La oleada de indignación social que provocó el asesinato de Luz Mery Tristán empujó al Congreso a endurecer las penas de los feminicidios, pero subir las condenas no frenó una epidemia que parece no tener fin

Su asesinato conmocionó al país. Gloria del deporte colombiano, su primera campeona mundial de patinaje, Luz Mery Tristán murió a manos de su pareja. Tenía 60 años de edad y Andrés Gustavo Ricci, un próspero empresario con el que mantuvo una larga y tormentosa relación, la cosió a balazos una noche de agosto de 2023.

Ese mismo año asesinaron a 621 mujeres y, 12 meses después, la cifra se disparó hasta los 886, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia. En marzo pasado, condenaron al homicida de Tristán a 45 años de cárcel gracias a la ley que bautizaron ‘Rosa Elvira Cely’ en memoria de quien fuera víctima de crimen brutal en un parque de Bogotá. La oleada de indignación social que levantó su muerte, empujó al Congreso a endurecer las penas de los feminicidios.

Pero subir las condenas no frenó una epidemia que parece no tener fin. María José Estupiñán, universitaria de 22 años y reconocida ‘influencer’ en su Cúcuta natal, es la última víctima cuya muerte ha trascendido en este 2025. Porque la mayoría de las 123 mujeres asesinadas entre enero y abril, así como las 79 que sobrevivieron al intento de segarles la vida, han pasado desapercibidas. Cabe anotar que en 2024 fueron 671 las que sufrieron tentativa de homicidio.

A María José la mató, el 15 de mayo, un sicario que se hizo pasar por repartidor. Llamó a la puerta de su chalet, en la urbanización El Bosque de la capital del departamento Norte de Santander, con la excusa de que le enviaban un regalo, y cuando salió a atenderle le disparó a la cara. Estudiaba Comunicación Social, era modelo y había montado una pequeña empresa de venta de ropa por internet que promocionaba en sus redes sociales.

La principal hipótesis apunta hacia su ex novio puesto que solo un día antes de su muerte había perdido el juicio por maltrato y debía indemnizarla con 30 millones de pesos (6.700 euros).

Las autoridades cucuteñas corrieron a manifestar su repudio y asegurar que detendrían a los culpables. Dada la relevancia que tuvo el crimen, tal vez detengan a los asesinos. Pero diversas organizaciones sociales, como Sisma Mujer o Corporación Colectiva Justicia Mujer, se quejan de los elevados índices de impunidad judicial y el creciente número de casos.

La Defensoría del Pueblo también emite con relativa frecuencia comunicados para que el Estado refuerce las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia de las mujeres que reciben malos tratos de sus parejas, tanto actuales como antiguas u ocasionales, sin resultados aparentes, como demuestran las elevadas cifras de víctimas.

Solo en el primer trimestre del presente ejercicio y según dicha entidad, ya van 5.307 denuncias por maltrato intrafamiliar en todo el país, un número que no refleja el cuadro total por la cantidad de féminas que prefieren no denunciar.

«El sistema judicial es lento, ineficaz y muchas veces revictimiza. Además, hay una responsabilidad política profunda: el Gobierno nacional ha contribuido a normalizar esta violencia con los nombramientos de agresores en cargos públicos, sin ningún pudor. Eso envía un mensaje devastador: que maltratar mujeres no tiene consecuencias, ni siquiera para quienes ejercen el poder», le dice Cristina Plazas, ex directora del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) a EL MUNDO. «Muchos agresores saben que pueden matar sin consecuencias. Faltan recursos, voluntad política y enfoque integral. Sin eso, los feminicidios seguirán subiendo«.

Tampoco descienden los abusos sexuales. La Defensoría, entre enero y abril, cuantifica en 3.804 las mujeres afectadas; de ellas, 2.011 son niñas o adolescentes. Lo dramático para estas últimas es que sus agresores suelen pertenecer a su círculo familiar, por lo que ni siquiera se sienten seguras en sus hogares.

En mayo del año pasado, Celeste Morales, de tan solo 3 años de edad, llegó sin signos vitales al Hospital Kennedy del sur de Bogotá. Las pruebas forenses del Instituto Colombiano de Medicina Legal determinaron que fue violada y golpeada al menos 40 veces en abdomen, piernas, brazos y cara, y que sufría desnutrición.

Aunque pudiera parecer que se trata de un crimen excepcional, dado el grado de salvajismo que padeció la pequeña durante semanas, son varios los asesinatos igual de espantosos que ha conocido este diario a lo largo de los años.

El violador y asesino de Celeste, Bryan David Ramírez, su padrastro, de 22 años, fue apresado y acusado de feminicidio agravado a los pocos días, porque su crimen saltó a las primeras planas. La madre, que tiene otras dos hijas, de 9 y 5 años, sabía de las palizas a su pequeña y ella misma también las recibía. El ICBF se hizo cargo de las dos niñas mientras decidían a quien otorgarle la custodia.

También para Mar Candela, directora de Feminismo Artesanal, «el aumento de los feminicidios en Colombia es un reflejo alarmante de la normalización de la violencia de género». A su juicio, analiza para este diario, «afecta a todas las clases sociales, pero se agrava en contextos vulnerables, con el narcotráfico y las tradiciones machistas. Sin abordar la raíz del problema, como la psicoeducación y el impacto del poder de los grupos armados, y sin un cambio estructural en la forma en que se trata a las mujeres, la violencia seguirá incrementándose».

FUENTE: EL MUNDO