central identificar los riesgos y las violencias que experimentan las defensoras por el hecho de ser mujeres y por defender el derecho colectivo de la protección ambiental de Antioquia, Cauca y Nariño, territorios que se reconocen como regiones de vital importancia para la economía colombiana debido a su riqueza en recursos naturales, sus diversas actividades agrícolas y mineras, y su ubicación estratégica.

El informe que contó con diversas formas de recolección de la información, presenta hallazgos que reflejan las experiencias, percepciones y recomendaciones de las lideresas, y evidencia que enfrentan riesgos permanentes con baja respuesta del Estado y bajo apoyo de sus comunidades. Así mismo, comprueba que las defensoras sufren violencias múltiples, tanto visibles como invisibles, y experimentan pérdidas irreparables que afectan sus vidas y comunidades.

“El estudio demuestra, además, que es imprescindible garantizar que las mujeres accedan a la titularidad de la tierra. Esto es un paso fundamental para avanzar hacia la igualdad de género y para empezar a reconocer su rol como productoras y cuidadoras del territorio. «, afirmó Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.

Las defensoras sufren no solo violencia física, sino también psicológica, económica, digital e institucional. Además de las amenazas externas, la investigación señala que muchas de estas violencias provienen del entorno más cercano. Las defensoras reportaron la deslegitimación de sus labores, al ser éstas percibidas sólo como resistencia y no como ejercicio legítimo de ciudadanía a causa de los roles de género. “Muchas veces las agresiones no vienen solo de actores armados o empresas. También enfrentamos obstáculos dentro de nuestras comunidades, en nuestras familias e incluso en los espacios organizativos”, indicó integrante de una de las organizaciones territoriales que participó en la investigación.

Para María Inés Salamanca Vidak, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia: «Este informe confirma que las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales no son incidentes aislados, sino parte de un patrón estructural que vincula control territorial, conflicto armado, despojo ambiental y prácticas patriarcales que buscan acallar sus voces. Es fundamental escuchar y respaldar las propuestas territoriales, colectivas de las mujeres defensoras, para construir políticas de protección realmente eficaces».

En todos los departamentos analizados en el informe, se revelan altos niveles de violencia y amenazas constantes: en las tres regiones, las defensoras ambientales enfrentan amenazas, hostigamiento, asesinatos e intentos de feminicidio con una alta frecuencia y probabilidad de ocurrencia. Según los testimonios recogidos en la investigación los principales actores responsables son grupos armados, empresas mineras ( Bajo Cauca); autoridades indígenas (en Cauca hostigan y discriminan a las defensoras) y las instituciones estatales. El impacto en el bienestar emocional y comunitario es grande: la mayoría de los riesgos generan daños emocionales y psicológicos, afectando el tejido comunitario, familiar y económico. La estigmatización, la criminalización y la persecución son estrategias comunes para deslegitimar y debilitar la lucha de las defensoras. Se utilizan estrategias de intimidación como el desplazamiento forzado, la desaparición y el confinamiento.

Para Nils Martin Gunneng, embajador de Noruega en Colombia: “La violencia contra las mujeres que defienden sus territorios, recursos naturales y comunidades, debe cesar. Para lograrlo, urge acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016; el Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad y el Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de DDHH. La inversión pública debe dirigirse a estrategias y acciones transformadoras que permitan reducir y eliminar los riesgos que enfrentan. Desde Noruega seguiremos apoyando la labor de las mujeres defensoras ambientales y de derechos humanos como clave para una paz consolidada y sostenible», afirmó.

La investigación también señala que el deterioro ambiental ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres en estos territorios, ya que la pérdida de recursos naturales ha incrementado su carga de trabajo, limitando su autonomía económica y aumentando la exposición a la violencia de género. La degradación del territorio está ligada a desigualdades de poder, violencia de género y exclusión económica.

En términos de persistencia del riesgo, los datos son consistentes: en Bajo Cauca antioqueño, el 92% de los riesgos identificados en años previos siguen presentes; 61,5% tienen alta probabilidad de ocurrencia, lo que evidencia un contexto de amenazas constantes sin mejoras significativas en las condiciones de seguridad. En Nariño, los riesgos se mantienen en el 93% de los casos, y en Cauca en el 92%, ambos con patrones similares de alta probabilidad, esto refleja que la exposición de las lideresas a violencias y amenazas no es coyuntural sino estructural, y que las medidas de protección vigentes no están logrando reducir de manera efectiva estas amenazas.

FUENTE: https://colombia.unwomen.org/