El estudio documenta que las mujeres que protegen la tierra sufren violencias múltiples mientras la institucionalidad no logra garantizarles seguridad

Un nuevo informe de la Red Nacional de Mujeres, con apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Noruega, revela la magnitud de los riesgos, violencias y pérdidas que enfrentan las defensoras ambientales en Antioquia, Cauca y Nariño. El documento, titulado ‘Mujeres en resistencia: desafíos de las defensoras ambientales en Colombia’, recoge testimonios de 84 lideresas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y expone una realidad crítica pero ya conocida: la defensa del territorio se ha convertido en una labor de altísimo riesgo en el país.

“Si asesinan a las mujeres no hay quien riegue las plantas”, resume una lideresa de Nariño citada en el estudio. La frase condensa la sensación de vulnerabilidad y la urgencia de protección que atraviesa a estas mujeres que, desde la ruralidad, han asumido la tarea de defender ríos, bosques y suelos frente al avance de economías extractivas y actores armados.

Riesgos permanentes y respuesta insuficiente

El informe señala que las lideresas enfrentan violencias múltiples —físicas, psicológicas, económicas, digitales e institucionales— con una respuesta estatal limitada. “Las defensoras ambientales enfrentan una crisis estructural de violencias, riesgos y pérdidas derivada de la transformación territorial y el modelo extractivista impuesto en sus comunidades”, se lee en las conclusiones de la investigación.

Los datos muestran un panorama alarmante: en el Bajo Cauca antioqueño, el 92 % de los riesgos identificados en años previos siguen vigentes, y en Nariño y Cauca la cifra es del 93 % y 92 % respectivamente. En todos los territorios, la probabilidad de que esos riesgos se concreten es alta, mientras que la atención de la Unidad Nacional de Protección es calificada como baja o media.

El contexto nacional muestra que esta crisis no es un fenómeno aislado. De acuerdo con el más reciente informe de la oenegé británica Global Witness, Colombia fue en 2023 el país más mortal del mundo para los defensores ambientales. El reporte documentó un total de 79 asesinatos durante ese año, la cifra más alta registrada por la organización para un país en un solo periodo.

En la lista le siguen, bastante lejos, Brasil con 25 muertes, Honduras con 18, México con 18 y Filipinas con 17. Entre las víctimas en Colombia, 31 eran indígenas y seis afrodescendientes, lo que confirma que estos pueblos son los más expuestos a la violencia por la defensa de la naturaleza. En todo el mundo, Global Witness encontró que las comunidades indígenas y afrodescendientes representaron el 49 por ciento de las víctimas mortales de ataques, lo que demuestra que un enfoque étnico resulta esencial en las políticas de protección.

La organización también advirtió que la inmensa mayoría de los ataques en Colombia se produjeron en el suroccidente del país, donde hoy persiste un conflicto entre disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio. La disputa se concentra en actividades ilícitas vinculadas con la explotación de la naturaleza: cultivos ilícitos, minería ilegal y despojo de tierras para economías extractivas. Ese escenario coincide con los departamentos priorizados por el estudio de la Red Nacional de Mujeres, que señalan a Cauca y Nariño como epicentros de riesgo.

Violencias visibles e invisibles

La investigación alrededor de la labor de las mujeres documenta un abanico de riesgos que va desde amenazas, hostigamientos y estigmatización hasta asesinatos, intentos de feminicidio, desapariciones forzadas y desplazamiento. En el Cauca, por ejemplo, las defensoras han denunciado “racismo y discriminación por parte de autoridades indígenas y grupos armados”, lo que agrava su vulnerabilidad.

Una lideresa del Bajo Cauca relató: “Desde que era niña, me gusta el tema ambiental. Lo llevo en la sangre, es como una herencia ancestral”. Esa identidad, sin embargo, se convierte en un factor de riesgo. Otra mujer en Nariño denunció: “Se observó un desvío de los cauces de las quebradas por parte de grupos armados para el cultivo ilícito”.

Las violencias también son normalizadas en sus comunidades. Según el estudio, “la violencia contra las mujeres defensoras no solo es física, sino también psicológica, económica e institucional. Muchas agresiones son normalizadas, perpetuando un sistema de dominación y control”.

El daño no se limita a lo físico. El documento advierte que el impacto emocional y psicológico es enorme: “La renuncia a la defensa ambiental y territorial es una de las principales pérdidas, debido al miedo, las amenazas y el desgaste emocional”.

Las defensoras reportaron insultos, humillaciones y manipulación como parte de un patrón de violencia invisible que deteriora sus relaciones familiares y comunitarias. “El cambio climático afecta más a mujeres y niñas que deben trabajar más para obtener recursos”, explicó una lideresa del Cauca.

La degradación del territorio, por su parte, incrementa la carga de trabajo doméstico y limita las oportunidades económicas. “La pérdida de recursos naturales incrementa su carga de trabajo, limita sus oportunidades económicas y aumenta su exposición a la violencia de género”, advierte el informe.

Críticas al Estado y exigencias internacionales

El estudio es enfático en señalar que la institucionalidad no responde a la magnitud del problema. “La Unidad Nacional de Protección muestra baja o media probabilidad de atención en la mayoría de los casos, dejando a las defensoras en una situación de alto riesgo”, destaca el documento.

María Inés Salamanca, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, aseguró que “las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales no son incidentes aislados, sino parte de un patrón estructural que vincula control territorial, conflicto armado, despojo ambiental y prácticas patriarcales que buscan acallar sus voces”.

Por su parte, Nils Martin Gunneng, embajador de Noruega en Colombia, subrayó: “La violencia contra las mujeres que defienden sus territorios, recursos naturales y comunidades, debe cesar. Para lograrlo, urge acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016… Desde Noruega seguiremos apoyando la labor de las mujeres defensoras ambientales y de derechos humanos como clave para una paz consolidada y sostenible”.
Demandas de cambio estructural

El informe no solo denuncia, también plantea recomendaciones. Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, afirmó que “es imprescindible garantizar que las mujeres accedan a la titularidad de la tierra. Esto es un paso fundamental para avanzar hacia la igualdad de género y para empezar a reconocer su rol como productoras y cuidadoras del territorio”.

Entre las propuestas recogidas están el fortalecimiento de estrategias de autocuidado y redes comunitarias, la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones ambientales, la prevención de la violencia digital, la atención integral a la salud psicológica y emocional, y la territorialización del Plan de Acción de Género y Cambio Climático.

La investigación insiste en que la protección no puede recaer solo en las mujeres: “La preservación de los bienes comunes no puede recaer únicamente en las mujeres. Es necesario un compromiso colectivo en el que todos los actores del territorio asuman un papel activo en la defensa y la sostenibilidad ambiental”.

Una lucha que no da tregua

A pesar de las amenazas, las mujeres continúan liderando procesos de reforestación, vigilancia comunitaria y pedagogía ambiental. “En 2016 trabajamos en reforestación, pero los grupos armados lo destruyeron”, señaló una defensora del Cauca.

El documento concluye que la defensa ambiental en Colombia no es solo una causa ecológica, sino también social, política y feminista. “Más que mero escenario o contenedor, el territorio es considerado una construcción ecosocial constante, producto de distintas transformaciones socioeconómicas y relaciones asimétricas de poder”, resalta el documento.

EDWIN CAICEDO

FUENTE: EL TIEMPO